SAN JUAN, Puerto Rico.- Aracelys Terrero Mota, una comerciante dominicana y sobreviviente de violencia de género, fue liberada bajo fianza luego de permanecer detenida tras intentar registrar su pequeño negocio en Cabo Rojo, confirmó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Tiene visa, permiso y pasaporte al día, pero ICE la arrestó: cómo recuperó su libertad la dominicana Aracelys Terrero
Aracelys Terrero fue detenida tras acudir al municipio a registrar su negocio, pese a tener documentos migratorios vigentes. Aunque fue liberada bajo fianza, su proceso migratorio continúa.
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UnivisionEl 12 de junio de 2025, la entrega de datos de licencias a ICE desató una crisis migratoria en Puerto Rico. Inmigrantes denuncian miedo, redadas y “traición” tras perder una de sus únicas formas de protección.
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Aunque podrá regresar a Puerto Rico, su caso migratorio sigue abierto y continúa generando cuestionamientos sobre los procedimientos de detención de inmigrantes en la isla.
La detención ocurrió el pasado 5 de junio, cuando Terrero Mota acudió a una oficina municipal para iniciar el proceso de formalización de su negocio. Portaba su pasaporte, visa y permisos migratorios al día, así como un permiso de trabajo aprobado bajo la Ley VAWA, que protege a sobrevivientes de violencia doméstica. Sin embargo, un policía municipal, cuya actuación fue defendida por el alcalde Jorge Wiscovitch, alertó a oficiales federales de inmigración sobre su presencia.
Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP) detuvieron a Terrero al salir del edificio, a pesar de que sus documentos estaban en regla. Posteriormente fue trasladada a centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México. Durante ese tiempo, desapareció del sistema electrónico de registro, según denunció Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico.
“ La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido. Fue una acción ilegal y arbitraria que violentó los principios más elementales de humanidad y el debido proceso”, declaró Martínez Orabona. “Celebramos que pueda reunirse con su familia en Puerto Rico, pero este no es el fin del proceso”, advirtió.
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El 24 de junio se celebró la vista de fianza, tras la cual se permitió el regreso de la comerciante a la isla. No obstante, la ACLU y su abogado, Ángel Robles, insisten en que el caso de Terrero no es aislado. “ Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico responde a políticas de exclusión. No puede ser que un pueblo como el nuestro adopte esas medidas”, afirmó Robles.
La ACLU denunció que el oficial municipal no contaba con una orden judicial ni con autoridad legal para remitir el caso a inmigración. En Puerto Rico, la Policía Municipal no tiene competencia para aplicar leyes migratorias, salvo que exista un acuerdo 287(g), el cual no está vigente.
Desde el 1 de enero hasta el 25 de junio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) ha arrestado a 716 personas en Puerto Rico, la mayoría dominicanos (528). El 87% de esos arrestos fueron administrativos, no criminales.
En medio de las crecientes preocupaciones, la ACLU envió el 9 de junio una carta a la gobernadora Jenniffer González solicitando transparencia sobre la información compartida con ICE y protocolos claros para proteger a inmigrantes, especialmente aquellos que son víctimas de violencia. La organización exige la suspensión de cualquier política que permita detenciones sin orden judicial y sin respetar el debido proceso legal.