Tras investigación del FBI, dos funcionarios hispanos de California enfrentan cargos de corrupción

Agentes federales arrestaron al vicealcalde y a un comisionado de la ciudad de Calexico, en la frontera entre California y México, acusados de aceptar sobornos de 35,000 dólares en efectivo a cambio de facilitar la apertura de un dispensario de marihuana en ese municipio.

Tanto el alcalde Pro Tem David Romero, como Bruno Suárez Soto, quien es miembro de la Comisión de Asesoramiento Financiero y de Desarrollo Económico de dicha localidad, se encuentran libres tras pagar una fianza de 10,000 dólares. Ambos fueron procesados este jueves en una corte federal en San Diego.

Su próxima audiencia judicial se programó para el 2 de julio. En la vista del jueves, Romero y Suárez Soto negaron tener responsabilidad en este caso. El primero dijo que jamás ofreci´ó “garantías” para abrir dicho negocio, mientras que el segundo afirmó que nunca recibió pagos indebidos. Ninguno de los dos respondió a los mensajes de Univision Noticias pidiéndoles una entrevista.

De acuerdo con la acusación federal, Romero y Suárez Soto aceptaron 35,000 dólares en efectivo de un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que se hizo pasar por el representante de un inversionista que trataba de abrir un local de cannabis en Calexico. Desde enero de 2018, la venta y consumo de la marihuana con fines recreativos son legales en California, por decisión de los votantes.

Como parte del acuerdo con el falso intermediario, ambos funcionarios se comprometieron a entregar los permisos de manera expedita para que comenzara a operar el establecimiento y obstaculizar los trámites de los competidores. En las conversaciones con el oficial, ambos habrían confesado que aceptaron sobornos de otras personas. “Este no es nuestro primero rodeo”, reconocieron.

Romero se perfilaba para convertirse en alcalde de Calexico en julio de 2020 (en las ciudades pequeñas de California el cargo se rota entre los miembros del Cabildo). Su presunto cómplice fue elegido hace poco para ser parte de la agencia responsable de promover el crecimiento empresarial y de coordinar con posibles desarrolladores para ayudarlos a invertir en el municipio.

El operativo en el que cayeron

Los fiscales federales alegan que los acusados se reunieron el 19 de diciembre de 2019 con el agente encubierto en un restaurante de Calexico, donde pidieron que les entregaran el dinero por adelantado y en dos pagos, pues dijeron que habían hecho un trabajo similar con otras personas que les fallaron.

Al final del encuentro, Romero prometió a seguir el trámite municipal hasta su conclusión: “Esto está hecho, montado y sellado”. No satisfecho con la declaración, el oficial les insistió si al darles el efectivo ellos estarían “al frente de la fila”. Entonces, Suárez Soto respondió: “¡Demonios, sí!”.

Luego el vicealcalde agregó que "no quería decirlo delante de todos, pero se hará".

Un mes después, los tres se volvieron a ver ahora en un restaurante en El Centro, donde Romero le prometió al oficial encubierto que le ayudarían a evitar “tanta burocracia”, gracias a que los funcionarios que debían aprobar la licencia eran “mis mejores amigos en todo el Ayuntamiento”. Cuando éste le preguntó si éstos ya habían firmado el plan, el vicealcalde contestó: “¡Joder, sí!”.

Afuera del establecimiento, el agente del FBI les entregó 17,500 dólares, que dividió en dos sobres. “Confía en mí”, le dijo Romero, de acuerdo con la acusación. “En mi línea de negocios no puedo joder. Lo que significa que él (Suárez Soto) no puede joder”, agregó.

Según el FBI, los otros 17,500 dólares se los dieron al finalizar una tercera reunión el pasado 30 de enero, afuera de un restaurante en El Centro. Ambos negaron las acusaciones cuando fueron abordados por agentes del FBI ese mismo día. Los fiscales afirman que ocultaron dichas sumas creando una empresa fantasma.

"Los funcionarios públicos deben actuar con honestidad e integridad al hacer negocios del público", dijo el fiscal federal Robert Brewer. “Alegamos que estos acusados negociaron en sus puestos de confianza, vendiendo la integridad del gobierno a cambio de miles de dólares”, agregó.

Por su parte, Omer Meisel, titular interino de la oficina del FBI en San Diego, señaló: “La investigación contra Romero y Suárez Soto sirve como otro ejemplo del compromiso del FBI con la responsabilidad de aquellos que sirven al público y ocupan puestos de confianza”.

Este no es el primer caso de este tipo en California. A finales de 2012, un exalcalde de Santa Fe Springs, en el sureste del condado de Los Ángeles, quien rechazó un dispensario de marihuana medicinal por un soborno de 11,500 dólares, fue sentenciado a dos años en una prisión federal.