Una madre se infiltró en una red de tráfico sexual para rescatar a su hija de 19 años en Colombia

La mujer narró cómo logró convencer a dos hombres que tenían cautiva a su hija para que acudieran a una celebración familiar. Allí reunió evidencia y logró que la policía montara un operativo para rescatar a la joven. Cuatro personas fueron detenidas y acusadas por el delito de trata de personas agravado.

Por:
Univision
De acuerdo con los reportes iniciales, dos hombres lograron escapar de un hotel en Houston y contactar a las autoridades para pedir ayuda tras, presuntamente, haber sido víctimas de tráfico humano. Cuando los agentes llegaron al lugar pudieron interceptar dos autos que trataban de darse a la fuga. 9 personas fueron detenidas y se reportan al menos tres heridos de bala. Más información en Univision Noticias.
Video Autoridades detienen a nueve personas vinculadas con un presunto caso de tráfico humano en Houston

Tras la desaparición de su hija de 19 años, una madre colombiana siguió todas las pistas hasta ubicar el chat de la banda de traficantes sexuales que mantenía cautiva a la joven, se ganó su confianza y los invitó a una fiesta familiar en la que fotografió a los sospechosos. Con esas pruebas los denunció y logró que policías rescataran a la víctima, de acuerdo con las autoridades y un reportaje de Noticias Caracol.

Cuatro supuestos tratantes, incluyendo una pareja y su hijo, fueron puestos bajo custodia esta semana en un operativo en el que participaron agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Colombia.

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La madre de una de las víctimas relató a Noticias Caracol cómo se infiltró en esa organización criminal para lograr que su hija volviera a casa. El periplo de la joven se inició en un bar en el norte de Bogotá, donde un hombre la invitó a trabajar en una supuesta empresa de eventos que le pagaría bien. Era una trampa para llevarla a un apartamento donde la obligaron a prostituirse, narró la mujer.

Cuatro personas fueron detenidas bajo sospecha de cometer el delito de trata de personas en Colombia.
Cuatro personas fueron detenidas bajo sospecha de cometer el delito de trata de personas en Colombia.
Imagen Fiscalía de Colombia


“Él la saca a bailar, la asecha con preguntas como: qué hace, de dónde viene, con quién vive, en qué trabaja el papá, la mamá. Le saca información, empieza a decirle que puede hacer que ella gane mucha plata para que pueda estudiar”, contó al mismo medio.

“Entonces él dice: 'Lo que pasa es que nosotros con mi papá trabajamos en una empresa de eventos y allá las chicas nos tienen que acompañar para hacer eventos de diferentes cosas y celebraciones y allá les pagamos muy bien, como por los turnos'”, continuó.

Su hija volvió a casa aquella noche. Tiempo después, sin poder conseguir un empleo formal, ella le llamó al hombre con el que había conversado en el bar para aceptar su oferta. Pero al llegar al lugar, le explicaron que sería una “dama de compañía”. La abusaron y la fotografiaron desnuda para publicar esas imágenes en internet ofreciendo sus servicios sexuales. Para evitar que escapara la encerraron en la vivienda, le quitaron su identificación y dinero, y le prohibieron hablar por teléfono con sus familiares sin que ellos estuvieran presentes, según esta mujer.

No fue la única que cayó en sus garras. En un momento llegaron a tener hasta 10 jóvenes, algunas menores. “A ella le daba mucho pesar con esa niña de 15 años, porque sabía que estos hombres eran muy cochinos, muy degenerados”, narró con lágrimas la madre de la víctima a Noticias Caracol.

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En su reportaje, el medio publicó la imagen que ayudó a desarticular a esta banda. La mujer y su hija posan en el centro y a sus costados lo hacen los dos tratantes. Detrás de ellos, dos globos que formaban el número 40 quedaron como evidencia de la falsa fiesta donde lograron fotografiarlos. Ella les había dicho a los tratantes que quería despedirse de su hija en una celebración familiar. Después logró ubicar el lugar exacto donde su hija era obligada a prostituirse y dio parte a las autoridades.

El operativo policial

La Fiscalía colombiana indica que se trata de “un grupo familiar señalado de contactar jóvenes de Bogotá e inducirlas a realizar actividades sexuales con fines comerciales”.

Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía de ese país, explicó en un video difundido en Twitter que las víctimas eran ubicadas en las redes sociales y en bares. Luego creaban perfiles con sus fotos para ofrecerlas como prostitutas y damas de compañía.

“Posteriormente eran trasladadas para cumplir esos encuentros íntimos”, dijo el funcionario.


Este grupo delictivo operaba en Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y otros municipios de la Sabana Norte y el occidente de Bogotá.

“En uno de esos casos la organización presuntamente retuvo a una mujer en un inmueble. La sometió a realizar actos sexuales, le quitó dinero y documentos de identidad, y la obligó a ejercer trabajos domésticos sin remuneración a cambio”, dijo Tovar Pérez.

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Una pareja y su hijo operaban el grupo

Los cuatro detenidos fueron imputados por el delito de trata de personas agravado. Se trata de:


  • Juan Manuel Vargas Díaz, quien supuestamente se encargaba de “ubicar y convencer a las mujeres” de ser parte de una “comunidad virtual” donde finalmente las prostituyeron. “Este hombre habría captado a la víctima del caso de trata de personas en la localidad de Chapinero, en Bogotá, y la vinculó al grupo de internet frecuentado por personas que buscaban y pagaban para sostener relaciones sexuales”, señala la Fiscalía en un comunicado. Este hombre sigue bajo custodia.
  • Óscar Javier Vargas Laverde, quien es padre de Vargas Díaz, era el responsable de contactar a los clientes y recibir el pago por los servicios sexuales. De ese dinero “descontaba diversos valores a las jóvenes por concepto de gasolina, transporte, entre otros. Al parecer, fue quien ejerció control sobre la víctima de trata de personas, restringiendo sus comunicaciones y libertad, y la obligó a tener encuentros sexuales”, según el comunicado.
  • Emilce del Rocío Díaz Prieto, quien es madre de Vargas Díaz y esposa de Vargas Laverde, es acusada de “obligar a la víctima de trata de personas a cumplir trabajos domésticos sin remuneración”, indica la Fiscalía. Ella sigue ligada a la investigación.
  • Y Kevin Pineda Naranjo, la persona que supuestamente recibía a las mujeres contactadas para los servicios sexuales. Él fue puesto bajo custodia domiciliar.
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De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior de Colombia, entre 2013 y 2020 se registraron 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82% correspondió a mujeres.

A finales de septiembre, las autoridades arrestaron a nueve integrantes de una banda que operaba en la frontera entre Colombia y Venezuela. Se alega que tenían nexos con delincuentes en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España, México y Estados Unidos.

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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Imagen Departamento de Justicia (DOJ)
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