Golpeaban a una menor para que trabajara por las noches: así operaba la lavandería donde encontraron 121 indocumentados de México y Centroamérica

Una menor salvadoreña y su hermana mayor cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Texas el 12 de febrero de 2019 y fueron detenidas por agentes fronterizos. La adolescente, a quien las autoridades identifican como ‘MGM’, se quedó temporalmente en un refugio infantil y, a mediados de junio de ese año, pudo reunirse con su familiar en un aeropuerto de Virginia.

En la terminal aérea no solo la recibió su hermana, sino las dos personas que habían pagado su largo viaje a Estados Unidos, incluyendo la tarifa del traficante de personas que la guió hasta la localidad de Roma, en Texas.

Se trataba de Jeffrey Dean Vaughan, copropietario de una empresa de lavandería comercial en Virginia, y Ana Patricia Aragón Landaverde, la pareja de este y gerente de la misma compañía.

Vaughan y Aragón Landaverde les dieron alojamiento en su casa a estas hermanas, hicieron arreglos para que obtuviera tarjetas de residente permanente falsas, les consiguieron empleo en la lavandería y hay registros de que les pagaron varias veces con cheques de hasta 2,113 dólares, según una acusación federal sometida hace unos días en el Distrito Este de Virginia.

Pero poco después de que se instalaron en un domicilio en Williamsburg, Aragón Landaverde, quien también es salvadoreña, se quitó la careta. Le advirtió a su paisana ‘MGM’ que le debía 5,000 dólares por haberle ayudado a venir a EEUU y le fue descontando $500 cada dos semanas. También le cobró más de $600 mensuales por dejarla vivir en su casa y por los alimentos que le daba.

La adolescente ‘MGM’ no tuvo más remedio que trabajar por la fuerza en el turno nocturno en el negocio Magnolia Cleaning Services y estudiar la secundaria en las mañanas. Su credencial escolar indicaba su edad real: 13 años; pero en la green card falsificada se afirmaba que tenía 17.

Solo en la escuela estuvo a salvo. Los fiscales alegan que Aragón Landaverde la maltrataba en su casa y en la fábrica. En una ocasión, le pegó a la adolescente con un cinturón “por hacer amistad con otros jóvenes en la escuela”, pues le había exigido hablar únicamente con sus compañeros de trabajo.

Otra empleada indocumentada contó a oficiales federales que fue testigo de cómo Aragón Landaverde “le gritó” y “le jaló el cabello” a la menor antes de ordenarle que volviera a trabajar.

El infierno de ‘MGM’ continuó durante tres años, hasta abril de 2022. En ese tiempo le advirtió que haría lo posible para que la deportaran si dejaba de trabajar para ella y hasta la amenazó con hacerles daño o matar a sus familiares en El Salvador.

Usaban las deudas de los coyotes

Este es solo uno de los casos mencionados en la acusación contra Aragón Landaverde, Vaughan y George William Evans, el otro copropietario de la lavandería, por contratar a 121 inmigrantes indocumentados, varios de los cuales trajeron desde Centroamérica y México, para explotarlos.

Esos trabajadores recibieron de manera conjunta un sueldo de más de 1.2 millones de dólares entre el primer trimestre de 2018 y hasta el primer trimestre de 2022.

En ese tiempo, una cuenta bancaria de la empresa recibió depósitos por casi $10 millones, mientras que los dueños pagaron $938,000 por el alquiler de la fábrica.

Las autoridades detectaron que esos 121 empleados habían presentado números de seguro social que no eran suyos y que los acusados le pidieron a un cómplice que hiciera documentos falsos (por una tarifa de alrededor de 300 dólares, que pagaban los migrantes) para poder contratarlos. Esa persona solo ha sido identificada por sus apodos: ‘Juanito’, ‘Luisito’ y ‘Rodrigo Sis Reyes’.

El Departamento de Justicia señala que este esquema operó desde al menos 2015, enfocado sobre todo en traer ilegalmente a salvadoreños, aparentemente por los lazos de Aragón Landaverde, quien cruzó la frontera sin autorización en 2005 y más tarde obtuvo una green card.

Era ella quien reclutaba a los migrantes para que vinieran a trabajar a la lavandería Magnolia, pero luego les dejaba claro que no podían renunciar hasta que pagaran por completo las tarifas del coyote.

“Aragón Landaver, Vaughan y Evans usaban las deudas y otras obligaciones financieras como una palanca para coaccionar a los empleados para que trabajaran largas jornadas lavando, secando y doblando ropa de cama y otras prendas en una fábrica sin aire acondicionado en el verano ni calefacción en el invierno”, describe el expediente judicial.

También lo usaron “para controlar a los empleados y evitar que renunciaran”, agrega.

Una madre y su hijo vivían en la lavandería

Los cargos que le imputaron a los dueños y la gerente de Magnolia van desde delitos relacionados con la inmigración, hasta el trabajo forzado y el lavado de dinero.

“La trata de personas puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, muchas veces a plena vista y, en este caso, en nuestro propio patio trasero”, dijo el fiscal general de Virginia, Jason S. Miyares, en un comunicado.

"Estas acusaciones son un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias policiales federales, estatales y locales trabajan en colaboración", declaró por su parte Derek W. Gordon, titular de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington DC.

La lavandería donde las autoridades los señalan de explotar a estos migrantes cerraba muy pocas veces: tenía tres turnos y operaba los fines de semana. Antes llevaba el nombre de Northstar Holdings of Virginia LLC.

Una madre salvadoreña y su hijo pequeño, quienes cruzaron la frontera en agosto de 2021, vivieron durante dos meses en esa instalación.

“‘VMG (como la identifica el gobierno) trabajaba y vivía en la lavandería con su hijo pequeño, durmiendo en una cuna y preparando alimentos en un sartén eléctrico. No había estufa ni baño”, describe la Fiscalía federal.

“Mientras ‘VMG’ trabajaba muchas horas en la lavandería, su hijo ‘GMG’, se quedaba en una carriola atada a una silla, con un biberón”, agrega.

A pesar de vivir en esas terribles condiciones, a ella le cobraban una renta mensual de 400 dólares, además de una deuda de $12,000 por el viaje de ambos a EEUU. Su primer abono fue de $1,000. Su salario era de $10 por hora, unos centavos arriba del salario mínimo establecido entonces ($9.50).

Ese adeudo, subrayan los investigadores, siempre lo usaron en su contra. El mismo mes que llegó a la fábrica, la mujer se preparaba para dormir en la cuna con su hijo, cuando llegó Aragón Landaverde para exigirle que volviera a trabajar y amenazó con pegarle con un palo. Quería que trabajara lo más posible “para ganar más dinero y pagar la deuda rápido”.

Otra vez, la sacudió con fuerza cuando le dijo que quería llevar a su hijo con una niñera y le advirtió que la denunciarían con las autoridades migratorias si cambiaba de trabajo.

Además del testimonio de estos migrantes, los agentes federales descubrieron que Aragón Landaverde, su hija y una empleada de la compañía enviaron entre 1,000 y 2,000 dólares a inmigrantes que planeaban viajar a Virginia para trabajar en Magnolia.

Los depósitos fueron cobrados en Santa Ana, Nueva Concepción y Ahuachapán, en El Salvador; y en Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, en México.

No está claro si los acusados trabajaban directa o indirectamente con coyotes.

Los fiscales afirman que la deuda más alta se la impusieron a una salvadoreña que cruzó ilegalmente hacia Texas el 20 de septiembre de 2021. No la detuvieron agentes de la Patrulla Fronteriza y llegó directamente a Virginia. Poco después de que obtuvo una green card falsa, Aragón Landaverde le dijo que le debía 17,000 dólares.

Ella vivía en casa de su patrona y era ella quien le pagaba su sueldo: no tenía escapatoria.

En octubre el maltrato escaló al grado de que la amenazó con “enviarla de vuelta a El Salvador” si no pagaba lo que le debía y no trabajaba como se le indicaba, de acuerdo con el expediente judicial.

Esta investigación fue realizada por la Fuerza Especial contra la Trata de Personas de Hampton Roads, un equipo integrado por agencias del orden y organizaciones no gubernamentales en Virginia.