Asesinato de Jovenel Moïse: un exsoldado colombiano confesó su participación en la operación, pero dice que fue engañado por el FBI

Un exsoldado colombiano, acusado en un tribunal federal de Estados Unidos de conspiración por su papel en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, confesó su participación a agentes del FBI poco antes de entregarse a las autoridades estadounidenses el año pasado y ser trasladado a Miami.

Sin embargo, Mario Antonio Palacios se declaró inocente en abril y sus abogados piden ahora al juez del caso que descalifique su confesión, argumentando que los agentes violaron sus derechos constitucionales al engañarle para que hiciera declaraciones autoinculpatorias.

Palacios será juzgado en marzo de 2023 junto con otros dos acusados de conspiración para asesinar a Moïse durante una incursión de estilo militar realizada por un equipo de 21 exsoldados colombianos en la residencia oficial en Puerto Príncipe, la capital de Haití, la madrugada del 7 de julio de 2021.

Según una investigación policial haitiana de 122 páginas obtenida por Univisión, los colombianos irrumpieron en la habitación del presidente y le dispararon a sangre fría antes de salir con "grandes sumas de dinero" no reveladas en dos maletines.

Varios confesaron posteriormente el crimen, según las entrevistas policiales filtradas a Caracol TV en Colombia.

Pero los acusados han mantenido su inocencia de manera uniforme durante los últimos 16 meses, alegando que sus confesiones fueron obtenidas "bajo tortura".

Tres colombianos murieron en el asalto, mientras que 18 están detenidos en Haití.

Palacios fue el único que logró escapar y se dirigió posteriormente a Jamaica.

El asesinato ha sumido a la empobrecida nación en el caos, sin un presidente electo que lo sustituya, con un gobierno de dudosa legitimidad y bandas fuertemente armadas que controlan ahora grandes partes de la capital.

Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá mantienen intensas conversaciones sobre el tema en un contexto en que incluso Naciones Unidas ha hablado sobre una posible intervención policial y militar internacional en el país.

Palacios aceptó reunirse con agentes del FBI en Jamaica dos veces en octubre de 2021, antes de ser extraditado a Estados Unidos en enero pasado.

Pero sus abogados en Miami, Alfredo Izaguirre y Joaquín Méndez, argumentan que Palacios nunca fue debidamente informado de los llamados derechos constitucionales ' Miranda', que protegen a los sospechosos de ser obligados a hacer declaraciones sin la presencia de su abogado.

La moción pide al juez que "impida al gobierno introducir como prueba en el juicio las declaraciones autoinculpatorias que el Sr. Palacios hizo a los agentes del FBI durante el curso de dos interrogatorios realizados en Jamaica".

¿Quién es Mario Palacios y por qué estaba en Haití?

Palacios fue contratado por una empresa de seguridad de Miami, CTU Federal Academy, para que fuera a Haití con un grupo de exsoldados colombianos para, según han declarado algunos de los detenidos, proteger a un posible candidato presidencial que decía tener un ambicioso plan de reconstrucción del país respaldado por inversores.

"Fue engañado para ir a Haití. Matar al presidente no era su propósito al ir allí", Izaguirre dijo a Univision. "No es culpable y vamos a luchar este caso. El gobierno lo tiene en la mira, pero hay muchas otras personas involucradas. [Palacios] no es nadie en esto", añadió Izaguirre, un defensor público.

La moción de los abogados describe a Palacios como un indefenso "diminuto ciudadano colombiano" que había estado escondido en Jamaica durante más de un mes antes de ser interrogado por los agentes del FBI.

"No tenía ninguna experiencia previa con el sistema de justicia de Estados Unidos ni ninguna familiaridad con nuestras leyes y garantías constitucionales. Tenía una educación formal limitada y acababa de retirarse del ejército colombiano tras veinte años de servicio", afirma la moción.

"En resumen, estaba alejado del ojo público y totalmente a merced de los agentes de la ley locales y estadounidenses que lo rodeaban. Su libertad de acción estaba completamente limitada", añade la moción.

Los derechos Miranda de los ciudadanos no estadounidenses en suelo extranjero son una zona un poco gris en la ley.

La Quinta Enmienda, o el "derecho a permanecer en silencio", solo se aplica cuando una persona está detenida, dijo David Weinstein, ex fiscal federal en Miami. "Si el interrogatorio hubiera tenido lugar aquí sería diferente", agregó.

Los abogados de Palacios argumentan que estaba efectivamente bajo custodia en Jamaica cuando entró en la habitación del hotel y, por lo tanto, su derecho debería aplicarse.

La confesión de Palacios fue en un hotel de Jamaica

Los abogados de Palacios dicen que aceptó reunirse con el FBI por consejo de un amigo, un coronel militar colombiano identificado solo como 'Don Carlos'.

Según la moción, se acordó inicialmente que la reunión tendría lugar en la embajada de Estados Unidos en Jamaica, pero en su lugar Palacios fue escoltado a un hotel por la policía jamaicana, donde le esperaban tres agentes del FBI. Tras servirle desayuno, Palacios se sentó para un interrogatorio de casi seis horas.

Durante el interrogatorio, Palacios confesó inicialmente que formaba parte de un complot para detener a Moïse sobre la base de lo que creía que era una orden de detención válida.

Palacios "negó repetidamente que tuviera conocimiento previo de un plan para matar al Presidente", afirma la moción. También insistió en que nunca disparó su arma en la casa del mandatario.

Sin embargo, casi al final del interrogatorio, Palacios pidió a los agentes que pusieran en pausa la grabadora para poder hablar en privado.

"Palacios finalmente capituló y dijo que le habían comunicado el cambio de planes (de la detención al asesinato) la noche anterior a los hechos", dice la moción presentada ante el tribunal.

El colombiano fue entonces puesto bajo custodia en Jamaica por haber entrado ilegalmente en el país y llevado a una cárcel local.

El FBI le interrogó por segunda vez cinco días después.

Palacios dice que fue engañado para confesar

Durante el segundo encuentro, Palacios se quejó de haber sido engañado para asistir a esa reunión, diciendo que había creído que sería tratado "como un testigo protegido".

Los agentes, según la moción, le presionaron para que aceptara que la primera entrevista había sido voluntaria.

Según la transcripción facilitada a sus abogados en Miami, Palacios no dio "ninguna respuesta audible".

Palacios preguntó "qué me pasará" cuando llegue a Miami.

El agente le explicó que "probablemente" se le acusaría de conspiración de asesinato, pero que podría recibir una condena leve de uno a dos años gracias a su cooperación.

"La verdad te ayudará", le dijo un agente a Palacios, según la moción.

Alrededor de una hora después del segundo interrogatorio, el documento dice que los agentes le explicaron sus derechos legales, "una versión modificada de la declaración habitual de los derechos Miranda para las personas bajo custodia extranjera".

Eso incluía el derecho a que se le "designara" un abogado de oficio antes de hacer cualquier pregunta.

Sin embargo, el agente añadió que la posibilidad de proporcionar un abogado podría estar limitada en la custodia extranjera a la falta de "disponibilidad" de un abogado estadounidense en Jamaica.

Además, la moción afirma que a Palacios "no se le preguntó específicamente si comprendía cada uno de sus diversos derechos Miranda".

A pesar de las condiciones "injustas" de su interrogatorio, los abogados dicen que Palacios firmó un formulario renunciando a sus derechos.

A continuación, repitió su confesión anterior de que el plan original para detener al presidente cambió en medio de la noche antes de la redada del 7 de julio, cuando se les dijo que el plan" era acabar con el Presidente".

Palacios también terminó el segundo interrogatorio diciendo que estaba dispuesto a cooperar.

Sin embargo, la moción dice que añadió: "Lo que pido es mantener mi libertad, hermano, para poder criar a mis hijos. Eso es lo que pido. Por eso estoy colaborando".

Los fiscales tienen 14 días para responder a la moción de la defensa, pero podrían solicitar más tiempo al juez.