En 2003, las autoridades estadounidenses establecieron el llamado Registro Nacional de No Llamar, que ya suma 229 millones de números telefónicos que están protegidos del molesto telemercadeo. Pero unos años después surgió otro problema incluso peor: la explosión de mensajes pregrabados que usan la internet para fingir que marcan desde el mismo código de área o una agencia de gobierno.
720 millones de llamadas fraudulentas en 23 días: el telemercadeo maligno perdura en EEUU
Cada mes, las autoridades registran unas 400,000 quejas por estafas relacionadas con las robollamadas. El problema bajó considerablemente durante la pandemia, pero está lejos de ser erradicado.

Son las incómodas llamadas que responden los estadounidenses una y otra vez escuchando grabaciones creadas solo para defraudar ofreciendo ofertas en productos, reembolsos de servicios o incluso advirtiendo sobre falsos problemas con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El acoso telefónico jamás se detiene, yendo más allá de una invasión de la privacidad. En años recientes, sofisticados esquemas fraudulentos que operaban desde India y otros países lograron robar cientos de millones de dólares a personas que creyeron hablaban con un oficial del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), de la Administración del Seguro Social (SSA) o del Departamento local de Policía.
Durante la cuarentena por la pandemia este tipo de llamadas se redujeron notablemente. En abril bajaron un 68% comparado con el mismo mes de 2019 y, en mayo, disminuyeron un 60%. Es el número más bajo que la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha registrado desde agosto de 2011. Al tiempo que observó un decremento en el telemercadeo o fraude que realiza directamente una persona.
Pero el problema está lejos de declararse resuelto. “Sabemos que las llamadas no se han detenido”, advirtió Lois Greisman, directora de la división de prácticas de marketing de la FTC, en un comunicado enviado a Univision Noticias.
Haciendo a un lado esta caída que parece estar ligada a las acciones que el gobierno federal implementó para detener el fraude relacionado con el coronavirus, las autoridades reciben cada mes un promedio de 400,000 quejas por robollamadas, que es cuatro veces más a lo que observaron a finales de 2009.
Hasta hace unos años, el telemercadeo requería una importante inversión de capital tecnológico y personal especializado. Ahora, basta una computadora conectada a la internet para activar millones de llamadas automatizadas. El sistema que oculta el origen de las llamadas se conoce como VoIP.
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El fraude perpetrado desde India
Solo dos empresas de Arizona que fungían como operadores intermediarios para defraudadores que tenían centros telefónicos en India, llegaron a realizar más de 720 millones de llamadas pregrabadas en un período de 23 días, en mayo y junio de 2019. Más de 425 millones o el 59% del total tuvieron menos de un minuto de duración y más de 24 millones iban dirigidas a residentes de Nueva York.
Estos telefonistas indios se hacían pasar por funcionarios de gobierno. Documentos judiciales señalan que varias veces fingieron ser oficiales de los Servicios de Ciudadanía y Naturalización (USCIS) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), advirtiendo que debían pagar cierta cantidad para evitar consecuencias legales, incluso la deportación. Las víctimas eran clientes de la corporación AT&T.
En otras ocasiones mentían sobre préstamos aprobados y reembolsos de la empresa tecnológica Microsoft. Así obtuvieron millones de dólares de víctimas en varios estados, incluyendo Nueva York.
Por este caso, Nicholas Palumbo y sus empresas Ecommerce National y SIP Retail fueron sancionados a finales de septiembre por un juez federal que les prohibió operar como proveedores de llamadas telefónicas en este país.
Los fiscales presentaron como evidencia varios mensajes que empresas de comunicaciones le enviaban a Palumbo advirtiéndole que estaba fungiendo como un intermediario de delincuentes extranjeros. “Les haré saber”, respondió a una de esas cartas el empresario, quien una vez recibió un pago de $131,000, presuntamente de quienes cometían los fraudes.
El servicio que les ofrecía incluía un sistema para que recibieran llamadas de las víctimas, en caso de que no contestaran a tiempo. Pensaban que marcaban a oficinas cerca de sus casas, pero en realidad les respondían desde Asia. “Se estima que el acusado y sus cómplices extranjeros defraudaron a sus víctimas por millones de dólares cada año”, entre 2016 y 2018, señala la acusación federal.
“La decisión del Tribunal envía un mensaje claro a los operadores de llamadas que saben hacen negocios con estafadores del extranjero que se enfocan en estadounidenses”, declaró sobre ese proceso penal Gail S. Ennis, inspectora general de la Administración del Seguro Social (SSA).
Esa agencia recibió entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019 más de 465,000 quejas sobre fraudes telefónicos de personas que se hicieron pasar por empleados suyos. En ese período obtuvieron más de $14 millones.
Mientras que la FTC reporta un incremento de 39,000 estafas relacionadas con falsos funcionarios del Seguro Social en 2018, a 166,000 denuncias el año siguiente. Las perdidas subieron de $11.5 millones a $37 millones. La dependencia cree que hay muchos casos que jamás se reportan.
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