FILADELFIA, Pensilvania.- La comunidad inmigrante en Estados Unidos enfrenta un nuevo obstáculo financiero tras la entrada en vigor de aumentos en las tarifas de trámites migratorios bajo la ley conocida como “One Big Beautiful Act”. La medida, cuestionada por organizaciones legales y defensores de los derechos de los inmigrantes, afecta especialmente a solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS (Estatus de Protección Temporal) y programas de parole humanitario.
Asilo y TPS ahora cuestan más: lo que debes saber sobre el aumento de tarifas aprobado por el gobierno
Los nuevos costos de asilo incluyen una tarifa anual que penaliza a quienes esperan respuesta del gobierno. El aumento de tarifas reducirá el acceso a abogados, dejando a más migrantes sin defensa legal.
“Pero esa es una manera de estrangular las posibilidades financieras y de acceso a los beneficios inmigratorios”, advirtió la abogada Castro, especializada en casos de inmigración, en referencia a los nuevos costos aprobados por la administración actual.
Entre los cambios más significativos se encuentra la imposición de una tarifa de 100 dólares para solicitar asilo político, un trámite que hasta ahora era gratuito. A esto se suma un cobro de 550 dólares por el permiso de trabajo vinculado al asilo, además de una renovación anual de 275 dólares y una tasa de mantenimiento anual para los casos en proceso.
“La persona solicitante no puede forzar al gobierno a decidir su caso en un tiempo determinado, pero será penalizada financieramente por ello”, subrayó Castro, calificando esa tarifa de mantenimiento como “algo bien peculiar”.
Los programas de TPS y el parole humanitario también verán incrementos considerables en sus tarifas, lo que ha provocado descontento entre miembros de la comunidad hispana. “Todo el mundo quiere vivir en un sitio mejor para ellos y su familia. No es justo que te cobren más por querer algo mejor para tu familia”, comentó un residente de Filadelfia afectado por las nuevas disposiciones.
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Llaman a la solidaridad donando a organizaciones sin fines de lucro
Desde la perspectiva de abogados y organizaciones comunitarias, estos aumentos colocan a los migrantes en una posición de desventaja frente al sistema. Castro alertó que una de las consecuencias inmediatas será la disminución en el número de personas que podrán contratar servicios legales, lo que afectará su derecho a un debido proceso.
“Actualmente, el 87% de las personas que recibieron una orden de deportación no eran representadas por un abogado. Es una cuestión de acceso a la ley”, enfatizó.
Ante este panorama, Castro llamó a la solidaridad entre la comunidad, invitando a quienes ya cuentan con estatus migratorio regular a donar a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales gratuitos o a bajo costo. “Ese es el momento de unirnos y donar para que esas organizaciones puedan continuar ayudando a las personas que no tienen condiciones de buscar un abogado por cuestiones financieras”, señaló.
La abogada advirtió que, dada su experiencia, estos cambios podrían enfrentar demandas legales y llegar a los tribunales, como ya ocurrió con medidas anteriores impulsadas por el expresidente Donald Trump. Por ello, recomendó a la comunidad estar atenta a posibles acciones judiciales que busquen revertir los aumentos.
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