"Está claro quién tiene el control aquí": el presidente Bukele militariza y amenaza a la Asamblea Legislativa de El Salvador
El presidente de El Salvador dijo a sus seguidores que los diputados han roto el orden constitucional y llamó al pueblo salvadoreño "a la insurrección". La escena recordó al protagonismo militar de la guerra civil. El choque entre Bukele y el Parlamento comenzó el 6 de febrero de 2020, cuando el consejo de ministros que dirige Bukele convocó a los diputados a una reunión extraordinaria para tratar un punto único de agenda: la autorización para negociar un préstamo de $109 millones para financiar la tercera etapa de su Plan Control Territorial.
Por:
Efrén Lemus.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado de miembros de las Fuerzas Armadas, habla frente al Congreso el 9 de febrero del 2020.
Imagen Salvador Melendez/AP
SAN SALVADOR, El Salvador.- El gobierno de Nayib Bukeleordenó este domingo la toma de la Asamblea Legislativa porque los diputados no le han aprobado préstamos internacionales para financiar su plan de seguridad. Decenas de policías cerraron las calles de acceso al edificio legislativo, mientras que soldados de la Fuerza Armada ingresaron al Salón Azul, el lugar donde se reúnen los diputados. La militarización del Congreso recordó el protagonismo de los militares durante los 12 años de guerra civil en ese país centroamericano (1980-1992).
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“Me ha sorprendido mucho (la militarización del edificio). No había sucedido esto durante mi carrera militar ni como diputado. Estoy sorprendido, debemos exigir el cese de esta confrontación”, dijo Antonio Almendáriz, un diputado de derecha, quien durante la guerra civil fue coronel. “El Salvador es un país al cual su democracia le ha costado sangre. Ningún salvadoreño puede estar de acuerdo con esto. Con la democracia no se juega”, escribió en su cuenta la diputada Felisa Cristales, una diputada del partido Arena que atendió la llamada del gobierno, pero que se retiró por la militarización del edificio.
El choque entre Bukele y la Asamblea Legislativa comenzó la mañana del 6 de febrero de 2020. El consejo de ministros que dirige Bukele convocó a los diputados a una reunión extraordinaria para tratar un punto único de agenda: la autorización para negociar un préstamo de $109 millones para financiar la tercera etapa de su Plan Control Territorial. El dinero se utilizará para comprar chalecos antibalas, drones, helicópteros para soldados y policías. Ese mismo día, la mayoría de diputados (54 de 84) declararon improcedente la convocatoria, alegando que el gobierno tiene esa facultad solo en casos graves como una catástrofe o una guerra.
“El sábado hasta altas horas de la noche estuvimos tratando de resolver esto. Hay un choque de poderes por algo que no vale la pena”, dijo el diputado Raúl Bonilla.
El proyecto contempla ayuda a los jóvenes de las comunidades estigmatizadas. El anuncio fue hecho tras la reunión privada del mandatario con el secretario interino de Seguridad Nacional de EEUU, Kevin McAleenan, por lo cual expertos aseguran que con el programa indirectamente Nayib Bukele está enviando señales claras de que trabajará con los jóvenes para que no emigren.
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El jueves 6 de febrero de 2020, Bukele anunció en su cuenta de Twitter que el Consejo de Ministros acordó llamar a los diputados a una sesión extraordinaria. Luego, escribió en su red social que si los diputados desobedecían la orden, el pueblo salvadoreño tenía derecho a la insurrección. El mandatario convocó “al pueblo” a una calle aledaña al edificio legislativo.
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En su discurso de este domingo, Bukele arremetió contra los diputados de Arena y el FMLN, partidos que tienen la llave para tomar acuerdos en la Asamblea Legislativa. El presidente los llamó “sinvergüenzas” y los acusó de negociar con las pandillas.
El FMLN dijo en un comunicado: “El grupo parlamentario del FMLN no asistirá a la ilegal convocatoria hecha por el Consejo de Ministros”. Mientras, Arena afirmó: “El tema que ha causado esta crisis no es la aprobación de un préstamo, el verdadero tema es la real amenaza a la democracia”.
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Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió en el Congreso salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas. La oposición de ese país ha denunciado la presión armada al parlamento como un paso previo a un autogolpe.
Imagen Rodrigo Sura/EFE
Bukele dijo a sus seguidores que los diputados han roto el orden constitucional. “El pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios. Les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul y que Dios nos de sabiduría para los pasos que vamos a tomar”. Y, sin más rodeos, se dirigió hacia la Asamblea Legislativa.
En el pleno apenas estaban una veintena de diputados. Lo que destacaba en el Salón Azul eran militares fuertemente armados, con cascos, y policías antimotines. Bukele se sentó en la silla del ausente presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Tomó un micrófono y dijo: “Está claro quién tiene el control aquí”. Luego, se cubrió la cara con sus manos e hizo una oración. Y se retiró sin decir una palabra.
Afuera, sus seguidores lo esperaban. Subió a la tarima y dijo: “Yo le pregunté a Dios y me dijo: paciencia”, en alusión a que no tomaría el control de la Asamblea Legislativa. “En unos meses vamos a tener (el control) esta Asamblea (El Salvador celebrará elecciones en febrero del próximo año)”. ¡No, no!, gritaban algunos seguidores de Bukele, quienes esperaban el aval presidencial para una insurrección.
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El presidente salvadoreño dio un plazo de una semana para que los diputados ratifiquen un préstamo de $91 millones y le autoricen a negociar otro de $109 millones.
“Si estos sinvergüenzas no aprueban en la semana... A todos estos sinvergüenzas los vamos a sacar por la puerta trasera. Una semana, señores. Pidan la paciencia, la prudencia por una semana. Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado. En una semana los convocamos acá. Yo no me voy a oponer de nuevo (a la insurrección)”, dijo el mandatario.
La embajada de los Estados Unidos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, así como gremiales empresariales locales, externaron su preocupación por la crisis política salvadoreña. “Hacemos un llamamiento para que la situación se resuelva de forma satisfactoria y pacífica y que la independencia de las instituciones se respete. El irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país”, reza el comunicado de la Unión Europea, por ejemplo.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó a finales de julio a 1,000 nuevos soldados para tratar de arrebatar a las pandillas el control de cinco ciudades, las cuales se encontraban fuera de un plan lanzado el pasado 20 de junio.
