La pelea que Sheinbaum heredó con una empresa que extraía piedra caliza en México para construcciones en EEUU

Al terminar su sexenio en septiembre pasado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que declaró más de 50,000 hectáreas de la Riviera Maya como área natural protegida.

El decreto, firmado unos días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia, fue la culminación de un conflicto entre el gobierno mexicano y la empresa Vulcan Materials Company, con sede en Alabama, por la extracción de piedra caliza, arena y grava en esa región, considerada uno de los tesoros naturales del Caribe mexicano. Vulcan Material Company operaba en México bajo la filial llamada Calica.

En ese punto de la Riviera Maya, cuyas aguas turquesas atraen a miles de turistas cada año, abundan los cenotes, corales y arrecifes que son refugio para una infinidad de ecosistemas y especies cuyo hábitat es sumamente frágil, según expertos.

En 2017, en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno comenzó a notar irregularidades en las operaciones de la empresa, que por décadas extrajo materiales pétreos con autorizaciones gubernamentales.

Pero fue en 2018, cuando López Obrador asumió el poder, que las agencias federales encargadas de la protección al medio ambiente comenzaron a imponer medidas más drásticas tras evaluar los impactos que la extracción de piedra caliza había tenido en las más de 2,000 hectáreas donde operaba la empresa.

Tras las revisiones de los trabajos de Calica, el gobierno de López Obrador concluyó que la empresa había incurrido en un “abuso de explotación” en la zona y en 2022 clausuró definitivamente la planta que opera frente al parque ecológico de Xcaret, un popular destino de turistas internacionales. “Realizó un aprovechamiento de roca caliza mayor a lo autorizado en superficie y temporalidad”, dijo el gobierno para justificar la medida en ese entonces.

Vulcan Materials Company, a través de Calica, argumentó que lo hecho por el gobierno mexicano equivalía a una “expropiación” y recurrió a tribunales para revertir la orden de López Obrador. También interpuso quejas ante los mecanismos de defensa comercial del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), alegando pérdidas multimillonarias.

El gobierno estadounidense, en la administración de Joe Biden, criticó las medidas de la administración de López Obrador. El entonces secretario de Estado, Antony Blinken, respondió a congresistas sobre el tema en una audiencia diciendo que las acciones del gobierno mexicano contra Vulcan Materials Company no eran “una buena manera de atraer inversiones”.

López Obrador respondió rechazando que se tratase de una “expropiación” de los activos de la compañía y aseguró que su gobierno había intentado negociar con la empresa ofreciéndole comprarle los terrenos, lo que la firma declinó. “Es una clausura”, dijo López Obrador. “Nosotros no queremos traer inversión a cualquier presión, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio, mejor que no vengan”, agregó.

Una 'herencia' legal para la presidenta Claudia Sheinbaum

El conflicto legal fue considerado por medios como una 'herencia' que López Obrador dejaba a Sheinbaum, cuyo gobierno tendría que resolver. Conflicto que ahora está en manos de Sheinbaum, quien afronta un duro panorama con la administración de Donald Trump y sus erráticas medidas arancelarias a productos de México.

Complicando el panorama, el 7 de marzo un grupo de 36 congresistas republicanos aliados de Trump envió una carta al mandatario urgiéndolo a tomar medidas para combatir lo que la empresa Vulcan Materials Company considera una “expropiación”. Igual que su antecesor y aliado López Obrador, Sheinbaum respondió negando que se tratara de una “expropiación” y dijo que su administración buscaba llegar a un “acuerdo” con la empresa.

“Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas, afectando cenotes y acuíferos”, declaró Sheinbaum el 10 de marzo.

Vulcan Materials Company no respondió una serie de preguntas enviadas por Univision Noticias sobre este conflicto.

Qué dice México sobre el decreto que afectó a una empresa de EEUU en el país

El gobierno mexicano, en la anterior y actual administración, ha insistido que el decreto que conviritió los terrenos de Calica en área natural protegida no representa una “expropiación”. Según las autoridades mexicanas, los terrenos donde operó la empresa para extraer piedra caliza utilizada para pavimentar carreteras en Estados Unidos siguen siendo de Vulcan Materials, sólo que ya no podrán extraer el material.

Pero la empresa ha insistido que los actos del gobierno representan una “expropiación”. Desde el año pasado la compañía ha recurrido a legisladores republicanos y demócratas para cuestionar las medidas de México en su contra.

En su carta del 7 de marzo, los 36 legisladores republicanos reiteraron en una carta enviada a Trump que la compañía estadounidense fue “efectivamente expropiada” a través del decreto de López Obrador y pidieron al presidente estadounidense a hacer que “México rinda cuentas” sobre sus acciones.

“Al conversar sobre comercio y seguridad fronteriza con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le pedimos que exija una solución para Vulcan Materials Company”, leyó la carta. “México debe resolver esta crisis mediante negociaciones de buena fe para rendir cuentas por sus acciones ilegales”, agregó.

Un proyecto "que nunca debió haberse hecho"

Luego del boom de desarrollo que vivió a principios de la década de 1970 la región de Cancún, en Quintana Roo, varias empresas pusieron sus ojos en la zona con fines de inversión. Una de las empresas que se interesó en la región fue Vulcan Materials Company, que en 1963 se asoció con una empresa mexicana que después le vendió sus acciones, según el gobierno de México.

En 1986, el gobierno del presidente mexicano Miguel de la Madrid, quien implementó las políticas que se tradujeron en el desarrollo turístico de Cancún, concedió a la empresa la autorización sin restricciones de extracción de piedra caliza por debajo del mar. El gobierno de López Obrador dijo que la administración de De la Madrid prácticamente le dio a la empresa “un cheque en blanco para extraer material” de México.

La actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, dijo en una entrevista radiofónica en junio, cuando apenas se preparaba para asumir el cargo, que desde 1986 ella se opuso al proyecto. En ese momento, recordó, ella se desempeñaba como la primera subsecretaria de Ecología federal en la historia de México, durante la administración de De la Madrid. Pero al expresar su oposición a la autorización que el gobierno se preparaba para conceder a Vulcan Materials Company, fue obligada a renunciar al cargo.

“Me hicieron renunciar porque no quise firmar la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Calica”, dijo Bárcena a la periodista Carmen Aristegui. “Es un proyecto que nunca debió haberse hecho, imagínate lo que es extraer piedra caliza del lado de Quintana Roo para exportarla a Miami para asfaltar las calles, para generar material de construcción, es una cosa espantosa”, consideró.

Recordó que la empresa luego obtuvo ampliaciones para extraer piedra por encima del manto freático. Y el 30 de noviembre del 2000, dijo, el último día de la administración del presidente Ernesto Zedillo, la empresa obtuvo otro permiso para seguir operando por 20 años. En 2020, con López Obrador en el poder, el gobierno no renovó los permisos.

Bárcena, quien se desempeñó como secretaria de Relaciones Exteriores durante el último año del gobierno de López Obrador, dijo que ella estuvo a cargo de las negociaciones de la anterior administración con la empresa a petición del entonces presidente. “El presidente me pidió ver si estos dueños de Calica, de Vulcan, estarían dispuesto a vender y México estaría dispuestos a comprarles para terminar esto”, dijo.

“Yo me senté con los dueños y les dije ‘ustedes no van a poder explotar ni un gramo más, no van a poder extraer nada más de esa zona, entonces les conviene o vender o se quedan con el terreno pero no pueden extraer absolutamente nada’”, dijo. “No aceptaron la oferta, entonces estamos en un litigio”, explicó.

Qué ha pasado con el conflicto entre México y Vulcan en las cortes

El litigio, a nivel de tribunales mexicanos, hasta ahora ha favorecido al gobierno mexicano. A finales de enero, un juez federal negó un amparo a la empresa que buscaba suspender definitivamente la clausura ordenada en 2022. Pero Bárcena reiteró que la compañía extractora de piedra caliza además tiene una queja a través de un mecanismo de disputas comerciales en el que exige una indemnización al gobierno de unos 1,500 millones de dólares.

En su queja ante el órgano de arbitraje internacional, Vulcan Materials Company acusó a las autoridades de haber incurrido en irregularidades en sus inspecciones del sitio donde opera. Además, la compañía acusó a las agencias gubernamentales mexicanas de “omisiones” y de haber incumplido las disposiciones del T-MEC.

Bárcena, exsecretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de la ONU, reiteró que el gobierno de México en la actual y anterior administración consideraron que los “incumplimientos” de Vulcan Materials merecían su clausura. “Realmente la destrucción, y no sólo la destrucción, la cantidad de incumplimientos de esta empresa frente a lo que el gobierno incluso le pidió, se fueron abajo del manto freático”, declaró.

El 11 de octubre, ya con Sheinbaum en la presidencia, Bárcena reiteró en la rueda de prensa matutina de la mandataria que Vulcan Materials había ocasionado un “desastre ecológico” y que la empresa había ofrecido “declaraciones falsas” para tratar de defenderse de las acciones del gobierno mexicano.

El organismo de defensa del medio ambiente Greenpeace recomendó el pasado jueves a Sheinbaum no ceder a las presiones de los legisladores que piden la intervención de Trump para defender a la empresa. “Lo que está por venir no será fácil. Vulcan Materials, una empresa que ha ganado toneladas de dinero devastando la selva maya, está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos, que intervenga, que le jale las orejas a México”, dijo Greenpeace.

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