PHOENXI, AZ. - Este 23 de junio inició su marcha la caravana “Todos somos Florida” en la ciudad de San Diego, California, en rechazo a la ley antiinmigrante SB 1718 firmada por el gobernador Ron DeSantis.
Inicia su marcha la caravana “Todos somos Florida” desde San Diego, California
Esta movilización recorrerá diez ciudades en seis estados, entre ellas Phoenix y Tucson, para alzar la voz en contra de la que se considera una de las leyes migratorias más restrictivas del país
Esta movilización recorrerá diez ciudades en seis estados, para alzar la voz en contra de la que se considera una de las leyes migratorias más restrictivas del país, que ya ha provocado un éxodo en Florida.
Durante su trayecto se espera que se sumen diversos grupos, activistas e integrantes de la comunidad. Esperan llegar a Tallahassee, capital del estado, un día antes de que entre en vigor la ley, el 1 de julio.
Ruta de la caravana “Todos somos Florida”
- San Diego, California (23 junio)
- Los Ángeles, California (24 y 25 de junio)
- Phoenix, Arizona (26 de junio)
- Tucson, Arizona (26 de junio)
- Las Cruces, Nuevo México (27 de junio)
- El Paso, Texas (27 de junio)
- San Antonio, Texas (28 de junio)
- Houston, Texas (28 de junio)
- Nueva Orleans, Luisiana (29 de junio)
- Tallahassee, Florida (30 de junio).
Para el 30 de junio se tiene programada una marcha masiva en Tallahassee, y se ha convocado a un paro de labores de cuatro días, para presionar a las autoridades de Florida a dar marcha atrás con esta ley.
SB 1718 criminaliza a los migrantes
De acuerdo con activistas, la controvertida ley SB 1718 criminaliza a los migrantes y hace imposible que puedan encontrar trabajo en Florida, pues además penaliza a las organizaciones que los contraten.
La ley obliga a empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores. Impone multas de 1.000 dólares diarios a quienes contraten indocumentados.
También se impondrán multas a personas que transporten personas sin estatus legal en Florida, y se contemplan penas de 10 años de cárcel para quienes transporten adultos y hasta 15 años de prisión si hay menores.
Además, Los hospitales que reciban Medicaid deberán preguntar el estatus migratorio de los pacientes para poder atenderlos.
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