Tras la detención del exgobernador de Veracruz Javier Duarte en Guatemala el fin de semana pasado, el gobierno mexicano y las autoridades de Guatemala acordaron continuar un proceso judicial para extraditarlo.
Este es el proceso por el que tendría que pasar Javier Duarte antes de ser extraditado a México
Luego de que el gobierno mexicano pida formalmente su extradición por la vía diplomática, la PGR tiene un plazo máximo de 60 días para presentar las pruebas de la acusación contra el exgobernador de Veracruz.

Este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció al respecto y dijo que tanto la detención de Duarte como la del exgobernador Tomás Yarrington, ambos exmilitantes del partido oficialista PRI, son un mensaje contra la impunidad.
"Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos independientemente de lo que determine el poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente contra la impunidad", dijo Peña Nieto durante un evento del Congreso del Trabajo. Además, el mandatario aseguró que el arresto se dio como resultado del trabajo coordinado del gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales.
Sobre el proceso para devolver a Duarte a México, el ministro de Gobernaciónde Guatemala, Francisco Rivas, sostuvo en una rueda de prensa que Duarte ingresó de manera ilegal a territorio guatemalteco y que conforme a la ley procedía su expulsión. Sin embargo, afirmó, se acordó junto con las autoridades mexicanas que se siguiera el proceso judicial para la extradición conforme a un tratado que tienen vigente los dos países.
El proceso podría tardar entre seis meses y un año antes de su traslado a México, de acuerdo con el subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Alberto Elías Beltrán.
"La experiencia que hemos tenido (...) en extradiciones con el Estado de Guatemala, estamos hablando de alrededor de seis meses a un año", dijo el subprocurador a Televisa.
De acuerdo con el Tratado de extradición que México y Guatemala firmaron en 1997, luego de que el gobierno mexicano pida formalmente su extradición por la vía diplomática, la PGR tiene un plazo máximo de 60 días para presentar las pruebas de la acusación contra el exgobernador de Veracruz en las que se basa la petición de captura y extradición.
La Fiscalía guatemalteca deberá presentar a un juez competente la petición formal de extradición cuando la reciba, y este deberá convocar a una audiencia judicial para resolver la solicitud, es decir, para decidir si existen las pruebas suficientes para acceder a la petición.
Duarte podría ampararse ante esa resolución, lo cual alargaría el proceso, sin embargo, de acuerdo con su abogado Rodrigo Sandoval, el exgobernador sí aceptará la extradición. De acuerdo con el documento del tratado, si la persona reclamada acepta voluntariamente ser extraditada, deberá ser entregada inmediatamente al país que le reclama.
“Tuve la oportunidad de platicar con el señor Duarte y dice que está esperando su extradición y a sus abogados de México. Entiendo que sí va a aceptar su extradición”, dijo en una entrevista afuera de la prisión donde se encuentra Duarte.
Sin embargo, en una entrevista posterior el lunes por la mañana con Alejandro Jaimes, otro de sus abogados, indicó que es falso que Javier Duarte haya tomado ya la decisión de aceptar la extradición.
"Todavía no, aún estamos en la temporalidad que marca la ley de extradición y tenemos 60 días, vamos a definir en esa temporalidad cuál va a hacer la forma de salir adelante", expresó.
El tratado solo contempla dos motivos por los que la extradición podría ser retrasada. Una de ellas es cuando el viaje pueda poner en riesgo la “integridad o la vida de la persona”. La otra contempla cuando el acusado esté siendo procesado en el país que fue detenido.






No obstante, de acuerdo con la vocera del Ministerio Público de Guatemala, Julia Barrera, no existe ningún proceso en contra de Duarte en dicho país.
En el mecanismo internacional se establece que si el juez concede la extradición, el gobierno guatemalteco tendría un plazo de 60 días naturales para entregarlo; pero si el gobierno mexicano deja pasar ese tiempo sin hacerse cargo de él, éste recobrará su libertad y no podría volver a ser detenido ni entregado.
Todos los costos de la extradición serán cubiertos por México, que es el país que lo solicita.
La detención de Duarte fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y desde el 14 de noviembre tenía una alerta roja de la Interpol.
El exgobernador, que supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar "prestanombres" para transferir recursos públicos.
Entre 2012 y 2015 Duarte desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país.
El exfuncionario fue capturado por policías de Guatemala, México y de Interpol el sábado en un hotel del pueblo turístico Panajachel tras más de cinco meses de búsqueda.