TAMPA, Florida.- La comunidad venezolana atraviesa momentos de creciente tensión y temor luego de que la Corte Suprema autorizara temporalmente al gobierno del expresidente Donald Trump a invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones selectivas. Esta legislación, utilizada históricamente en contextos de guerra, ha sido aplicada para expulsar a venezolanos presuntamente vinculados con el grupo criminal conocido como el Tren de Aragua.
Ley de Enemigos Extranjeros contra inmigrantes: ¿una excusa para perseguir a venezolanos?
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado temor en venezolanos, incluso en quienes cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS). Abogados denuncian deportaciones injustas de venezolanos identificados erróneamente como pandilleros por tatuajes comunes y sin pruebas sólidas.
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UnivisionSon cada vez más las voces de rechazo en contra de la decisión de la Corte Suprema, que le da luz verde al presidente Donald Trump de usar temporalmente la Ley de Enemigos Extranjeros. Este marco legal ha permitido al gobierno federal acelerar la expulsión de migrantes a El Salvador. En Tampa, cientos de venezolanos temen verse afectados, incluso quienes tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS). Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.
Video Venezolanos en Florida temen deportaciones rápidas tras decisión de la Corte Suprema a favor de Trump
Aunque el gobierno afirma que su objetivo principal es frenar la expansión de esta pandilla —señalada como una amenaza a la seguridad nacional—, numerosos inmigrantes temen ser víctimas de una persecución basada únicamente en su nacionalidad. “Hay venezolanos que ya no salen a restaurantes, que temen ser deportados incluso teniendo el TPS (Estatus de Protección Temporal)”, comentó León Granado, presidente de Venezuela USA Foundation.
Según datos oficiales, al menos 230 venezolanos han sido deportados en los últimos meses bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua. Sin embargo, abogados defensores advierten sobre errores en los procesos de identificación. “Muchos fueron detenidos por tener tatuajes comunes que erróneamente se interpretaron como vínculos con pandillas”, señalaron.
La reciente decisión de la Corte Suprema otorga al gobierno la facultad de deportar personas sin juicio, aunque incluye una provisión que permite a los detenidos solicitar medidas cautelares y apelar ante un juez. A pesar de ello, persisten las dudas sobre la implementación de estos derechos. “El problema es cómo se notificará a los detenidos y si realmente podrán ejercer su derecho a defensa. En el pasado, no hemos visto garantías en este tipo de procedimientos”, explicó un abogado consultado.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes han manifestado su preocupación por lo que consideran un uso desproporcionado de una ley de excepción en contextos que no constituyen guerra. Mientras tanto, miles de venezolanos viven con la incertidumbre de que una redada o una revisión de documentos pueda cambiar su destino de un día para otro.
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