MIAMI, Florida - Una jueza federal otorgó una orden de restricción temporal que bloquea la Ley SB 4-C de Florida, la cual es considerada una de las leyes de inmigración más duras de los Estados Unidos.
Bloqueo temporal a la ley que convierte en crimen que un inmigrante indocumentado entre a Florida
Una jueza de Distrito de EEUU bloquea temporalmente la Ley SB 4-C de Florida, que convierte en un crimen que un inmigrante indocumentado entre al estado y obliga a que, si es encontrado culpable, tenga una sentencia obligatoria de 9 meses de cárcel.
La SB 4-C crea un nuevo crimen a nivel estatal para inmigrantes que estén en el país de forma ilegal y lleguen a Florida. Para que sea acusado de este nuevo crimen, la persona debe ser mayor de 18 años y las autoridades deberán probar que la persona entró o intentó entrar a Florida “después de entrar a los Estados Unidos eludiendo o evitando un examen o inspección por parte de funcionarios de inmigración”.
Si se le encuentra culpable, deberá cumplir una pena obligatoria de 9 meses en la cárcel.
La jueza de Distrito Kathleen Williams, suspendió la aplicación de la ley por 14 días, y una nueva audiencia quedó programada para el 18 de abril.
De acuerdo con el fallo judicial, la ley probablemente viola la Cláusula de la Supremacía y la Claúsula de Comercio de la Constitución de EEUU, porque asume un poder que es exclusivo del gobierno federal para controlar la inmigración y el comercio entre estados.
La demanda fue interpuesta por dos miembros de la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
Según The Miami Herald, dos de los demandantes son inmigrantes que viven en Florida y que afirman que entraron al país sin autorización.
Una persona ya fue deportada anteriormente y tiene cuatro hijos nacidos en EEUU. La otra viaja dos veces al año afuera del estado con su hijo, quien tiene una discapacidad.
La administración del gobernador Ron DeSantis y las agencias de seguridad estatales y locales ya han realizado arrestos bajo esta ley, que fue promulgada en febrero.













