Le robaron $61,000 y lo golpearon con un extinguidor: el caso de 4 mexicanos que denunciaron explotación laboral

Un caso criminal describe el periplo de cuatro indocumentados que fueron llevados a trabajar a un negocio de comida mexicana cerca de la frontera con Canadá. Uno de ellos terminó internado en un hospital por un altercado violento con uno de sus jefes.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
En las imágenes compartidas a Univision Noticias por el Departamento de Justicia se observan las condiciones de esclavitud e insalubres en las que vivían un grupo de trabajadores de la construcción reclutados en Tijuana y obligados a trabajar jornadas de hasta casi 24 horas y casi nada de paga.
Video Revelan imágenes de las condiciones de esclavitud que sufrían albañiles de Tijuana en Hayward, California

Cuatro mexicanos indocumentados cooperaron con las autoridades para encarcelar a sus patrones hispanos, quienes supuestamente les pagaban una miseria y los maltrataban mientras trabajaron en la cocina de un restaurante de Nueva York. Los acusados podrían ser condenados a 20 años de prisión.

Uno de estos inmigrantes terminó hospitalizado. Dice que fue consecuencia de un violento altercado en el que uno de sus jefes le fracturó la nariz de un puñetazo, le pegó en la cabeza con un extinguidor y lo amenazó de muerte, detalla una acusación presentada en el Distrito Oeste de Nueva York de la Fiscalía federal.

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“La víctima fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento médico, donde le diagnosticaron fractura de nariz y le cerraron con grapas una laceración en la cabeza”, describe un comunicado.

Esta persona trabajó desde noviembre de 2014 y hasta febrero de 2018 en el establecimiento de comida mexicana El Cubilete, que en ese período tuvo dos domicilios en la ciudad de Niagara Falls, en la frontera entre Nueva York y Canadá. Al parecer, el establecimiento sigue operando.

Restaurante El Cubilete en Niagara Falls, Nueva York.
Restaurante El Cubilete en Niagara Falls, Nueva York.
Imagen Google Earth


Los fiscales afirman que los propietarios y administradores del negocio, Roberto Montes Villalpando, de 60 años, y Abraham Montes, de 28, no le pagaban siquiera el sueldo mínimo estatal (entonces de 9 dólares por hora) al inmigrante agredido y por ello le robaron 61,665 dólares.

También señalan que a los otros tres mexicanos les redujeron indebidamente unos 20,000 dólares de sus cheques.

Montes Villalpando es acusado además de golpear y amenazar a uno de sus empleados.

La investigación descubrió que estos cuatro mexicanos, cuyos nombres no fueron publicados, vivían y trabajaban en el estado de Ohio. Pero Montes Villalpando y su socio los convencieron para que se mudaran a Nueva York “prometiéndoles un mejor salario y menos horas” laborales.

Los llevaron en auto hasta Niagara Falls y los instalaron en un apartamento en Zito Drive, que estaba a menos de media milla de distancia del restaurante (antes de cambiar de domicilio).

Apartamentos donde vivieron los cuatro mexicanos llevados a Nueva York para trabajar en un restaurante.
Apartamentos donde vivieron los cuatro mexicanos llevados a Nueva York para trabajar en un restaurante.
Imagen Google Earth


El contrato de arrendamiento estaba a nombre de Montes Villalpando. De su cheque les restaban el alquiler y el cobro por servicios públicos.

Decomisos y una posible deportación

Los cuatro mexicanos trabajaron como cocineros, preparadores de alimentos y lavaplatos en El Cubilete.

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Su supervisor era Abraham Montes, mientras que Montes Villalpando administraba el establecimiento y se encargaba de la nómina.

La evidencia en este caso son las entrevistas de los cuatro indocumentados y el reporte por tráfico laboral que elaboró el Departamento de Alguaciles del condado de Erie, la primera agencia que investigó el caso.

Después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento del Trabajo y el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Distrito Oeste de Nueva York de la Fiscalía, colaboraron en las averiguaciones.

Ambos empresarios se declararon culpables del cargo de conspiración para albergar a extranjeros con fines lucrativos y causar lesiones corporales graves. El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares, indicó la Fiscalía.

Su audiencia condenatoria está programada para el próximo 14 de septiembre.

Montes Villalpando prometió en su acuerdo con los fiscales pagarles a las cuatro víctimas un total de 81,572 dólares. Las autoridades señalan que él y su socio tienen un ahorro de 196,000 dólares, así como tres propiedades en Niagara Falls, Tonawanda y Sanborn, en Nueva York. En esa lista está El Cubilete.

El documento judicial que Montes Villalpando firmó indica que él está dispuesto a ceder cualquier bien que haya obtenido a través del delito del cual se le acusa o que haya usado para cometerlo.

El gobierno advierte que podría deportar a este restaurantero a su país de origen (no se indica cuál), pues no es un ciudadano estadounidense, aunque él así lo afirmaba.

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El Departamento de Justicia no identifica a más víctimas potenciales en este caso.

Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Imagen Departamento de Justicia (DOJ)
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