El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pide extender el mandato de emergencia que le permite realizar arrestos arbitrarios
Después de una ola de violencia en marzo, Bukele ordenó un mandato de emergencia en El Salvador cuyo fin, dice, es controlar a los pandilleros, pero que sus críticos dicen que ha motivado a arrestos arbitrarios sin evidencias y basadas solamente en la apariencia o el sitio donde viven los arrestados.
Por:
AP
Periodistas y miembros de la oposición han denunciado que esta reforma al Código Penal podría poner en riesgo la libertad de prensa al sancionar a medios de comunicación por publicar noticias relacionadas con las pandillas y su relación con el gobierno. Más noticias aquí.
Video La polémica reforma penal en El Salvador: hasta 15 años de cárcel por distribuir mensajes de pandillas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este domingo a la Asamblea Legislativa del país que prorrogue el estado de excepción para continuar combatiendo a las maras o pandillas a las que responsabilizan de una ola de asesinatos registradas en los últimos días de marzo.
Después de registrar 62 homicidios el 26 de marzo, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
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Un grupo de reclusos durante un operativo de la policía en la prisión de Izalco, en El Salvador. Luego de una escalada en la violencia callejera, el presidente Nayib Bukele decretó la máxima emergencia en las cárceles donde hay miembros de pandillas. Algunos reclusos fueron asilados y otros fueron mezclados con miembros de grupos rivales.
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Imagen Oficina de la presidencia de El Salvador vía AP
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas.
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El Congreso también reformó el Código Penal para que las pandillas, o cualquier organización conformada con el fin de delinquir, se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, aplica 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a mayores de 12.
Desde el 27 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción, las autoridades salvadoreñas dicen que han capturado a 16,053 presuntos pandilleros, una cifra enorme en un país de solo 6.5 millones de habitantes. Según información del Ministerio Público los jueces ya han decretado detención provisional a 6,924 personas acusadas de delitos como homicidios, extorsiones, posesión de armas y agrupaciones ilícitas.
El Salvador: pandilleros en celdas "sin poder ver un rayo de sol"
La Policía Nacional Civil informó que, como resultado del incremento de los operativos y la captura de pandilleros, entre el 1 y el 23 de abril han registrado diez días sin homicidios
Entretanto las autoridades mantienen en emergencia las cárceles, donde por orden de Bukele más de 20,000 pandilleros permanecen en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”, les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día luego del alarmante aumento de los homicidios.
Después Bukele advirtió a los pandilleros que, si aumentaban los homicidios, les quitaría la comida a sus compañeros en las cárceles y ordenó la construcción de otras prisiones para miembros de esas estructuras criminales.
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Críticas por posibles violaciones de derechos humanos a Bukele
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han instado al Estado salvadoreño que respete el debido proceso y los derechos humanos durante el estado de emergencia.
Las llamadas maras o pandillas, que tiene presencia en populosos barrios del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18. La Sala, en su sentencia, también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de las pandillas.
En 2012, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales internacionales.
