Denuncian que Bukele creó una "tormenta perfecta" de violación a los derechos humanos en su ofensiva contra las pandillas

El presidente Nayib Bukele ha sumergido a El Salvador en una “tormenta perfecta” de violaciones a los derechos humanos en su renovada ofensiva contra las pandillas, acusó en su último informe la organización no gubernamental Amnistía Internacional.

En el reporte, difundido el martes, la organización señala que la decisión de Bukele de ordenar un estado de excepción en el país ha “pisoteado los derechos de la sociedad salvadoreña” y pide a la comunidad internacional que actúe.

“Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.

Las críticas contra Bukele por su aproximación para enfrentar a las pandillas, muchos de ellos miembros de la Mara Salvatrucha, han sido numerosas. Periodistas salvadoreños han denunciado que su gobierno ha criminalizado la cobertura de pandillas y el informe de la organización coincide y afirma que el mandatario mantiene una “actitud hostil” con la sociedad civil y la comunidad internacional.

Bukele anunció el domingo que extendería el estado de excepción, el cual fue aprobado sin problemas en la Asamblea Legislativa que el presidente controla tras acusar a los diputados de oposición de “romper el orden constitucional” y llamar a sus simpatizantes “a la insurrección”.

El poder legislativo, controlado por el partido del presidente, destituyó a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a sus sustitutos. Según sus críticos, estos movimientos de Bukele son síntomas de un camino hacia el autoritarismo.

La ONU también ha acusado al presidente y su gobierno de "encarcelar a niños y adolescentes" en su lucha contra las pandillas. Amnistía Internacional, por su parte, señala la dureza de las penas contra menores y las pobres condiciones a las que son sometidos en las cárceles salvadoreñas.

“En El Salvador de hoy día, niños y niñas de entre 12 y 16 años pueden ser condenados a penas de hasta 10 años de prisión, las personas de comunidades marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a defensa jurídica, las personas presas pueden estar recluidas sin alimentos y aire suficientes, y las y los periodistas pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas”, indicó Erica Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Los mayores de 16 años enfrentan penas de cárcel de más de 20 años.

¿Qué significa el estado de excepción en El Salvador?

Bukele decidió aplicar el estado de excepción en el país después de la intensa ola de violencia que se registró el pasado marzo. El 26 de ese mes, el país registró 62 asesinatos en un solo día, una cifra que no había visto en años.

El estado de excepción en El Salvador limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y las razones de su detención y también le niega la asistencia de un abogado.

La orden extiende de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de cualquiera que considere sospechoso. También permite realizar arrestos sin orden de detención.

La Constitución salvadoreña indica que la suspensión de garantías no puede exceder de 30 días. Terminado este plazo, puede prolongarse mediante nuevo decreto, lo que ocurrió esta semana.

Otra de las medidas de Bukele es la reforma al Código Penal para que las pandillas, o cualquier organización formada para delinquir, se consideren penalmente ilícitas. Las penas van de 20 a 40 años de prisión y los líderes de estos grupos enfrentan condenas de 40 a 45 años de cárcel.

Desde el 27 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción, las autoridades de El Salvador afirman que han detenido a 16,053 presuntos pandilleros, una cifra enorme para un país de 6.5 millones de habitantes. Según información del Ministerio Público, los jueces decretaron en este periodo la detención provisional a 6,924 personas acusadas de delitos como homicidios, extorsiones, posesión de armas y agrupaciones ilícitas.