Jueza federal reafirma bloqueo a ley de inmigración en Florida: ¿las autoridades locales pueden aún detener a inmigrantes?

TAMPA, Florida.- Una jueza federal de Florida determinó que la orden judicial que congela la aplicación de una nueva ley estatal de inmigración es válida para todas las agencias policiales del estado, a pesar de los esfuerzos del fiscal general del estado, James Uthmeier, por invalidarla.

El conflicto legal se centra en un estatuto promulgado por el gobernador Ron DeSantis en febrero, que convierte en delito menor que los migrantes sin permiso legal ingresen al estado evadiendo a los agentes de inmigración, parte de las políticas más estrictas promovidas por la administración del expresidente Donald Trump.

La jueza Kathleen Williams, quien preside el caso, emitió inicialmente una orden de restricción temporal el 4 de abril, pocos días después de que los grupos Florida Immigrant Coalition, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros presentaran una demanda contra la ley.

La orden, que congelaba la implementación de la ley, se extendió posteriormente hasta el 18 de abril, después de que se conociera que la Patrulla de Caminos de Florida había arrestado a más de una docena de personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, en cumplimiento de la nueva normativa.

Los demandantes argumentan que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos al invadir funciones federales en el control de la inmigración. Según su visión, la ley estatal permite a las autoridades locales y estatales actuar de forma que contradice las políticas federales sobre inmigración.

Polémica legal sobre la aplicación de las leyes migratorias en Florida

Durante una audiencia reciente, la jueza Williams preguntó a Jeffrey DeSousa, abogado de la Fiscalía General de Florida, por qué el fiscal general emitió un memorando a las agencias policiales estatales, indicándoles que no debían cumplir con su orden judicial. DeSousa defendió la postura de su oficina, argumentando que la orden judicial solo aplicaba a las partes específicamente nombradas en la demanda. Sin embargo, Williams cuestionó la lógica de permitir que los agentes arrestaran a personas sin causa probable si no podrían ser procesadas debido a la orden.

Por su parte, el abogado de ACLU, Oscar Sarabia Roman, argumentó que no era práctico nombrar a todas las agencias policiales del estado en la demanda, dado que Florida cuenta con 373 cuerpos de policía en todo el territorio. Sarabia solicitó que la orden de la jueza tuviera validez para todas las agencias policiales, a fin de garantizar que la ley no se aplicara a nivel local.

El fiscal general Uthmeier, quien ha sido un firme defensor de la ley, emitió un memorando el 18 de abril pidiendo a las fuerzas policiales que se abstuvieran de aplicar la nueva legislación, aunque dejó claro su desacuerdo con la decisión judicial. Sin embargo, cinco días después, Uthmeier envió otro memorando en el que contradijo su postura anterior, alegando que la jueza estaba legalmente equivocada y que no podía impedir que las autoridades locales aplicaran la ley.

Hasta la fecha, no se han registrado más arrestos bajo la nueva normativa, y el caso sigue siendo un punto de conflicto legal en el estado. Mientras tanto, los opositores a la ley de inmigración esperan que la intervención judicial continúe protegiendo los derechos de los migrantes y limitando la aplicación de políticas locales que, según ellos, pueden ser inconstitucionales.

La batalla legal continuará en los tribunales mientras se define el alcance de la orden judicial y la validez de la ley estatal en conflicto con la constitución federal.

Con información de AP.

Te podría interesar: