Manifestantes denuncian redadas racistas en Puerto Rico y entrega de datos migratorios por parte del gobierno

SAN JUAN, Puerto Rico.- Bajo la consigna “Puerto Rico es tierra de migrantes”, cientos de personas se congregaron este sábado frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, para protestar contra las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump y denunciar la participación del Gobierno puertorriqueño en operativos de detención y deportación.

La movilización, convocada por el Frente contra las Políticas Migratorias del Presidente Trump, formó parte de las protestas nacionales del movimiento No Kings Day. Con banderas puertorriqueñas, dominicanas y palestinas, los manifestantes marcharon por la calle Fortaleza y sus alrededores, en lo que describieron como una expresión de rechazo a la violencia institucional contra personas migrantes, especialmente de origen dominicano y haitiano.

Durante la manifestación se corearon consignas como “Lucha sí, entrega no”, “No a la deportación, sí a la integración”, y “Las dominicanas son nuestras hermanas y los dominicanos son nuestros hermanos”, en referencia a la comunidad migrante más numerosa en la isla.

Uno de los discursos más aplaudidos fue el de Nilmaris Díaz, hija de migrantes dominicanos y miembro de la Colectiva Feminista en Construcción. Díaz denunció que las redadas tienen un componente racial claro. “Acechan a migrantes haitianos, dominicanos, a personas nacidas aquí visiblemente negras, lo que demuestra que esto es una política que pretende moldear un presente en el que las personas negras estén sujetas a cualquier tipo de violencia”, afirmó.

Díaz también recordó el aporte de las personas migrantes a la vida económica y social del país: “Mis papás y mi familia trabajan, construyen, alimentan y sudan este país. Somos parte de la comunidad”.

Dirigen críticas a la gobernadora Jenniffer González por su respaldo a ICE

La protesta también apuntó directamente al gobierno de la gobernadora Jenniffer González, a quien se acusa de colaborar activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según denunciaron organizaciones locales, el Ejecutivo ha compartido información personal de más de 6,000 personas inmigrantes a través de las bases de datos de licencias de conducir.

Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, advirtió que estas acciones han generado una crisis humanitaria en la isla. “El terror generado por los operativos del ICE ha llevado a muchas personas inmigrantes a no asistir a sus lugares de trabajo e incluso a evitar acudir a hospitales”, afirmó.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2025 el ICE ha realizado al menos 568 detenciones en Puerto Rico, un promedio cercano a 100 arrestos mensuales, lo que refleja un incremento alarmante en comparación con años anteriores.

Ante las críticas, la gobernadora González justificó su actuar el pasado 6 de junio, afirmando que su administración “está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni más, ni menos”.

Sin embargo, las organizaciones convocantes exigieron el cese inmediato de cualquier colaboración del gobierno local con agencias federales de inmigración y demandaron la protección activa de los derechos humanos de todas las personas migrantes en Puerto Rico.

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