Protestas en Guatemala por el retraso del Congreso para investir a Bernardo Arévalo

La jornada de investidura de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala comenzó a calentarse a media tarde del domingo, con protestas y enfrentamientos con la policía, de manifestantes que reclamaban por el retraso en el inicio de la sesión legislativa de las nuevas autoridades.

Arévalo que asume como mandatario para dirigir el país por los próximos cuatro años dijo el día anterior que se sentía “entusiasmado porque estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso” y que "la sociedad guatemalteca ha desarrollado esa determinación para decirle ‘no’ a esas élites político-criminales”.

Antes de que tomara posesión, comenzaron los primeros altercados en el Congreso, cuando diputados salientes y nuevos tuvieron un encontronazo por la decisión de la presidenta de la Cámara de nombrar a su criterio a los integrantes de una comisión encargada de revisar las credenciales de los nuevos diputados. Casi todos los designados eran oficialistas, aliados y no reelectos.

Román Castellanos, diputado del Movimiento Semilla reelecto, dijo a The Associated Press que tras la confrontación la sesión en el Congreso fue suspendida. “La comisión se ha tardado demasiado para calificar las credenciales, además están pidiendo requisitos no establecidos en la ley para tomar posesión”, dijo.

El político explicó que una de las consecuencias de esto es que se alargue la sesión solemne donde la nueva Legislatura debería darle posesión al cargo al presidente Arévalo. “Lo que se percibe es que quieran retardar o intentar no darle posesión al nuevo presidente”.

OEA y UE piden al Congreso entregue el poder a Arévalo

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) hicieron este domingo un llamado al Congreso de Guatemala para que le entregue "el poder como exige la Constitución" al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

"El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes", aseguró una declaración en conjunto por parte "todas las delegaciones invitadas y representadas aquí" en Guatemala para la toma de posesión del mandatario electo.

La declaración fue leída en una improvisada rueda de prensa por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de un encuentro entre los cancilleres de varios países der la región que asisten al traspaso de mando en el país centroamericano.

"Reunidos en la Ciudad de Guatemala para la toma de posesión presidencial, hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como exige la constitución en el día de hoy al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera", expuso Almagro.

Todo listo para la investidura

Desde temprano el hemiciclo está protegido por miles de policías, a solo un par de cuadras de miles de campesinos que han llegado a la capital para acompañar la toma de posesión de Arévalo y defender la democracia, dicen. Los manifestantes, que esperaban en el parque central la fiesta para festejar la toma de posesión de Arévalo, decidieron movilizarse frente el Congreso para exigir que sesionen y den posesión al nuevo presidente.

El camino de Arévalo desde que era un candidato al que las encuestas le daban pocas posibilidades hasta lograr el poder ha estado marcado por un atropellado avance en medio de investigaciones judiciales, órdenes de aprehensión, pedidos para que pierda su inmunidad y hasta la intención manifiesta de la fiscalía de anular las elecciones.

Pese a todo, el amplio respaldo popular en las urnas y el ímpetu de las protestas indígenas y campesinas en las calles han nutrido su llegada al día de la investidura.

La alfombra ya está lista para recibir a las misiones internacionales, más de 60, que han llegado o están en camino para celebrar la inauguración del nuevo gobierno.

Un camino cuesta arriba hacia el sillón presidencial

Llegar al poder no le ha sido fácil, tampoco lo será hacer gobierno.

Para empezar, el pleno del Congreso saliente, integrado en su mayoría por oficialistas y aliados, aprobó meses atrás un presupuesto que no solo restó asignaciones a carteras como Salud y Educación, sino que incrementó los recursos para la fiscalía y el organismo judicial con el fin de fortalecerlos, las dos entidades que encabezan la arremetida contra la llegada de Arévalo.

Pero, además, la última muestra de reticencias a su investidura llegó apenas dos días antes del traspaso de poderes. En el Congreso, la comisión permanente integrada por siete diputados —entre oficialistas y aliados— de los 160 que tiene la cámara dispuso declarar independientes a los siete actuales legisladores de Movimiento Semilla, en un intento de impedir que puedan asumir cargos en la directiva del Congreso entrante, que es quien formaliza la transición.

Existe la posibilidad de que los diputados que deben investir a Arévalo se resistan a acudir a la sesión solemne dispuesta para ello.

Pero el constituyente Roberto Alejos dice que si no hay junta directiva del Congreso que le invista, eso solo es un acto protocolario que no está en la Constitución. Por lo que él podría ir y tomar la presidencia para evitar “el golpe de Estado burdo que quieren hacer”.

Y ante las intentonas de nuevas acciones fiscales, el cambio de gobierno está en firme por orden de la Corte de Constitucionalidad.

Una de las primeras tareas que Arévalo dice que hará al ser investido es pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha encabezado la arremetida judicial en su contra y tiene un mandato de cuatro años que llega hasta el 2026.

Arremetidas contra Bernardo Arévalo tras ganar las elecciones

Según expertos, Porras continuará mientras esté en el cargo con la hostilidad contra Arévalo y su gobierno como ha hecho desde que fue oficial el resultado de la primera vuelta electoral que colocaba al progresista en el balotaje de agosto contra la ex primera dama Sandra Torres, quien nunca reconoció su derrota final.

Al proclamarse que Arévalo ganaba la presidencia, la fiscalía arremetió no solo contra él, sino contra su vicepresidenta, el proceso electoral, los magistrados, empleados y funcionarios electorales, miembros de Semilla y contra más de 150,000 ciudadanos que integraron las juntas receptoras de votos que recibieron, contaron y resguardaron el voto.

La fiscalía allanó sedes electorales, detuvo a opositores, encabezó más de cinco procesos judiciales y ha solicitado tres veces que se le retire la inmunidad al nuevo presidente, además de lograr que un juez ordenara arrestar a los magistrados electorales que declararon ganador a Arévalo, quienes salieron del país denunciando criminalización.

Hasta pocos días antes de la transición, la arremetida judicial prosigue contra aquellos que considera responsables de que Arévalo pueda llegar a la presidencia. El jueves, la fiscalía detuvo al exministro de Gobernación Napoleón Barrientos acusándolo de no haber ejecutado una orden de la Corte de Constitucionalidad para desalojar a manifestantes pacíficos frente a la sede de la fiscalía que exigen la renuncia de Porras.

A su favor, el próximo presidente tiene a una población cansada de la corrupción, a comunidades indígenas que abogan por un país incluyente y defienden la democracia y a la comunidad internacional que ha ofrecido apoyo al nuevo gobierno y sanciones a quienes intenten detener el traspaso del poder.

Y eso, traslada a Arévalo la responsabilidad de dar respuesta en su administración a las expectativas de unos votantes que ansían un gobierno de cambio, que incluya y atienda a las poblaciones más olvidadas como las comunidades indígenas.

Arévalo ya ha anunciado su gabinete de gobierno en el que apeló a la paridad y nombró siete hombres y siete mujeres como equipo de gobierno, una de ellas, una mujer indígena.

La población indígena ha sido clave para que Arévalo pueda llegue a la investidura. Fueron ellos los que que se organizaron, manifestaron y bloquearon carreteras en demanda de que la fiscalía detuviera su arremetida y respetara el voto que le dio la presidencia. Pero también han criticado que el nuevo presidente no haya incluido en su gabinete a más indígenas, que representan la mayoría de la población del país.

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