LOS ÁNGELES, California.- La movilidad para las personas con alguna discapacidad es muy difícil, por ello el gobierno de EE.UU implementó una ley para que las viviendas se construyeran para facilitarla.
Los Ángeles pagará $38.2 millones por incumplir requisitos federales de accesibilidad en vivienda
Grupos defensores de personas con discapacidad presentaron la demanda en 2017, a nombre de una inquilina que usa silla de ruedas y no ha visto beneficios en las viviendas construidas con fondos federales.
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Se destinaron fondos para que las ciudades construyeran viviendas asequibles que además fueran accesibles para aquellos que tienen una movilidad limitada y aunque Los Ángeles aseguró haber cumplido con los lineamientos en la construcción, una inquilina demandó a la ciudad debido a las dificultades que ha enfrentado en su hogar. Siete años después la demanda se resolvió.
La ciudad de Los Ángeles pagará 38.2 millones de dólares para resolver una demanda de 2017 después de afirmar “falsamente” en documentos federales que sus unidades de vivienda multifamiliares asequibles construidas con fondos federales eran accesibles para personas con discapacidades.
La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en nombre de una residente de Los Ángeles, Mei Ling, que usa silla de ruedas, y del Fair Housing Council of San Fernando Valley, un grupo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. No se ha determinado cuál será su parte del acuerdo.
Ling, de 57 años, ha usado una silla de ruedas desde enero de 2006 y ha estado sin hogar o en viviendas sin características de accesibilidad, según la demanda.
Los problemas de las viviendas
Según los funcionarios, la ciudad de Los Ángeles no ha hecho que sus opciones de viviendas multifamiliares asequibles sean accesibles para personas con discapacidades durante al menos seis años. Algunos de los problemas eran pendientes demasiado pronunciadas, mostradores demasiado altos y entradas que no permitían el acceso en silla de ruedas.
La demanda también afirma que la ciudad no mantuvo una lista públicamente disponible de unidades accesibles y sus características de accesibilidad, y que “a sabiendas y falsamente certificó” al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos que cumplía con estos requisitos. Al hacerlo, violó la Ley de Reclamaciones Falsas, afirma la demanda.
“La ciudad niega haber violado la Ley de Reclamos Falsos”, dijo la abogada de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, en una declaración enviada por correo electrónico. “Sin embargo, nos complace haber alcanzado este acuerdo de $38,2 millones, en particular a la luz de la afirmación inicial del gobierno federal de que tenía derecho a más de mil millones de dólares en supuestos daños y perjuicios”.
Según los funcionarios, cuando el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano otorga fondos de subvención a los gobiernos locales para construir y rehabilitar unidades de vivienda multifamiliares asequibles, deben cumplir con las leyes federales de accesibilidad. Esto incluye un mandato que exige que el 5% de todas las unidades en ciertos tipos de viviendas con asistencia federal sean accesibles para personas con discapacidades de movilidad, y otro 2% sea accesible para personas con discapacidades visuales y auditivas.
También deben mantener una lista disponible públicamente de unidades accesibles con una descripción de sus características de accesibilidad, entre otros requisitos de accesibilidad relacionados con la vivienda.
En los seis años anteriores a la presentación de la demanda en 2017, LA recibió casi mil millones de dólares en diversos fondos de la agencia federal de vivienda que se destinaron a al menos 28 proyectos de viviendas multifamiliares, según los demandantes. Ninguno de ellos contenía la cantidad mínima de unidades accesibles que exige la ley.
Mientras tanto, la ciudad “hizo que HUD y el público creyeran que estaba en cumplimiento con todas las obligaciones federales relacionadas con la recepción de fondos federales para vivienda y desarrollo comunitario”, dice la demanda.
Anteriormente, la ciudad resolvió una demanda similar en 2016.
Con información de AP
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Imagen Damian Dovarganes/AP