Turbulencias del pasado sacuden a un poderoso magnate colombiano de la aviación

Orlando Cabeza Peñaranda es un empresario multimillonario colombiano que se ha mantenido en la sombra tanto para celebrar sus éxitos como para responder a las dudas respecto a los negocios de su emporio de aviación o la fuente inicial de su fortuna.

En cuestión de 30 años Cabeza pasó de ser un piloto de la Policía Nacional de Colombia con un modesto sueldo a un magnate que hoy se desplaza en un avión de 25 millones de dólares y es dueño de lujosas propiedades en varias partes del mundo incluyendo un apartamento en el edificio más caro de Madrid, según lo reveló el periodista Daniel Coronell.

A sus 62 años Cabeza tiene el control de la firma contratista privada que domina la prestación de servicios aéreos ejecutivos en el sector público colombiano y es una de las preferidas de varias multinacionales con una flota de 39 helicópteros y cuatro aviones. Algunos de los contratos con la estatal petrolera Ecopetrol están bajo investigación por posible favoritismo en el proceso de licitación.

Cabeza es además un caso aparentemente excepcional en la embajada de Estados Unidos en Bogotá: su empresa Helistar SAS es contratista de la embajada y él se precia de que sus aviones tienen autorización para volar a 48 estados de Estados Unidos. Sin embargo, el empresario no tiene visado estadounidense, según él mismo lo reconoce.

“Llevo cuarenta años en el mundo de la aviación. Soy visionario, perseverante y muy disciplinado en el trabajo”, escribió Cabeza en respuesta a un cuestionario de Univision Investiga y el portal colombiano La Silla Vacía. “Desde mi llegada a Helistar he trabajado con dedicación para lograr posicionar la empresa donde hoy se encuentra”.

Esta lucrativa trayectoria que ha llevado a Cabeza a codearse con los presidentes de Colombia en los últimos 20 años, incluyendo al actual, Gustavo Petro, se ha visto sin embargo empañada por un episodio del pasado que lo relaciona con presuntos tratos con el narcotráfico.

Un informe de inteligencia de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia del 12 de noviembre de 1996 afirma que “Orlando Cabeza Peñaranda es el piloto encargado de transportar estupefacientes hacia diferentes lugares del país y el exterior, actividad que de igual manera realiza para el narcotraficante Nelson Urrego Cárdenas”.

El informe, obtenido por La Silla Vacía y compartido con Univision, fue citado en un fallo de diciembre de 2000 del juzgado Quinto Penal Especializado que condenó por enriquecimiento ilícito a los hermanos Luis Enrique, alias Miki, y Francisco Ramírez Murillo.

“Nunca he tenido vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico. No he sido investigado en Colombia o Estados Unidos por situaciones relacionadas con narcotráfico”, afirmó Cabeza en respuesta al fragmento del informe enviado al empresario por los periodistas.

Una certificación del archivo general de la Policía Nacional entregada por Cabeza hace constar que no “obra antecedente que corrobore que haya sido investigado”. Cabeza trabajó en la división aérea antinarcóticos de esa institución y acumuló 12 años y cinco meses de servicio durante el cual no registra felicitaciones ni amonestaciones, según la constancia.

El informe de inteligencia que cita a Cabeza fue enviado por la Dirección de la Policía a la fiscalía colombiana el 13 de noviembre de 1996, un día después de elaborado, pero la sentencia no indica el trámite que se le dio posteriormente.

Basándose en otro reporte de inteligencia de 1997 la jueza del mismo caso Patricia Ladino Gaitán señaló que existía una relación de negocios entre el narcotraficante confeso Miki Ramírez y Luis Ernesto Bejarano Celis. Bejarano es cuñado de Cabeza. Estuvo casado al menos hasta 2022 con una hermana del empresario.

“Igualmente, refiere la misiva, que Luis Enrique Ramírez Murillo “Alias Miki” se convirtió en uno de los principales cabecillas del cartel de Medellín, logrando relacionarse con Jean Ibrain Feghali alias Jhon Naser, Luis Antonio Rincón Gómez y Luis Ernesto Bejarano Celis, personas estas con las que para la fecha del informe conduce sus negocios”, escribió la juez parafraseando el reporte de inteligencia.

Univision Investiga y La Silla Vacía pidieron a Cabeza en su cuestionario un comentario sobre esta referencia a su cuñado, pero el empresario no ofreció ninguna explicación en sus respuestas. No fue posible establecer contacto con Bejarano.

En Colombia los informes de inteligencia contienen información de fuentes e informantes y observaciones de las autoridades operativas en relación con personas que podrían estar vinculadas a actividades ilícitas, pero no son señalamientos definitivos que obligatoriamente conduzcan a una acusación formal, según explicaron expertos.

“Es un elemento orientador, no es determinante, es un insumo para que la policía judicial pueda adelantar su investigación, pero la prueba no es el informe de inteligencia”, explicó el exteniente coronel en retiro Víctor Daniel Murcia, especialista en inteligencia militar.

Cabeza aseguró que no afronta ningún cargo por narcotráfico en Colombia.

Sin visa

Univision envió un mensaje a la Embajada de Estados Unidos en el que citó el informe de la policía colombiana identificando a Cabeza como supuesto piloto del narcotráfico a fin de establecer qué tipo de indagación (due diligence) realizó antes de la adjudicación a Helistar SAS de un contrato por 1.4 millones de dólares en 2022 para la prestación de servicios de transporte aéreo. Es uno de de varios contratos de la empresa con la sede diplomática.

De acuerdo con el portal de contratación federal HigherGov el contrato fue financiado por el Buró de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs), una dependencia del Departamento de Estado que coordina los esfuerzos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos respondió que “con antelación a la adjudicación de cualquier contrato, la Embajada de Estados Unidos cumple con la debida diligencia requerida para recibir fondos federales”.

En cuanto al contrato el funcionario informó que “no ha sido usado” desde abril de 2023 sin especificar las razones.

En su respuesta el gobierno de Estados Unidos no negó ni confirmó si la embajada retiró el visado a Cabeza, uno de los temas planteados en el mensaje. De ordinario la embajada se abstiene de dar este tipo de información sin autorización del afectado.

Cabeza respondió a Univision y La Silla Vacía que su visa no fue revocada, sino que se venció “y no decidí renovarla (sic)”. Negó que hubiera contratado a abogados para reanudarla.

De acuerdo con dos fuentes consultadas por Univision Cabeza se quedó sin visa entre 2003 y 2004 por lo que debió vender un apartamento en Key Biscayne, Florida, que había adquirido recientemente.

Los registros públicos de propiedades de la Florida muestran que el empresario y su esposa Luz Helena Abril compraron el 14 de julio de 2003 un penthouse en esa zona exclusiva de Miami por 1.9 millones de dólares y que un año después, el 12 agosto de 2004, fue vendido por dos millones.

Cabeza sostuvo que vendió la propiedad “mucho tiempo después (como tres años) de haberla adquirido”.

El fallo

El fallo del juzgado en el que fueron citados los nombres de Cabeza y su cuñado describe la bonanza y caída de un narcotraficante confeso de la época que había colaborado con la fiscalía colombiana y autoridades de Estados Unidos ofreciendo información sobre el paradero del jefe del Cartel de Medellín Pablo Escobar. El gran capo del cartel fue abatido en diciembre 1993.

Se trata de Luis Enrique Ramírez Murillo más conocido como Miki Ramírez, acusado de narcotráfico en cortes federales de Puerto Rico y la Florida desde mediados de los años noventa.

El juzgado colombiano lo condenó a seis años de prisión junto con su hermano Francisco, alias Neneco por enriquecimiento ilícito. En esa misma sentencia, confirmada por un tribunal superior, los jueces no hallaron méritos para hallarlos culpables de delitos de narcotráfico.

“Al ser Luis Enrique Ramírez Murillo “Alias Miki” un hombre tan cercano al jefe del cartel de Medellín, tuvo la oportunidad de conocer todos sus movimientos, negociaciones y personas que conformaban esa red de narcotráfico; situación que le sirvió para afianzarse como principal exportador de droga”, afirma el fallo.

Miki cayó en desgracia en 1996. Fue capturado en junio y varias de sus propiedades fueron objeto de múltiples allanamientos de la policía.

A mediados de ese año la Armada Nacional de Colombia confiscó un avión Super King 300 de matrícula estadounidense N-8302N que supuestamente pertenecía a su organización y en septiembre fue acusado de cargos de narcotráfico en Puerto Rico junto con ocho sospechosos.

El avión fue devuelto a una compañía de seguros por orden de la justicia colombiana. En una demanda contra la nación por perjuicios North Pole Investments Inc. una de las empresas vinculadas a Cabeza, alegó en 2018 que la aeronave era de su propiedad pero que “debido a los procesos penales en los que ha estado implicada” […] no podía solicitar el reconocimiento de ese derecho (de dominio)”.

Cabeza no respondió a la pregunta del cuestionario de los periodistas relacionada con el historial del avión.

En sus descargos en Colombia, Miki calificó de “apócrifos y sin ratificar” los informes de la policía que lo comprometían en actividades de narcotráfico y aseguró que las autoridades no encontraron “ni siquiera un gramo de droga” en los allanamientos.
En 1997 la fiscalía del sur de la Florida acusó a Miki de cargos de narcotráfico junto a varios supuestos cómplices.

En esa misma corte se le abrió otro proceso por trasiego de drogas y en 2002 fue declarado prófugo. Uno de los tres procesos continúa abierto.

Univision intentó comunicarse con Ramírez a través de personas que han tenido contacto con él, pero no fue posible conocer su versión.

Tampoco fue posible comunicarse con Urrego, mencionado en el fallo como presunto asociado de Cabeza y quien rindió testimonio para el caso de los Ramírez junto con los cabecillas del Cartel de Cali Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Urrego fue condenado en Colombia por narcotráfico, pero logró reducir la sentencia por su colaboración en el desmantelamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

En coordinación con agentes federales de Estados Unidos, el narcotraficante vendió a líderes guerrilleros teléfonos satelitales que habían sido previamente preparados por agentes de la DEA para interceptar conversaciones y localizar sitios de transmisión.

El nombre de Urrego se conoció en Colombia en 1995 en medio del escándalo conocido como el 8000 y en el que se descubrieron aportes del narcotráfico a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper Pizano. Santiago Medina, ex tesorero de la campaña, denunció que Urrego había aportado 150 mil dólares.

Cabeza aseguró que no conoce a Ramírez. En su respuesta por escrito no hizo referencia a Urrego.

A la pregunta de si negoció con el gobierno de Estados Unidos a cambio de información sobre actividades de narcotráfico respondió:
“Jamás he realizado negociación alguna con el gobierno de Estados Unidos por cuanto nunca he recibido acusaciones de ninguna corte de ese país”.