250 años de cárcel, el castigo que enfrenta un hispano acusado de explotar a indocumentados

Miguel Morales contrató a cientos de inmigrantes para que trabajaran en granjas de hongos en Pennsylvania, según una acusación. Los alojaba en casas suyas y les cobraba por cada servicio que les ofrecía, desde transportación y hasta alquiler de vivienda.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
En las imágenes compartidas a Univision Noticias por el Departamento de Justicia se observan las condiciones de esclavitud e insalubres en las que vivían un grupo de trabajadores de la construcción reclutados en Tijuana y obligados a trabajar jornadas de hasta casi 24 horas y casi nada de paga.
Video Revelan imágenes de las condiciones de esclavitud que sufrían albañiles de Tijuana en Hayward, California

La inauguración de la tienda llamada ‘La Latina International’ en octubre de 2018 se volvió una verbena para los inmigrantes en Oxford, una pequeña ciudad de Pennsylvania. Hubo carne asada, música y un inflable para los niños. El nuevo dueño, Miguel Morales, cortó un listón rojo y repartió abrazos con una sonrisa, se observa en las fotos del evento que publicaron en la página de Facebook del negocio.

Morales ya era conocido en la zona por tener una agencia que proveía mano de obra a varias granjas de hongos en el condado Chester y en otros lugares. Se encargaba de cubrir todas las necesidades de sus trabajadores: dormían en 11 propiedades suyas, los transportaba en sus vehículos y hasta facilitó que cambiaran sus cheques y enviaran dinero a sus familias en sus países desde su tienda ‘La Latina International’.

PUBLICIDAD

Pero una investigación que duró más de dos años afirma que este hombre en realidad se aprovechó de cientos de indocumentados, a quienes les cobraba por el alquiler de la vivienda y por cada recorrido que hacían en sus camionetas. Entre sus víctimas había seis guatemaltecos que hablaban dialecto y quienes viajaron en avión para trabajar en su agencia, de acuerdo con la acusación.

Tienda 'La Latina International' en Pennsylvania.
Tienda 'La Latina International' en Pennsylvania.
Imagen Google Earth


Desde 2018 y hasta su arresto el pasado miércoles, Morales operó este sistema ilegal, según los fiscales.

Además, su compañía ‘Morales Contractor’ evadió el pago de impuestos durante varios años. De 2015 a 2018 defraudó al fisco con alrededor de 2 millones de dólares. En 2020 adeudó unos 920,000 dólares por los 3.6 millones de dólares en salarios que recibieron todos sus trabajadores. Ellos devengaron un sueldo de 10 dólares la hora el año pasado, menciona el Departamento de Justicia (DOJ).

El gobierno acusa a Morales, de 48 años, de conspiración para transportar indocumentados, realizar declaraciones falsas a las autoridades y fraude fiscal. Si es declarado culpable recibiría una condena de hasta 250 años de prisión y una multa de 8.7 millones de dólares, advierte la Fiscalía en un comunicado.

“Explotó a los menos afortunados”

Agentes federales también arrestaron a cuatro presuntos cómplices, quienes le habrían ayudado a transportar a los indocumentados y a evitar el pago de impuestos. Ellos enfrentan distintas sentencias que van de los 5 a los 85 años tras las rejas, y sanciones económicas de hasta $2.2 millones.

PUBLICIDAD

“Este caso trata sobre explotar a los menos afortunados por codicia. Este tipo de fraude no será tolerado en este distrito y estos acusados ahora tendrán que responder a estos cargos”, dijo la fiscal Jennifer Arbittier Williams en el comunicado.


Las granjas donde trabajaban estos inmigrantes eran independientes al negocio de Morales. Sus dueños le pagaban a este comerciante por cada empleado que llevaba. Este, a su vez, les entregaba un sueldo a los agricultores. Pero debido a su estatus legal jamás presentó un formulario de declaraciones salariales (W-2) ni pagó el gravamen correspondiente, alegan los fiscales.

En documentos judiciales se describe cómo los choferes de Morales transportaron varias veces a los campesinos indocumentados. Por ejemplo, el 3 de enero de 2019, Santiago García Ramírez, uno de los arrestados, manejó a Maryland para recoger a un agricultor identificado con las iniciales H.H.

Cuatro meses más tarde, Oscar Carrillo Pérez, otro acusado, viajó al estado de Alabama en una camioneta SUV para traer de vuelta al estado de Pennsylvania a varios inmigrantes. Otras veces les compraron boletos de avión para cumplir con los contratos con las granjas. Todos los vehículos usados con ese fin estaban a nombre de Morales, afirma la acusación.

Los fiscales mencionan a por lo menos 15 indocumentados que trabajaron en esa agencia laboral.

“Según la acusación, Miguel Morales y los otros acusados sabían que estaban empleando a trabajadores indocumentados como parte de un plan de varios años para evitar pagar su parte justa de impuestos a Estados Unidos”, dijo la fiscal Williams.

PUBLICIDAD

Este caso fue investigado por el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo y alguaciles del condado Chester en Pennsylvania.

Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
1 / 36
Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Imagen Departamento de Justicia (DOJ)
En alianza con
civicScienceLogo