Régimen de Maduro libera tres presos políticos antes de que llegue la visita de Bachelet a Venezuela

El diputado opositor Gilber Caro, encarcelado casi dos meses, y dos hombres que permanecieron 14 meses tras las rejas, fueron puestos en libertad la noche del lunes, pero aún permanecen confinadas 715 personas por razones políticas, según la organización Foro Penal.

Por:
Univision y Agencias
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro
Imagen Juan Barreto - Getty Images

Tres presos políticos, entre ellos un diputado opositor, entre los centenares que mantiene el régimen de Nicolás Maduro, fueron excarcelados la noche de este lunes en vísperas de la visita al país suramericano de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

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El diputado suplente Gilber Caro fue liberado tras permanecer detenido casi dos meses en una de las sedes capitalinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), indicó la Asambea Nacional, de mayoría opositora, a través de su cuenta de Twitter.

Caro fue detenido el 26 de abril por miembros del Sebin cuando se encontraba en un restaurante del este de la capital. En el 2017 el diputado fue arrestado por primera vez tras ser acusado de participar en un supuesto complot contra el gobierno, y a mediados del 2018 salió en libertad gracias a un proceso promovido por las autoridades para liberar a presos políticos.

A su salida de prisión el diputado Caro fue recibido por un grupo de oficialistas y opositores que integran el Grupo de Boston, creado en 2002 e integrado por legisladores venezolanos y estadounidenses.

Con un maletín y vestido con ropa deportiva, el parlamentario de 45 años, sonriente, los abrazó antes de intercambiar unas breves palabras en una sala.

“La puerta giratoria de nuestros presos políticos sólo se frenará en democracia”, tuiteó el presidente del parlamento Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, al celebrar la excarcelación de su compañero de partido.

De igual forma fueron liberados Melvin Farías y Junior Rojas tras permanecer detenidos 14 meses en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), anunció por la misma red social el activista Alfredo Romero, director de la organización humanitaria local Foro Penal, que cifra en 715 el número presos políticos en Venezuela, de los cuales unos 600 son civiles y el resto militares.


"Para nosotros es fundamental que en esta visita la Alta Comisionada Michelle Bachelet exija la liberación total de los presos políticos", sostuvo Romero en conferencia de prensa.

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Farías y Rojas fueron detenidos en abril del 2018 luego de un confuso incidente en un centro comercial de la capital en el que estuvo involucrado el hijo de un funcionario.

La justicia bajo férreo control del régimen socialista procesa a otros 15 legisladores opositores por el fallido alzamiento militar contra Maduro el pasado 30 de abril, a quienes en un procedimiento rápido se les arrebató el fuero parlamentario para enjuciarlos en tribunales ordinarios.

Uno de los congresistas, Édgar Zambrano, primer vicepresidente del parlamento, está detenido en una instalación militar de Caracas, mientras los demás diputados procesados se encuentran refugiados en embajadas o en la clandestinidad.

Édgar Zambrano es uno de los siete diputados cuya inmunidad parlamentaria fue despojada por la justicia chavista venezolana. Sin embargo, se conoció que otros tres representantes engrosan la lista del poder judicial que los acusa de tener responsabilidad en la insurrección militar ocurrida días atrás. Por otro lado, Maduro decidió mediante decreto expulsar a 54 militares y a un exjefe de la policía política del régimen por presuntamente estar vinculados al breve alzamiento del 30 de abril.
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La liberación de estos tres presos liberados ocurre 48 horas antes de la llegada de Bachelet, quien estará en Caracas del 19 al 21 de junio. La expresidenta chilena tiene previsto reunirse por separado con el gobernante Nicolás Maduro y con Juan Guaidó.

Bachelet también sostendrá encuentros con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ambos sujeto de sanciones por parte de Estados Unidos, y con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

A principios de marzo la alta comisionada envió un equipo técnico que estuvo en Caracas y dos ciudades del interior durante casi dos semanas para evaluar la situación de los derechos humanos y las condiciones para su visita.


La misión efectuó el viaje poco antes que la funcionaria presentara un informe oral sobre Venezuela en el que manifestó preocupación por la “magnitud” y “gravedad” de la repercusión de la crisis económica y política del país sobre los derechos humanos, y sostuvo que las sanciones económicas que recibió la corporación petrolera estatal podrían agravar la situación

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La Alta Comisionada podrá constatar la política del gobierno a favor de los derechos humanos y "las repercusiones negativas generadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país", señaló el gobierno venezolano en un comunicado, aludiendo a sanciones de Estados Unidos.

"No podemos seguir así, hemos esperado mucho, todos los días alguien cae", advierte Evellyne Fernández, madre de Edenny, una joven de 15 años diagnosticada con talasemia mayor, una forma de anemia severa que obliga a hacer transfusiones de sangre cada tres semanas. La joven, que sueña con ser abogada, recibe transfusiones desde que tenía tan solo siete meses de nacida y contrajo hepatitis C por una donación de sangre a la que no se le aplicaron protocolos de serología pertinentes, porque en el país no hay los reactivos necesarios para realizar estudios clínicos, según denuncian los médicos.
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Cristina es una adolescente con talasemia. Antes de enfermarse era modelo, tocaba el violín y soñaba con ser publicista. Espera por un trasplante de médula desde 2014, pero en 2016 su situación comenzó a agravarse y, como Edenny, contrajo hepatitis C por una transfusión de sangre. Además, padece malnutrición moderada, producida por la misma talasemia, y lupus eritematoso sistémico. Su madre, Rosa Colina, cuenta que, en ocasiones, la vence el desánimo: “Ya, mamá, no quiero más”, le dice.
Jerson, de 14 años, con su madre, Verioska Martínez. Sufre de aplasia medular severa. El Trombopac, un medicamento que podría ayudarle, no se puede conseguir en Venezuela. Quien tiene la suerte de encontrarlo, puede llegar a pagar 800 dólares por él. Además, los niños necesitados de transfusiones deben tomar un medicamento que ayuda a reducir la sobrecarga de hierro en la sangre. A finales del pasado año dejaron de tomarlo porque el Estado ya no se lo proporciona y es muy difícil de conseguir en el país.
Según el último estudio de la organización Médicos por la Salud, 1,557 pacientes murieron en centros sanitarios por falta de material y 79 por apagones entre el 19 de noviembre y el 9 de febrero pasado. Inés Zarza tiene mellizas de siete años. Una de ellas, María Elena (en la fotografía), padece anemia drepanocítica severa (que destruye los glóbulos rojos). La madre critica que el gobernante Nicolás Maduro haya aprobado un gasto de 50 millones de euros para la creación de una industria militar textil y otros más de seis millones de euros para la fabricación de armas. “En su mente tienen una guerra en la que nadie va a pelear con ellos", dijo a la agencia EFE. No ha podido practicarle la prueba a las mellizas para ver si son compatibles para el trasplante porque no puede pagar los 2,600 dólares que cuesta.
"Entre madres uno se ayuda, a veces yo me paro ahí en el hospital a preguntar quién tiene un medicamento, y si alguien lo tiene me lo da y yo después se lo repongo, y así", cuenta Jacqueline Sulbarán, en la foto con su pequeño de 10 años que sufre leucemia. El niño debe recibir quimioterapia durante dos años para evitar que la enfermedad regrese, y su madre pelea contra las dificultades. En el hospital "no hay nada" y los tratamientos están paralizados porque se dañó el aire acondicionado de la sala. Maduro culpa a Estados Unidos de la paralización de este programa, pues asegura que el gobierno de Donald Trump le impuso un "bloqueo económico" que le impide pagar a la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea (ATMO) de Italia.
Zulema González junto a Juan Manuel, quien fue diagnosticado con anemia cuando tenia seis meses, pero pasó a ser severa cuando, en enero de 2017, sufrió un accidente cerebrovascular. En febrero de este año sufrió otro. "Mi hijo necesita el trasplante porque cada 21 días se trasfunde. Su sangre es B+. Me ha tocado comprar sangre pero a veces no logro conseguirla y pasó más de un mes sin trasfundirse. Acá no hay sangre congénica porque no hay reactivos y el gobierno como siempre no ha hecho nada por solucionar ese problema de forma real para los niños con esta condición. Médicos y organizaciones no gubernamentales resaltan que la paralización del convenio de tranfusiones con Italia no se debe a las sanciones de EEUU, ya que el programa presenta retrasos desde 2015, pero el deterioro de los hospitales se viene produciendo desde hace al menos una década".
Elsa Murillo con su hijo Miguel Alejandro, de 16 años. Fue diagnosticado en 2007 con Beta-Talasemia mayor, una enfermedad genética que se caracteriza por la anemia severa y que obliga al adolescente a someterse a transfusiones de glóbulos rojos cada tres semanas. "Me pongo triste cuando veo que él pierde el ánimo. A veces me dice que ya no quiere más", dijo Murillo.
Norilsa Aparicio y su hijo Oscar, de 16 años, quien tiene la condición de Beta-Talasemia mayor. "Mi hijo manifestó la enfermedad a los cuatro meses de nacido. La médula de él no produce glóbulos rojos. La enfermedad es un poco manejable pero llevamos 14 años pidiendo el trasplante. Esta enfermedad es hereditaria. Me arriesgué a tener otro hijo para ver si eran compatibles, pero no, mi hija también es portadora, ella tiene 10 años. Lo más difícil para mí ha sido aprender a ser madre de este manera.
Yelitza Parra junto a su hijo Alyeiner Moisés, de siete años, quien fue diagnosticado con Aplasia medular severa y necesita constantemente tratamientos y transplantes, sobre todo plaquetarios. También padece de Hepatitis C y síndrome de Cushing. Fue diagnosticado a los cuatro años de edad gracias a exámenes de rutina en el colegio. "A mí me ha tocado comprar las agujas para hacerle la hematología a mi hijo", dijo Yelitza.
De los 30 pacientes en espera por tranfusión de médula, cuatro murieron en mayo. Uno de ellos, Robert, necesitaba Vancomicina y Meropenem, dos antibióticos para tratar infecciones graves que no pudo ingerir porque su madre, Geraldine Labrador (en la foto cargando el retrato de Robert) no los encontró. Ella culpa a la "negligencia del Estado" por la muerte de su hijo. "El miércoles pasado (15 de mayo) fuimos al hospital. Lo dejé allí con otras mamás conocidas mientras le buscaba el desayuno. En ese momento recibí la llamada de una de ellas y me dice que Robert estába mal (...), durante 40 minutos las doctoras estuvieron ayudándolo (...). Estuve con él, lo besé mucho y decidí que se le quitaran todos los tubos. No merecía seguir sufriendo más", contó Geraldine.
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"No podemos seguir así, hemos esperado mucho, todos los días alguien cae", advierte Evellyne Fernández, madre de Edenny, una joven de 15 años diagnosticada con talasemia mayor, una forma de anemia severa que obliga a hacer transfusiones de sangre cada tres semanas. La joven, que sueña con ser abogada, recibe transfusiones desde que tenía tan solo siete meses de nacida y contrajo hepatitis C por una donación de sangre a la que no se le aplicaron protocolos de serología pertinentes, porque en el país no hay los reactivos necesarios para realizar estudios clínicos, según denuncian los médicos.
Imagen Miguel Gutiérrez/EFE
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