Florida no puede aplicar su nueva ley migratoria: ¿por qué la justicia frenó su ejecución?

ORLANDO, Florida.- La aplicación de una nueva ley migratoria en Florida que tipifica como delito menor el ingreso al estado por parte de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos ha sido suspendida por decisión judicial. Dos fallos recientes, uno de un tribunal federal y otro del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, impiden que esta medida impulsada por el gobierno estatal entre en vigor mientras se resuelve su constitucionalidad.

El más reciente de estos fallos fue emitido el lunes por la jueza federal Kathleen Williams, con sede en Miami. La magistrada denegó la solicitud del fiscal general del estado, James Uthmeier, quien había pedido que se pusiera en pausa la orden judicial previa que suspendió la implementación de la ley durante el proceso legal. Williams argumentó que existen motivos para creer que la legislación podría ser inconstitucional y, por tanto, ordenó que las fuerzas del orden en Florida no la apliquen por el momento.

Esta decisión se suma a una resolución similar emitida a principios de mes por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, que también negó una solicitud de Uthmeier para levantar la suspensión. En su fallo, los jueces de apelaciones señalaron que el caso “está lejos de resolverse” y que el fiscal general no demostró una probabilidad fuerte de éxito en su apelación. También cuestionaron la postura del funcionario estatal ante la decisión judicial, señalando su “actitud aparentemente desafiante” frente a la orden de la jueza Williams.

El comportamiento de Uthmeier ha sido objeto de creciente escrutinio.

Tras la orden inicial de suspensión, el fiscal general emitió una directiva dirigida a cuerpos de seguridad estatales y locales pidiéndoles que se abstuvieran de hacer cumplir la ley, pese a que manifestó su desacuerdo con la medida judicial. Sin embargo, cinco días después, el propio Uthmeier envió un segundo memorando en el que afirmaba que la jueza se había equivocado y sostenía que él no tenía autoridad para impedir que las policías locales aplicaran la ley por su cuenta.

La controversia alcanzó tal punto que, a finales del mes pasado, la jueza Williams celebró una audiencia para determinar si el fiscal general debía ser sancionado por desacato o por desobedecer la orden judicial. Hasta ahora, no se ha hecho pública ninguna decisión al respecto.

El tribunal de apelaciones reconoció que Uthmeier podría tener argumentos jurídicos válidos sobre el alcance de la orden, pero criticó lo que describió como “una amenaza velada” de no cumplirla. “Puede que tenga razón sobre que la orden del tribunal es demasiado amplia”, escribieron los jueces. “Pero eso no justifica una negativa a obedecerla”.

La ley en cuestión forma parte de una serie de medidas impulsadas por el gobierno del gobernador Ron DeSantis para endurecer las políticas migratorias en el estado. Organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes han cuestionado su legalidad desde que fue promulgada, alegando que invade facultades exclusivas del gobierno federal en materia migratoria y podría fomentar la discriminación racial.

Por ahora, la orden judicial sigue vigente y la aplicación de la ley permanece suspendida mientras continúa la batalla legal en los tribunales.

Con información de AP.

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