El Salvador
📸 Así fue el traslado de los primeros 2,000 pandilleros de El Salvador al Centro de Confinamiento del Terrorismo
El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el traslado de los primeros 2,000 supuestos pandilleros a la nueva mega cárcel, en la que pretende recluir a 40,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador. Esta cárcel y el arresto masivo de personas ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por la violación de derechos y detenciones arbitrarias.
En video: El Salvador traslada a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo
El Gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de este viernes a 2,000 supuestos pandilleros a una nueva mega carcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que tiene capacidad para unas 40,000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.
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"Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)", publicó el mandatario en sus redes sociales. El gobierno salvadoreño difundió varias fotografías para mostrar el traslado.
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"Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, escribió Bukele en su perfil en Twitter, donde también publicó un video que mostraba el ingreso de pandilleros a la prisión.
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Pese a que el gobierno no avisó de los traslados, familiares de detenidos por el régimen de excepción se concentraron y lloraron a las afueras del Centro de Detención Menor La Esperanza, el sitio donde salieron los presos rumbo a la nueva prisión.
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A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva mega cárcel en El Salvador, y manifestó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos".
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Los presos llegan al Cecot, de acuerdo con esta imagen distribuida por el gobierno salvadoreño. Bukele inauguró el Cecot a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta "se constituiría en la cárcel más grande de toda América" y que "sería imposible que salga un reo" del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.
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La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
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De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción – aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos– se ha detenido a más de 64,000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3,300.
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Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7,900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
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La cárcel, ubicada a 74 kilómetros de la capital en el municipio Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción dentro de 236 manzanas aisladas de la ciudad. Está compuesta de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario.
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Dos días antes del traslado, una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 supuestos líderes de la mara MS-13, por múltiples crímenes en Nueva York, señaló a las pandillas de haber negociado con miembros del gobierno y partidos políticos para reducir homicidios a cambio de beneficios.
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La prisión también ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Right Watch (HRW) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por supuestas violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.
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Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, aseguró que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela, sugieren que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos porque esto puede ser “obstáculo para la individualización del tratamiento” de los detenidos. “Señalan como parámetro que en algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500. Un complejo penitenciario diseñado para albergar 40.000 personas claramente sería incompatible con este estándar internacional”, opinó.
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