Comisiones del Senado mexicano aprueban la reforma judicial y ahora debe pasar al pleno

Comisiones del Senado mexicano aprobaron el domingo el dictamen de reforma del Poder Judicial, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que busca elegir a través de voto popular a jueces y magistrados. El proyecto debe pasar ahora el Pleno.

La aprobación, que se dio sin modificaciones respecto al dictamen de la Cámara de Diputados, ocurrió en medio de las protestas de la oposición y funcionarios del Poder Judicial, incluido un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una inusual alocución en redes sociales, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, denunció un intento de "demolición del poder judicial".

Mientras, miles de personas protestaban en Ciudad de México contra el proyecto, la ministra insistió en que la elección popular de jueces y magistrados afectaría su independencia y facilitaría el "involucramiento de grupos de poder y de crimen organizado en la conformación del Poder Judicial".

Pero el presidente López Obrador, impulsor del proyecto, denunció el sábado que sus adversarios "están queriendo confundir" con la idea de que la reforma creará "inestabilidad".

"¿Qué miedo van a tener si lo que queremos es que se acabe la corrupción?", cuestionó en Tulum (este) durante una gira con la presidenta entrante y copartidaria, Claudia Sheinbaum, quien apoya la iniciativa.

La propuesta también es cuestionada por Estados Unidos y Canadá, que advierten de un daño a la democracia y al acuerdo comercial T-MEC, así como por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.

Washington advirtió que la elección popular podría ser aprovechada por el narcotráfico para manipular a los jueces, lo que el gobierno rechazo como una declaración "injerencista".

Qué dice el proyecto de reforma judicial de México

El domingo en el Senado la aprobación se hizo sin modificaciones, con 25 votos a favor de la alianza oficialista conformada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); y 12 en contra provenientes de la oposición.

La iniciativa debe ser enviada al Pleno donde se prevé su discusión y votación el próximo miércoles. Al oficialismo solo le faltaría un voto en esa cámara para lograr los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostiene que 85 serían suficientes.

Además de la elección de jueces por voto popular, el dictamen reduce de 11 a nueve ministros y ministras los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo de 15 a 12 años.

Adicionalmente, dispone que ninguna persona que haya sido ministro pueda ser electa para un nuevo periodo, que la Presidencia de la SCJN se renueve cada dos años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, y que ésta corresponda a quienes alcancen mayor votación.

Tras la decisión, el líder del opositor Partido Acción Nacional (PAN), el senador Marko Cortés, adelantó que el grupo votará en contra de esta propuesta “porque no resuelve, agrava los problemas. Esta propuesta es regresiva y destructiva de forma. ¿Por qué de forma? Porque hay un grave retroceso en el modelo democrático del país”, expuso.

Aseguró que la aprobación de la iniciativa “vulnera la autonomía al Poder Judicial” y que “está debilitando la figura del amparo como el principal recurso que tienen los ciudadanos contra actos arbitrarios e injustos de la autoridad, debilita sus alcances generales”.

Y afirmó que el proyecto genera “una gran incertidumbre jurídica y económica. Si no hay certidumbre, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo formal. Si no hay empleo formal, no hay pago de impuestos. ¿Y qué creen? Si no hay pago de impuestos, no hay programas sociales”, expuso.

Mientras que la senadora del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, manifestó que artículos del dictamen contravienen a otros artículos de la propia Constitución, así como a diversas disposiciones convencionales y tratados internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Luis Donaldo Colosio Riojas, del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), expuso que la reforma no cubre todo el espectro de la procuración de justicia, prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los juzgadores, compromete la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación, lo que pone en riesgo a los ciudadanos.

En contraparte, el senador Gonzalo Yáñez, aseguró que el Grupo Parlamentario del PT votará a favor de la reforma “por convicción, por conciencia y por democracia”.

Mientras que Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que es falso que se “destruya” la carrera de los trabajadores del Poder Judicial y que cualquier persona se pueda inscribir para ser ministro, magistrado o juez.

Con información de EFE y AFP.

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