Fueron asesinados por el Ejército y casi 10 años después el gobierno de México pide perdón
Dos jóvenes estudiantes fueron baleados por el Ejército en 2010 dentro de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Los involucrados pusieron armas de fuego en sus cuerpos para hacer creer que se trató de un enfrentamiento con miembros del crimen organizado.
Por:
Univision
El gobierno de México emite una disculpa pública por la muerte de dos jóvene a manos del Ejército en el norteño estado mexicano de Nuevo León.
Imagen Secretaría de Gobernación, México.
CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo de 2010, Javier Francisco Arrendondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes universitarios del Tecnológico de Monterrey fueron asesinados por efectivos del Ejército en Nuevo León. Tras el homicidio, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que ambos eran miembros de la delincuencia organizada y portaban armas de fuego. Ahora, nueve años después, el gobierno de México emitió una disculpa pública y aceptó que los jóvenes eran inocentes.
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Este martes, en una sala repleta de estudiantes y medios de comunicación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa a los familiares de los estudiantes asesinados y reconoció no solo la privación de la vida de los jóvenes a sangre fría por parte de elementos del Ejército, sino la posterior manipulación de los hechos y la ocultación de evidencias.
"A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos", dijo Cordero dirigiéndose a los padres.
Jorge Antonio Mercado Alonso, de 23 años, con maestría en ciencias, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de 24 años, doctorado en ciencias de la ingeniería, eran alumnos de posgrado y becarios en excelencia académica del Tecnológico de Monterrey.
De acuerdo con las últimas investigaciones realizadas por la fiscalía, el 19 de marzo de 2010, los estudiantes quedaron en medio de una balacera entre militares y miembros de la delincuencia organizada. Pero, ante el crimen, el comandante de la séptima zona militar, Cuauhtémoc Antúnez, informó que los jóvenes estudiantes eran sicarios de un grupo delictivo.
Hasta el momento, las autoridades continúan una investigación para conocer con certeza qué fue lo que sucedió esa noche y quién dio la orden de dispararles.
En el año 2010, el estado de Nuevo León era uno de los territorios donde se emprendió la llamada lucha contra el crimen organizado, que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón, ocasionando una de las peores olas de violencia en la historia generadas en el norte del país.
Para defender su versión de los hechos, los militares alteraron la escena del crimen y pusieron armas de fuego en los cuerpos de los jóvenes.
Ante esta situación, Cordero reconoció, en esta misma sede universitaria, el valor de los padres, quienes vieron cómo tanto en la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León y en la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General) respaldaba a los militares implicados.
"Ante tales circunstancias, los padres y las madres de los estudiantes lucharon contra la adversidad, contra el dolor, contra el sufrimiento, contra la impunidad, contra el trato indigno que les dieron a sus hijos", apuntó.
En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que aludía a las irregularidades del caso.
Pero no fue hasta septiembre de 2015, según relató la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, que los padres se dieron cuenta de que la muerte de sus hijos no había sido el daño colateral de una confusión.
"Nos dimos cuenta de que no fue error, no fue fuego cruzado, los habían ejecutado a sangre fría y no conformes con eso los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad y de forma aún más infame declararon que eran sicarios", expuso la madre.
Hasta el momento, son seis militares los identificados por la justicia como involucrados. Tres de ellos fueron detenidos y están procesados como presuntos homicidas, dos están prófugos y el restante se encuentra en calidad de desaparecido.
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La madre manifestó la intención de que a este reconocimiento de responsabilidad del Estado le siga el cumplimiento de la justicia y el castigo pertinente a los responsables.
Este caso se suma a otras disculpas que la nueva Administración federal ha emitido desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, asumiera el poder el pasado 1 de diciembre de 2018.
Casos como el de la periodista Lydia Cacho, quien sufrió violaciones a los derechos humanos, o el de los cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca acompañan a la disculpa de este martes.
Para la secretaria de Gobernación, estas disculpas simbolizan una "nueva etapa del país" en la que "la defensa y la promoción de derechos humanos son una prioridad".
