“Tomaría años” extraditarlos: por qué estos personajes de alto perfil fueron arrestados en EEUU y no en sus países

En los últimos veinte años más de 1,300 acusados de narcotráfico, lavado de dinero y abuso sexual que estaban en México fueron extraditados a Estados Unidos por un tratado que ambos países firmaron en 1978.

Los traslados más emblemáticos han sido los de jefes de organizaciones criminales, que ahora purgan largas condenas en prisiones de EEUU: desde Benjamín Arellano Félix, exjefe del Cartel de Tijuana; hasta quien era el traficante de drogas más buscado del mundo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Ese acuerdo tuvo su mayor auge durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), que autorizó 594 extradiciones, según el diario El Economista. Su sucesor Enrique Peña Nieto aprobó el traslado de 395 capos entre 2012 y 2018. Y la actual administración, la de Andrés Manuel López Obrador, había concedido 89 procesos de ese tipo hasta abril pasado, de acuerdo con el mismo medio.

Aunque la justicia estadounidense ha sabido aprovechar ese pacto diplomático, desde el inicio del gobierno de Donald Trump se ha venido repitiendo una práctica que un solo precedente: detener en este país a personajes de alto perfil que enfrentan cargos graves, como narcotráfico y abuso sexual de menores.

El caso más reciente es el arresto en California de Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa de México. Al llegar al aeropuerto de Los Ángeles (LAX) a mediados de octubre, agentes antinarcóticos le informaron que había una acusación en su contra por narcotráfico y lavado de dinero.

Cinco días después, en una audiencia por videoconferencia en la cual le negaron salir libre pagando una fianza, el juez federal Alexander F. Mackinnon advirtió que existía la posibilidad de que este general retirado se fugara a México y usara toda su influencia para evadir a la justicia de EEUU.

"Extremadamente difícil"

“Los fiscales y la defensa saben que la extradición sería un proceso lento. No pasaría de la noche a la mañana, ciertamente tomaría años y también puede ser complicado porque es además un proceso político”, señaló el magistrado, quien rechazó la oferta del abogado de Cienfuegos de imponerle una fianza de 750,000 dólares que describió como “los ahorros de su vida”.

Un documento del Departamento de Justicia (DOJ) indica que si este general retirado escapaba usaría sus conexiones dentro del gobierno mexicano y con miembros del Cartel H-2, una célula de la organización de los Beltrán Leyva para la cual habría trabajado de 2015 a 2017.

“Si bien Estados Unidos y México tienen un tratado de extradición, será extremadamente difícil aprehender al acusado en México si el Cartel H-2 y los poderosos exfuncionarios del gobierno lo protegen”, indicó la Fiscalía en un documento enviado a un juez federal de Los Ángeles.

“Además, incluso si es capturado, los procedimientos de extradición en México pueden tardar años en completarse, si el acusado impugna su extradición. Por lo tanto, existe un riesgo significativo de que la huida del acusado a México asegure que no enfrente a la justicia en un tribunal estadounidense”, agregó.

El arresto de Cienfuegos tomó por sorpresa a muchos y hasta el general retirado Barry McCaffrey, el zar antidrogas en la administración de Bill Clinton, lo catalogó en una entrevista con la revista Letras Libres como “una acción provocadora” por parte del gobierno estadounidense.

“La administración Trump es el peor grupo de gente incompetente, impulsiva y fuera de la ley que hemos tenido en el gobierno de Estados Unidos, y en ese sentido nada me sorprende”, opinó McCaffrey sobre la captura quien estuvo al frente del Ejército mexicano hasta finales de 2018.

Otros extraditables detenidos en EEUU

No había antecedentes similares desde 1989, cuando agentes federales detuvieron en un aeropuerto de Texas al cuñado del expresidente mexicano Luis Echeverría, Rubén Zuno Arce, quien fue condenado a cadena perpetua en 1992 por el asesinato en México del elemento de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena. Hace ocho años, mientras estaba en una prisión de Florida, Zuno Arce murió de cáncer. Tenía 82 años.

Pasaron 28 años hasta que arrestaron en San Diego, California, al exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia. Ocurrió en marzo de 2017, dos meses después de la inauguración de Trump. Veytia aceptó que recibió sobornos del Cartel H-2 por apoyar sus actividades criminales, liberar a sus miembros y espiar a narcos rivales. Su caso está ligado al del general Cienfuegos. El año pasado este hombre apodado ‘El Diablo’ fue condenado a 20 años de prisión y un magistrado le ordenó entregar un millón de dólares.

En noviembre de 2018, la DEA arrestó en un aeropuerto de Miami, Florida, a Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, excongresista y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En octubre del año pasado fue declarado culpable de narcotráfico en una corte de Nueva York. En el juicio se reveló que conspiró para traficar más de 200 toneladas de cocaína y que ordenó varios crímenes. Su sentencia se programó para el 10 de noviembre. Enfrenta una condena máxima a cadena perpetua.

También aprehendieron en EEUU al líder de la iglesia evangélica con sede en México La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. El próximo mes inicia su juicio. Lo acusan de pornografía infantil, abuso sexual de menores y tráfico humano. Este pastor se ha declarado inocente. Los detectives llevaban dos años hablando con sus presuntas víctimas, pero jamás emitieron una orden de captura con fines de extradición. Sabían que viajaba con frecuencia a California y esperaron a que llegara al aeropuerto de Los Ángeles en junio de 2019 para arrestarlo. Temían que usara su jet, influencia y fortuna para huir.

El caso García Luna

Seis meses después, las autoridades federales pusieron bajo custodia en Texas a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. Los fiscales alegan que amasó una fortuna gracias a los sobornos que le entregaron los líderes del Cartel de Sinaloa para que les permitiera operar “con impunidad” en México. El capo Reynaldo Zambada testificó en el juicio de ‘El Chapo’ que le dio varios millones de dólares en un maletín. Pero García Luna ha negado las acusaciones.

“El acusado tiene acceso a recursos poderosos en México, incluyendo una gran cantidad de funcionarios corruptos del gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado”, señala un documento que los fiscales sometieron a una corte federal de Brooklyn en febrero.

Fred Álvarez, exfuncionario del gobierno mexicano y experto en narcotráfico, explica que en el caso de García Luna es claro que el gobierno estadounidense no buscó que lo arrestaran en México y espero a que volviera al país donde tenía empresas, estudió y que le había otorgado una residencia permanente.

“Creo que hay mecanismos de cooperación entre ambos países que se tendrían que usar. ¿Por qué no lo hicieron con García Luna cuando estaba en México? Él vino a México antes de que fuera arrestado en Texas”, dijo Álvarez a Univision Noticias.

También le parece turbio el caso de Cienfuegos. "Aquí hay muchas cosas raras. El expediente lo traen desde agosto del año pasado (...) lo aprehenden hasta que llega a Estados Unidos 13 meses después. ¿Fue una casualidad, una invitación? Como haya sido pasó mucho tiempo”, dijo este analista.

“Si tienes bajo la mira a un general de tanta importancia ¿por qué no solicitarle al gobierno mexicano la extradición de esta persona? ¿Por qué no lo hiciste así? Significa que hay desconfianza entre las autoridades (de ambos países)”, comentó Álvarez.

La opinión de Guadalupe Correa, profesora asociada de la George Mason University, es que una nueva práctica en el Departamento de Justicia bajo el gobierno Trump estaría detrás de la reciente ola de arrestos de personajes de alto perfil para evitar los procesos de extradición (el caso del líder de La Luz el Mundo es el único ajeno a esta categoría, pues lo investigó la Fiscalía de California).

Mencionó que tanto García Luna como Cienfuegos trabajaron de cerca con agencias de EEUU durante la administración del demócrata Barack Obama, pero en ese entonces se mantuvo en secreto que ambos estaban en la mirilla de la DEA.

“¿Qué pasó? Podría ser que llegó otro grupo a la Fiscalía que llegó a hacer justicia de otra manera o quizás tiene que ver con una cuestión política en EEUU”, dijo Correa.