Un juez federal da luz verde a la ley de vacunación obligatoria para escolares de California

Un total de 47 estados de la Unión permiten excepciones a las vacunas obligatorias para los escolares basadas en creencias religiosas o personales. California es uno de los pocos estados donde rige una ley estricta que no admite ningún tipo de excusa o justificación para eludir la inmunización.

Y seguirá siendo así luego que este viernes un juez federal decidiera no bloquear de inmediato la ley californiana que exige que todos los escolares estén vacunados antes de que vayan a clases en escuelas públicas o privadas, o los lleven a guarderías,

El fallo del juez federal Dana Sabraw en San Diego tuvo lugar en momentos en que la ley afronta su primera prueba con el fin de las vacaciones de verano.

Diecisiete familias y dos fundaciones pretenden conseguir por medio de una demanda una orden judicial mientras el proceso avanza en tribunales.

La ley SB 277, firmada por el gobernador estatal, Jerry Brown, el año pasado y que entró en vigor el 1 de julio, elimina las excepciones de vacunación basadas en creencias religiosas o por motivos personales.

La medida fue impulsada luego de que a finales de 2014 se registrara un brote de sarampión en el parque temático Disneyland, del cual resultaron enfermas más de 100 personas.

Según la ley, todos los menores deben estar vacunados salvo que los doctores determinen un motivo médico para que no los inmunicen.

En su decisión, Sabraw señaló que "la legislatura del estado tiene una larga historia en requerir que los niños sean vacunados como requisito de inscripción, y por muchos años las cortes tanto estatales como federales han mantenido esos requerimientos en contra de desafíos constitucionales".

También subrayó que no corresponde a la corte decidir contra el "juicio" de la legislatura.

El abogado Jim Turner, que representa a los demandantes, dijo que se no se permitirá a los hijos de éstos asistir a la escuela en lo que se resuelve la demanda.

"La demanda podría proseguir un periodo de tiempo, posiblemente un año o dos, debido a las mociones, contestaciones y demás actividad judicial", agregó.

Turner dijo que su equipo continuaba analizando el fallo y declinó hacer más declaraciones.

Los querellantes argumentaban que esta legislación va en contra de sus derechos a la educación, el libre ejercicio, y el debido proceso.