Desde una prisión de California, pandilleros ordenaban asesinatos y traficaban droga de México

Fiscales federales y estatales anunciaron los resultados de un operativo que desmanteló una red de narcotráfico operada desde una cárcel en el Valle Central de California. Los líderes de las pandillas Nuestra Familia y Norteños controlaban todas las operaciones con teléfonos de contrabando.

Por:
Univision
Raymond López (izq.) y Salvador Castro fueron señalados como líderes de Nuestra Familia, una familia con presencia en varias prisiones de California.
Raymond López (izq.) y Salvador Castro fueron señalados como líderes de Nuestra Familia, una familia con presencia en varias prisiones de California.
Imagen California Department of Corrections and Rehabilitation via AP

Estar tras las rejas no les impidió a los líderes de dos de las pandillas más sanguinarias de California seguir participando en actividades delictivas que incluían ordenar asesinatos y manejar el tráfico de drogas provenientes desde México.

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Fiscales federales y estatales informaron este miércoles que presentaron nuevos cargos contra dos de los cabecillas de las organizaciones criminales Nuestra Familia, que opera dentro de las cárceles de California, y Norteños, con presencia en varias ciudades del estado. Pero el operativo fue más allá: más de 50 personas fueron arrestadas bajo sospecha de estar afiliados a estas pandillas.

Las autoridades federales indicaron que Salvador Castro, de 49 años y Raymond López, de 31, a quienes identificaron como miembros con una alta jerarquía dentro del organigrama delictivo de Nuestra Familia, usaban teléfonos de contrabando para coordinar el envío de narcóticos desde México para que luego otros pandilleros los distribuyeran a lo largo del Valle Central.

El tráfico de drogas era solo uno de los delitos en los que los acusados estaban involucrados. El fiscal estatal Xavier Becerra y el procurador federal McGregor Scott señalaron que, desde Prisión Estatal Pleasant Valley en el condado de Fresno, los indiciados también ordenaban cometer asesinatos, robos, extorsión y tráfico de armas principalmente en los condados Kings y Tulare.

Salvador Castro cumple desde 1997 una condena de cadena perpetua por ser encontrado culpable por tercera vez de un delito grave relacionado con posesión ilegal de un arma de fuego. Raymond López, por su parte, está preso desde 2013 con una sentencia de 21 años por participar en un ataque con un arma semiautomática que además estuvo vinculado a actividad de pandillas.

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En el operativo conjunto, conocido como Red Reaper, participaron además la Oficina del Alguacil del condado King y la Policía de Hanford. El esfuerzo de 10 meses, que comenzó en septiembre de 2018, concluyó con el arresto de 54 personas y el decomiso de 53 armas de fuego y más de 36 libras de drogas.

Oficiales de correccionales desmantelaron la sala de inyecciones letales en la cárcel estatal de San Quintín, luego de que este miércoles el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva que suspende de manera inmediata la aplicación de la pena de muerte en California. La acción le perdonará la vida, de manera temporal, a 737 prisioneros condenados a muerte.
Al anunciar su decisión, el gobernador de California hizo referencia al "fallido" sistema de justicia que "discrimina" a los acusados que pertenecen a las minorías, principalmente a los negros e hispanos, así como a los que padecen de problemas de salud mental. 
<b>"Nuestro sistema de pena de muerte ha sido un fracaso. Matar a una persona de manera intencional está mal. Como gobernador, no supervisaré la ejecución de ningún individuo"</b>, dijo Newsom.
La suspensión de la pena de muerte en California estará vigente durante la administración del gobernador Newsom, que comenzó en enero de 2019. Dado que la moratoria se dio a través de una orden ejecutiva existe la posibilidad de que un futuro gobernador estatal le vuelva a dar luz verde a las ejecuciones en la cárcel de San Quintín.
Aunque la decisión fue contraria a la voluntad de los electores de California, el gobernador tiene la facultad de actuar de manera unilateral para frenar la pena capital en el estado debido a que su orden ejecutiva no conmutó ninguna sentencia entre los reos, una acción que habría requerido de un acuerdo validado por la Corte Suprema del estado.
En la entrada a la sala de inyecciones letales en la prisión de San Quintín ahora se observa un letrero con la siguiente leyenda: "CERRADO por la Orden Ejecutiva N-09-19".
En esta imagen se muestra cómo lucía la cámara de gases que también estaba ubicada en el "corredor de la muerte". En los últimos años decenas de reos en espera su última hora han muerto por suicidios o de causas naturales, mientras agotan todos los recursos legales posibles para frenar sus ejecuciones.
California es uno de los 31 estados de EEUU que mantenía vigente la pena capital para los reos condenados a muerte, sin embargo, la última ejecución en la cárcel de San Quintín ocurrió hace más de una década. Clarence Ray Allen, un hombre diabético de 76 años, fue el último reo que recibió la inyección letal en el 2006, más de 20 años después de ser encontrado culpable por un triple homicidio.
Aunque California alberga a una cuarta parte de los prisioneros condenados a muerte en todo el país con un total de 737, desde 1978, cuando se reinstauró la práctica, solo se han realizado 13 ejecuciones.
A la fecha unos 25 reos han agotado todos sus recursos legales para evitar enfrentar la cámara de gases o la inyección letal en San Quintín, sin embargo, más de un juez federal ha determinado que ambas prácticas son inconstitucionales y mientras esas demandas continúan en revisión, las ejecuciones se suelen prolongar por años e incluso décadas en medio de un mar de retos legales.
Según datos oficiales del estado, desde 1978 California ha gastado más de 5,000 millones de dólares en el programa que mantiene viva la pena capital. Tan solo en el año 2010, el “pabellón de la muerte” recibió una inyección de capital de 853,000 dólares para renovar el equipo que hasta la fecha nunca fue utilizado.
En 2012 y 2016 los electores de California rechazaron una serie de medidas para eliminar la pena capital en el estado. En su lugar, hace tres años los votantes se inclinaron a favor de aprobar la Propuesta 66, que buscaba acelerar las ejecuciones de los reos condenados a muerte mediante la agilización de sus procesos de apelación.
Los opositores a la pena de muerte, incluyendo al gobernador Gavin Newsom, argumentan que la práctica suele estar rodeada de discriminación y disparidades raciales. Desde mediados de los años 70’s más de 150 reos han sido exonerados por condenas erradas, muchos de ellos hombre negros y de origen hispano.
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Oficiales de correccionales desmantelaron la sala de inyecciones letales en la cárcel estatal de San Quintín, luego de que este miércoles el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva que suspende de manera inmediata la aplicación de la pena de muerte en California. La acción le perdonará la vida, de manera temporal, a 737 prisioneros condenados a muerte.
Imagen Handout/Getty Images

Causaban temor en las calles

Desde el interior de sus celdas, Salvador Castro y Raymond López se encargaron de contribuir al terror que azotaba las calles de los condados Kings y Tulare. Entre 2015 y 2019, las ciudades de Hanford, Kettleman City y Avenal, todas en el Valle Central, experimentaron un inusual aumento de homicidios sin resolver, hecho que motivó el operativo.

“El temor y la violencia que las pandillas callejeras dejan en nuestras comunidades no puede ser tolerado. Seguimos colaborando con nuestros colegas a nivel federal y a nivel local para reducir el crimen y mantener a nuestras comunidades seguras”, dijo el fiscal Xavier Becerra en un comunicado. De acuerdo con las autoridades, los asesinatos estaban vinculados por las pandillas, posiblemente miembros de los Norteños.

Los fiscales federales presentaron cargos adicionales contra otras 19 personas en el Valle Central, todos por crímenes que podrían derivar en condenas de cadena perpetua. Entre los acusados hay ocho presuntos pandilleros sospechosos de traficar grandes cantidades de metanfetaminas y otras drogas.

El Departamento de Correccionales y Rehabilitación le dijo a través de un comunicado a la Prensa Asociada que están trabajando para mitigar el impacto negativo que las pandillas tienen en los esfuerzos para rehabilitar a los internos que cumplen condenas. Hace apenas dos semanas, las autoridades desmantelaron una red de miembros de la Hermandad Aria que desde varias prisiones de California ordenaban asesinatos y controlaban el tráfico de drogas.

27 hombres buscan dejar su pasado y ahora hacen parte de este programa que es dictado por Carmen Padilla y que es implementado por primera vez en una prisión.
Video Un grupo de reos aprovechan su tiempo en la cárcel para tomar un interesante curso de cosmetología
<b>Richard Allen Davis.</b> Actualmente tiene 64 años y ha estado en el corredor de la muerte de San Quintín desde su condena en 1996 por el secuestro y asesinato de Polly Klaas, una niña de 12 años de Petaluma, California. Su caso ayudó a obtener el apoyo suficiente para la llamada "Ley de los tres strikes" para criminales reincidentes, en la que una tercer condena por un crimen violento se transforma automáticamente en una sentencia de cadena perpetua.
<b>Scott Peterson.</b> Después de reportar que su esposa embarazada había desaparecido en la víspera de Navidad del 2002, la Policía siguió más de 10,000 pistas e interrogó a decenas de delincuentes sexuales como posibles sospechosos. Al final de la investigación, Peterson fue arrestado por homicidio en primer grado y condenado por el asesinato de su esposa Laci Peterson, así como por el homicidio de su hijo nonato en la ciudad de Modesto, California. Actualmente tiene 46 años.
<b>Lonnie Frankil.</b> Este asesino serial apodado 'Grim Sleeper' fue condenado en el 2016 por los asesinatos de nueve mujeres y una adolescente en Los Ángeles, crímenes que fueron cometidos desde la década de los 80's. Durante su juicio se le vinculó a los homicidios de por lo menos 14 mujeres. Las autoridades creen que Franklin, quien actualmente tiene 66 años, podría ser reponsable de la muerte de hasta 25 personas.
<b>Charles Ng.</b> Junto a uno de sus cómplices fue condenado por asesinar a 11 personas en una cabaña de la Sierra Nevada en la década de los 80's. El juicio de NG fue no de los más caros en la historia del estado, con un costo aproximado de $20 millones. Actualmente tiene 58 años y era uno de los reos en el corredor de la muerte de San Quintín.
<b>Rodney James Alcalá.</b> Entre 1977 y 1979, Alcalá aterrorizó a las mujeres de California. De acuerdo con los fiscales que llevaron su caso, este convicto acechaba a las mujeres y se quedaba con sus aretes como forma de trofeo cuando las asesinaba. En el 2010 fue condenado a la pena de muerte por cinco homicidios cometidos en California. En el 2013 recibió otra cadena perpetua adicional tras declararse culpable de otros dos homicidios en Nueva York. Los investigadores creen que el verdadero número de víctimas de Alcalá jamás será conocido.
<b>Vincent Brothers.</b> Este exsubdirector de una preparatoria fue condenado por asesinar a toda su familia, que incluía su esposa, sus tres hijos menores de edad y su suegra. Los fiscales dijeron que tras el brutal crimen trató de crear una coartada volando a Columbus, Ohio, con el pretexto de visitar a su hermano. Luego condujo un automóvil rentado de vuelta a Bakersfield, California, para cometer el homicidio múltiple. Actualmente tiene 57 años y estuvo en el corredor de la muerte desde 2007.
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<b>Vicente Benavides.</b> La historia de este inmigrante de 68 años le dio la vuelta al mundo. Tras pasar casi 25 años en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín por la agresión sexual y el asesinato en 1991 de una bebé, la Corte Suprema de California decidió anular su condena el 12 de marzo de 2018.
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Richard Allen Davis. Actualmente tiene 64 años y ha estado en el corredor de la muerte de San Quintín desde su condena en 1996 por el secuestro y asesinato de Polly Klaas, una niña de 12 años de Petaluma, California. Su caso ayudó a obtener el apoyo suficiente para la llamada "Ley de los tres strikes" para criminales reincidentes, en la que una tercer condena por un crimen violento se transforma automáticamente en una sentencia de cadena perpetua.
Imagen Paul Sakuma/AP
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