Entre la venganza y la inacción oficial: explicaciones a la masacre que dejó 80 presos muertos en Ecuador

Ecuador trata de descifrar qué hay detrás de la masacre de 79 presos en cuatro cárceles del país ocurrida en un solo día el pasado 23 de febrero, y que según las autoridades penitenciarias fue el resultado de una guerra entre bandas criminales.

Una semana después, en el complejo penitenciario más grande del país, en Guayaquil, algunos reos colgaron sábanas blancas con mensajes: “Los del problema ya se fueron, queremos vivir en paz”, se leía en uno en aparente referencia los muertos o los trasladados tras la violencia.

“Dios bendiga Ecuador, necesitamos hablar con la prensa, necesitamos tranquilidad”, se leía en otro.

Todavía no se ha aclarado cómo se orquestaron los amotinamientos simultáneos. Por los audios de Whatsapp que los familiares de los reos han compartido con la prensa, indican que la noche de la matanza muchas de las víctimas estaban en pabellones de mediana y mínima seguridad y que vieron venir a sus verdugos sin poder hacer nada.

“Se nos quieren meter los ppl (personas privadas de la libertad) de abajo hacia arriba, a meternos bala, por favor llamen a las autoridades”, decía el texto de un preso a un familiar. En otro se comparte la angustia del momento: “Más de 30 ppl todos empistolados, nosotros no tenemos nada, si se meten nos matan”.

El director de prisiones, Edmundo Moncayo, no ha vuelto a comparecer desde de la noche de los sucesos, cuando aseguró que se trataba de una pelea entre criminales.

La única comunicación se produce a través de las redes sociales de la entidad penitenciaria. La última información suministrada indica que se atendió a una veintena de heridos y que están dando ayuda psicológica a los familiares de las víctimas.

La Policía ha informado que tras la última sublevación de los presos se incautaron casi 100 armas blancas, tres armas de fuego, 46 cartuchos de varios calibres, 55 tijeras, un martillo y una bomba molotov.

La cifra de muertos podría cerrarse en 80. Varios medios locales reseñan que se halló un cadaver dentro en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Latacunga, aunque el caso se maneja en absoluta reserva por parte de las autoridades.

Estado de emergencia

El presidente Lenin Moreno declaró el estado de emergencia en las cárceles en 2019, pero no ha servido de mucho, a juzgar porque actualmente 40.000 presos viven hacinados en los 60 presidios del país que tienen una capacidad para 27.000 reos, según la Defensoría del Pueblo.

El día de la masacre, Moreno escribió en su cuenta de Twiter que lo sucedido "no es coincidencia, es consecuencia", en un aparente reconocimiento de los problemas que arrastra el sistema penitencial ecuatoriano.

Entre 2019 y 2020, al menos 55 presos fueron asesinados en las cárceles de Ecuador pese al estado de emergencia. No hay un informe de las acciones emprendidas desde el Estado para reducir la violencia.

Incluso tres mega estructuras penitenciarias que se construyeron durante la presidencia de Rafael Correa que eran considerados modelos de rehabilitación fueron los escenarios de las matanzas de la semana pasada.

Una de las bandas que pelea por el control de las cárceles es la de los Choneros, que controla el tráfico de drogas en casi toda la costa del Pacífico. Su líder, Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, obtuvo la prelibertad durante la pandemia, pero fue asesinado a tiros en un centro comercial en diciembre pasado.

En un video que circuló por redes, un preso con el rostro cubierto acusa a los nuevos líderes de los Choneros de haber ordenado la muerte de ‘Rasquiña’ y de pagar sobornos a un alto funcionario de prisiones.

La respuesta de los Choneros se produjo en otro video en el que otro preso, también con el rostro cubierto, culpa de la violencia a otra banda, la de los Lobos.

Hasta ahora ninguna autoridad ha reaccionado a estos videos.

La Corte Constitucional se pronunció después de los amotinamientos y dijo que: “La falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de libertad”.

A nivel presupuestario tampoco se nota un esfuerzo para atender la situación de emergencia en las cárceles. El presupuesto total para 2019 fue de 107 millones de dólares, la mayor parte destinada a sueldos de los funcionarios. Para la emergencia hubo apenas 4 millones de dólares, y solo se ejecutó el 33,7%. El informe de la gestión en 2020 todavía no ha sido difundido.

El exministro de Interior y actual miembro de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien llevó a la cárcel a buena parte de los Choneros, aseguró a Univisión Noticias que sus sucesores debilitaron el sistema de seguridad ciudadana construido durante el gobierno de Rafael Correa.

“La Policía en lugar de patrullar y hacer inteligencia comenzó a hacer operativos de manera reactiva, comenzó a perseguir a políticos, y obviamente los criminales, los líderes de las bandas del crimen organizado, ven en este momento la mejor oportunidad para expandir sus tentáculos en los barrios y ciudades de nuestro país y comenzar una pugna entre diferentes bandas para hacerse cargo del narcotráfico y microtráfico”.

Con la llegada de Moreno a la presidencia se reorganizaron algunas instituciones estatales. El Ministerio de Justicia, que se ocupaba de las cárceles desapareció y dio paso a dos secretarías de Estado.

Julio Ballesteros, exviceministro de Justicia, asegura que "no se hace ningún esfuerzo desde el Estado central para separar a los privados de libertad por los delitos cometidos".

"Cuando se hace el ingreso se debería hacer una evaluación psicológica y de contenido jurídico de la persona para ubicarla en los pabellones de máxima, mediana o mínima seguridad. Pero eso que está en los papeles no ocurre. Se ubica a la gente de acuerdo a la disponibilidad en los pabellones, sin más criterio que el hacinamiento”, indica Ballesteros.

Ballesteros afirma que conoció a presos que él llama “vulnerables” y que por su situación penitenciaria y de pobreza son reclutados por las mafias para cometer ilícitos dentro de las cárceles.

“Yo me acuerdo de un señor Yango, que tenía una condena de 35 años y era VIH positivo. Él sabía que no iba a salir vivo de prisión y mató a varias personas por encargo de la gente que tiene poder dentro de las cárceles”.

Todo tiene precio

Un reo que sobrevivió a la última masacre dio una entrevista al medio digital Tiempo Real y afirmó que dentro de las cárceles “el que tiene dinero hace lo que quiera”. Él mismo decía estar hablando desde un celular que le costó 400 dólares.

La sospecha se posa sobre los 1.400 guías penitenciarios y los 2.000 policías que vigilan las cárceles. Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, destaca las tentaciones que tienen cada día.

“Aquella persona que entra a trabajar al sistema penitenciario está tentada las 24 horas del día, desde el director de la cárcel hasta el último empleado. Los presos piden favores: que les dejen comprar un pollo, que les dejen entrar hamburguesas, que quieren cigarrillos, que quieran un celular, un arma… no importa el valor, ellos pagan. Por eso digo que el sistema penitenciario está corrupto hasta la médula de los huesos”.

Camacho asegura que trató de llegar al fondo de un caso en 2019, cuando estaba en el cargo: una ambulancia fantasma pasó todos los filtros policiales y llevó al interior de la cárcel televisores de plasma, licores y más artículos prohibidos. Personal de su confianza dio la alerta y Camacho viajó a Guayaquil para revisar todas las grabaciones.

Puso la denuncia y se detuvo a una veintena de policías, pero el fiscal que llevaba la investigación se abstuvo de acusar a los agentes, todo fue archivado, y Camacho renunció a su cargo.