Policía de Nicaragua agrede a los opositores que regresaron a las calles a un año de la última gran marcha contra Ortega

Managua, Nicaragua-. Menos de 24 horas después de que el gobierno de Daniel Ortega asegurara ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que respetan los derechos humanos, sociales y políticos, la policía de ese país desplegó todo su poderío antidisturbios este sábado en Managua.

Los oficiales, junto a paramilitares asociados a la administración sandinista, reprimieron una protesta convocada por la oposición “azul y blanco” con gases lacrimógenos y disparos de canicas, provocando al menos dos heridos y varios detenidos.

El despliegue policial fue colosal. Ni la torrencial lluvia que remojó Managua melló a los oficiales, quienes se apostaron desde muy temprano en los cuatro puntos de reunión para la protesta opositora.

Centenares de antimotines cercaron a los manifestantes 'azul y blanco', quienes se convocaron en memoria del joven Matt Romero, asesinado hace un año durante la que fue la última marcha multitudinaria en Nicaragua en 2018.

Pese al asedio policial, decenas de manifestantes —entre ellos líderes sociales opositores y excarcelados políticos— desenfundaron sus banderas e intentaron marchar, aunque no tuvieron éxito. Los antidisturbios ni siquiera los dejaron salir de los puntos de reunión y arremetieron contra ellos con bombas lacrimógenas y de sonido.

Mientras, detrás de las líneas policiales, paramilitares disparaban canicas de vidrio y tiraban piedras a los ciudadanos.

El excarcelado político Pedro Estrada fue alcanzado por una canica que le provocó una seria herida en la cabeza. La ciudadana Karla Patricia Ñamendi quedó desmayada y aturdida, según constató Univision Noticias en el sitio de los disturbios.

La Unidad Azul y Blanco, bloque opositor que aglutina a decenas de movimientos opositores y que convocó a la manifestación, informó sobre la detención de varios ciudadanos por parte de la policía.

Desde que el gobierno de Ortega prohibió toda protesta en Nicaragua hace un año, cuando logró desarticular por medio la rebelión cívica desatada en abril 2018, la policía ha instalado un estado de sitio permanente: persecución y detenciones recurrentes de políticos excarcelados, estudiantes, ciudadanos, periodistas y líderes sociales que intentan expresarse en las calles.

De la mano del sitio policial, los simpatizantes y paramilitares también realizan acoso y hostigamiento. Una de las prácticas más comunes en los últimos meses es vandalizar las casas de los opositores para luego escribir en las paredes exteriores la consigna “plomo para los golpistas”.

Este sábado la Radio Corporación, la principal emisora independiente de Nicaragua, denunció que unas personas trataron de ingresar a su planta de transmisión para dañarla e impedir la transmisión de la protesta opositora.

Los policías también instalaron retenes en los diferentes departamentos de Nicaragua, y requisaban todos los vehículos en dirección a Managua. La tarea policial era impedir que manifestantes llegaran a la capital para sumarse a la protesta.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) condenaron la jornada represiva de este sábado. “Exigimos al gobierno de Ortega detener la represión”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

ONU: la represión no ha cesado

En abril de 2018 estallaron las protestas sociales en Nicaragua luego de que el gobierno de Ortega ordenó de manera unilateral reformas a la seguridad social. Aunque el sandinismo se retractó de la medida, pronto la protesta ciudadana había mutado: reclamaba justicia y democracia debido a los primeros asesinatos cometidos por la policía.

La protesta se le salió de las manos al gobierno, ya que incluso estalló en sus propias bases partidarias. Se expandió por todo el país y Ortega recurrió a grupo paramilitares para acallar el descontento. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo 325 muertos, aunque otros organismos cifran el número en más de 400. Muchos de esos casos fueron catalogados como ejecuciones extra judiciales, y de allí un panel de expertos internacionales acusó al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad.

Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicó un contundente informe sobre la situación en Nicaragua. La oficina dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet fue enfática: En Nicaragua la represión no ha cesado.

Sin embargo, el gobierno de Ortega rechazó el informe y la mayoría de las recomendaciones de la oficina de Bachelet.

En cambio, Carlos Morales, embajador sandinista en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, alegó “no ha sido ni será política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional”.

Menos de 24 horas después, la escenas registradas en Managua lo contradecían totalmente, de acuerdo a críticos opositores.

Las delegaciones acreditadas en la ONU también condenaron la postura del gobierno de Ortega, incluido el embajador de El Vaticano, pese a que la Santa Sede fue testigo y acompañante del fallido diálogo nacional entre la oposición y el gobierno.

Los países demandaron a Ortega el derecho a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de prensa; excarcelación de los presos políticos, retorno de los mecanismos especiales de derechos humanos, el desarme de paramilitares, aplicación de justicia para los autores de las masacres e investigaciones independientes para los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad señalados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

No obstante, el embajador de Ortega volvió a declarar que han sido víctimas de “un fallido golpe de Estado”, y, por tanto, “continuarán con la ejecución de la Estrategia de Seguridad Soberana y Ciudadana”.

La estrategia aludida por el diplomático nicaragüense no es más que una medida constitucional aprobada por Ortega que le da licencia absoluta para reprimir a los opositores.

Punto máximo de tensión con la OEA

El gobierno de Ortega también mantiene tensas relaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA) en estos momentos. El organismo ejecuta la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, que es la antesala para la expulsión de Nicaragua de la OEA.

Sin embargo, el Consejo Permanente aprobó una “Comisión de Alto Nivel” para darle la última oportunidad a Ortega de resolver la crisis sociopolítica de forma negociada en 75 días so pena de ser expulsado.

Pero el gobierno de Ortega se ha atrincherado más en su postura anti OEA. La semana pasada prohibió a todas las aerolíneas internacionales que operan en Nicaragua el abordaje de los representantes de la “Comisión de Alto Nivel” que pretendían aterrizar en Managua para realizar diversas gestiones.

Entre los representantes estaba Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante el organismo interamericano.

En Washington, esta prohibición fue muy mal vista, en especial por congresistas y funcionarios del gobierno de Donald Trump, quienes han aplicado severas sanciones económicas al entorno sandinista, incluyendo medidas directas a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, y su hijo Laureano.

Mientras tanto, en Nicaragua la resistencia ciudadana se expresa de diversas formas, incluso en las celebraciones de las fiestas patrias este 14 y 15 de septiembre.

Muchos alumnos de colegios públicos fueron expulsados por cantar canciones anti gobierno en los recintos o por portar en los desfiles la bandera del país con el escudo inverso en señal de protesta. También, algunos líderes sociales y periodistas en el exilio regresan poco a poco a Nicaragua.

El caso más reciente fue el del politólogo Félix Maradiaga, a quien el gobierno procesó en ausencia por supuesta “financiación del terrorismo para propiciar el golpe de Estado fallido”.

“Mi decisión de regresar implica riesgos. Los nicaragüenses aún no tenemos libertades, y yo tampoco tengo ninguna garantía. Insisto en que aún no hay condiciones para el retorno seguro de los exiliados”, alertó Maradiaga.