Gobierno de Colombia afronta demanda millonaria en Miami de una firma investigada por un fraude al Ejército de ese país

La fiscalía de Colombia capturó en noviembre de 2020 al representante legal de una firma de Miami que arrastra un polémico historial de contratos con las fuerzas armadas y la policía del país suramericano.

Harold Giovanny Bocanegra fue acusado de fraude en el suministro de visores nocturnos a las Fuerzas Especiales del ejército. Los visores eran de muy mala calidad y no respondían a las especificaciones requeridas, según la fiscalía.

Varios militares también cayeron presos por supuesta complicidad.

Mientras esto ocurría, la misma empresa bajo investigación en Bogotá, Aviacol USA Corp., adelantaba en Miami una acusación civil contra la Fuerza Aérea de Colombia (FAC). Más específicamente contra la Agencia de Compras de las FAC (Acofa) que tiene sede en Fort Lauderdale, Florida.

La demanda alega que la FAC devolvió a Aviacol en forma injustificada y de “mala fe’’ un avión Turbo Jet Cessna Citation por el que se había comprometido a pagar 4.9 millones de dólares.

El intempestivo desenlace de la negociación le podría costar al gobierno colombiano más de un millón de dólares en caso de perder el juicio, calcula Bocanegra.

Aunque el expediente civil en Miami arroja algunas luces sobre el litigio, el uso que se le daría al avión y la justificación de su devolución continúan siendo un misterio.

“No estoy permitido hablar de casos pendientes involucrando a Acofa’’, afirmó a Univision en un correo electrónico Gerardo Rodríguez-Albizu, el abogado que representa a la agencia de adquisiciones de la FAC en Miami.

La FAC no respondió una petición enviada por escrito desde el primero de abril.

Bocanegra ofreció a Univision por primera vez su versión.

“Si aquí hubiera habido corrupción, el avión estaría volando’’, dijo el empresario al explicar que todo el proceso fue transparente y que se vio interrumpido por circunstancias ajenas a la empresa.

Bocanegra cree que la devolución tuvo que ver con la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero. Los oficiales de la Fuerza Aérea con quien estuvo en contacto durante las inspecciones de la aeronave le comentaron, según él, que el ministro era el más entusiasmado con la compra.

Botero debió renunciar la primera semana de noviembre de 2019 cuestionado por el manejo de una operación militar en la que murieron ocho menores de edad.

“En mi opinión personal, sin comprometer a Aviacol, la devolución del avión estuvo atada a la salida del ministro Guillermo Botero, a él le toca renunciar, viene la pandemia, paros nacionales y el gobierno no quería pasar por el escándalo de que, en medio de todos estos problemas, estaba gastando plata en aviones VIP, eso hace ruido’’, explicó Bocanegra. “Para mi concepto el avión se quedó sin dueño’’, agregó. La renuncia de Botero se produjo dos semanas antes de la firma del contrato .

De ordinario, según Bocanegra, estos aviones no solo son utilizados por la Fuerza Aérea sino que se comparten con la presidencia de la República y otros ministerios.

“Es un avión que se presta para eso, es un avión ligero que no se tiene que coger el avión presidencial que es grande, es como ir a mercar en un camión y que va a gastar más combustible’’, señaló Bocanegra, quien se encuentra en libertad.

Botero, actual embajador de Colombia en Chile, negó la versión de Bocanegra.

“No recomendé su compra [la del avión], como tampoco estuve interesado en adquirirlo, pues consideraba que se debería comprar uno de mayor tamaño’’, escribió Botero en un correo electrónico a Univision.

El embajador dijo que desconocía las razones de la devolución por cuanto “debió suceder con posterioridad a mi retiro’’, pero admitió que estaba enterado de que parte del pago saldría de una compañía de seguro que cubrió el siniestro de una aeronave de la FAC. Según el funcionario los aviones de la FAC “pueden ser usados por la Presidencia o por otras dependencias’’.

En cuanto a los antecedentes de Aviacol, Botero aseguró que no los conocía y que no estaba enterado de la detención de Bocanegra, a quien tampoco conoce.

Pasado de horas

Según Bocanegra la negociación había avanzado sin mayores inconvenientes hasta que la FAC, una vez nacionalizado el avión, empezó a encontrar fallas que no eran graves y se podían corregir. Una de ellas es que las horas del vuelo superaban el límite acordado.

“Que porque faltaba una antena y que porque se pasó 37 horas’’, dijo. “Nos sorprendieron porque el proceso había comenzado desde julio. No nos dieron más razones, nos cancelaron el avión’’, agregó.

El empresario explicó que las fallas podían haber sido subsanadas compensando a la FAC con el pago de las millas e instalando la antena, pero todo indicaba que el propósito era rescindir el contrato a lo que diera lugar. El abogado de Aviacol Jorge L. Fors se refirió a ese punto en la demanda.

“Los asuntos insustanciales presentados por Acofa eran simples pretextos invocados de mala fe para cancelar el acuerdo por motivos ulteriores ajenos a la actuación de Aviacol’’, escribió Fors.

Bocanegra, quien afronta acusaciones de concierto para delinquir y peculado por apropiación, considera que “no hay nada paradójico’’ en que la misma empresa involucrada en Colombia en ese escándalo, esté demandando en Miami por el incumplimiento del contrato del avión.

“Lo que pasa cuando usted siente tener la razón y que sabe que lo que están haciendo es para perjudicarlo, para que este no crezca, para que usted no prospere, pues uno tiene que continuar’’, dijo.

“Inodoro VIP’’

De acuerdo con el contrato el Cessna debía tener capacidad para nueve pasajeros y se acordó que sería entregado a más tardar el 12 de diciembre. Bocanegra recuerda que le causó mucha curiosidad que los funcionarios de la Fuerza Aérea estaban muy atentos a las características del baño del avión.

“De las cosas que más encargaban era que el avión tuviera un baño limpio, que el baño fuera cómodo y lo que más nos advirtieron cuando iban a hacer la revisión, que lo que más precisa es que tenga un baño decoroso’’, explicó Bocanegra.

Fue un requisito que quedó plasmado en el contrato: “baño VIP (inodoro) sección trasera de la aeronave’’, se lee en la casilla de configuración de la aeronave.

Aviacol USA Corp fue inscrita en la Florida en 2012. Su presidente Antanas Jurksaitis, es un empresario de 31 años. Jurksaitis reconoció a Univision que estaba familiarizado con la negociación, pero no ofreció detalles.

Debido al hermetismo que existe alrededor de la negociación, tampoco ha sido posible precisar si al momento del acuerdo de la FAC con Aviacol USA Corp. la compañía ya estaba siendo investigada en Colombia. Bocanegra sostiene que se enteró del caso el día de su arresto en noviembre de 2020.

Negocio frustrado

Las negociaciones comenzaron en julio de 2019. El coronel Alejandro Vélez Ospina firmó el contrato el 25 de noviembre de ese año y el avión fue llevado de Brasil a Colombia el 27 de diciembre. Según la demanda, tres días después fue nacionalizado y se declaró propiedad de la FAC, pero tres días más tarde la entidad informó que se detectaron aspectos que impedían el recibo y que procedería a hacer su devolución.

Según los abogados de Aviacol, la empresa hizo lo que pudo para solucionar los temas cuestionados, pero solo hasta el punto en que la FAC lo permitió. El 9 de enero, la FAC informó a la firma que sería sancionada por la suma de 147 mil dólares como resultado de los inconvenientes.

“Como si no hubiéramos cumplido y como si no hubiéramos entregado nada. Si ellos recibieron el avión y fuera eso nos cobran, nos castigaron doble vez’’, comentó Bocanegra.

Los demandantes sostienen que Acofa se comprometió a pagar 1.7 millones de dólares de adelanto en diciembre de ese año; 735 mil a la entrega de la aeronave; 980 mil en el primer trimestre de 2020, y un pago final de 1.4 millones a los 90 días de firmado el acuerdo a cargo de la compañía de seguros. Los pagos debían hacerse a una cuenta del Bank of America.

Aviacol se comprometió al mantenimiento del avión durante 200 horas y al entrenamiento de cuatro pilotos durante 70 horas.

El expediente en Miami que había comenzado en una corte estatal en julio de 2020 y fue transferido a la jurisdicción federal no ha tenido mayores avances. Ambas partes se enfrascaron en discusiones de jurisdicción y del lugar de notificación de la demanda. Aviacol sostuvo que como Acofa tiene sede en la Florida, la diligencia debía de hacerse en este estado, y Acofa alegó que le corresponde al gobierno de Colombia recibir formalmente la demanda en ese país. En una moción presentada en mayo pasado Aviacol informó al juez del caso que había cumplido con el requisito de notificar al ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Antecedentes cuestionados

El escándalo de la acusación de la fiscalía colombiana contra Bocanegra y otros nueve implicados, puso al descubierto decenas de contratos entre las fuerzas militares y de policía de Colombia con la misma empresa hasta entonces prácticamente desconocida.

Aviacol USA tiene su sede en una bodega del suroeste de Miami. De acuerdo con la revista Cambio de Colombia la firma es parte de un conglomerado encabezado por el empresario colombiano Víctor Hugo Fajardo Castillo y su familia. A Fajardo Castillo, quien no está acusado, se le conoce como “el millonario de las lágrimas’’ por ser uno de los principales proveedores de los gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas de choque de la policía colombiana.

“Es un gran empresario. Es el contratista más antiguo vivo de las Fuerzas Militares’’, explicó Bocanegra. Según él, Hugo Fajardo Bustos, el hijo de Fajardo Castillo, es accionista de Aviacol. Fajardo Bustos también esta bajó investigación por el contrato de los visores nocturnos de acuerdo con comunicados de la fiscalía publicados en la prensa colombiana.

Contraloría interviene

En otro caso diferente al de los visores, la Contraloría General de Colombia pidió a la fiscalía que abriera una investigación por una maniobra presuntamente ilegal que involucraba a Bocanegra. Según la entidad, Bocanegra se presentó como directivo de dos empresas que participaron en una misma licitación de la Armada Nacional, una de ellas Aviacol. El empresario explicó que las compañías
aspiraban al suministro de equipos diferentes lo cual las eximía de la inhabilidad.

Los procesos judiciales no han concluido. Bocanegra no podrá declarar en persona en el caso de Miami. La embajada de Estados Unidos le revocó la visa a raíz de la imputación en Colombia.