López Obrador no será el único que ganará menos: así quedarán los funcionarios públicos con el recorte del sueldo presidencial

CIUDAD DE MÉXICO. – A partir del próximo 1 de diciembre, además de Andrés Manuel López Obrador, casi 35,000 funcionarios públicos mexicanos tendrán que reducir su salario hasta en un 50%, como parte de un plan de austeridad que busca combatir la corrupción y los privilegios de la llamada burocracia.

Así lo anunció el pasado domingo el candidato electo López Obrador, quien luego de informar que su sueldo se reducirá a 108,000 pesos mensuales (alrededor de 5,700 dólares), que es el equivalente al 40% de lo que actualmente gana Enrique Peña Nieto, indicó que la medida también incluye a aquellos funcionarios que al año perciban más de 1 millón de pesos (53,000 dólares).

Este plan ha generado opiniones encontradas entre expertos y organizaciones mexicanas, pues algunos aseguran que los sueldos que actualmente perciben los empleados de alto rango del gobierno, son exorbitantes comparado con el que recibe la mayoría de los mexicanos. No obstante, otros han alertado sobre una llamada “fuga de talentos” que, al ver disminuidos sus ingresos, buscarían emplearse en la iniciativa privada.

De acuerdo con cifras del presupuesto de egresos de 2018, en el gobierno mexicano trabajan 1.8 millones de personas, de los cuales 34,559 empleados ganan más de lo que será el nuevo sueldo de López Obrador, pero la constitución mexicana establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, por lo que su sueldo tendrá que ser puesto a revisión.

Los blancos principales de esta medida son secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad, directores generales, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. Una medida que se extenderá no solo en el ámbito del gobierno federal sino en todo el sector público.

Ganar más que el presidente

En esta extensión se incluyen también a empleados del poder legislativo como diputados y senadores, miembros de la Auditoría Superior de la Federación; del poder ejecutivo que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia y entes autónomos como el Instituto Nacional Electoral.

Para Kristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estas medidas buscan reflejar una distribución más justa de los salarios dentro de la administración pública.

“Todos esos ahorros son importantes en el sentido de que se impone un plan de austeridad, estos salarios son muy altos y alguna parte de la población se siente ofendida al ver que estos salarios. Y hay veces que consideran que estos servidores públicos no trabajan del todo bien. Entonces eso genera una mayor molestia a la población”, señaló.

Un ejemplo de los sueldos tan altos que perciben los funcionarios es el del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien actualmente gana 4 millones 659,000 pesos al año (246,000 dólares) ya con la reducción de impuestos que anexa prestaciones. Si se le aplica el recorte del 50%, aun así seguiría ganando más que el presidente.

Otro caso similar es el del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien, al igual que los otros diez consejeros del INE, gana al año 4 millones 354,208 pesos (230,000 dólares), incluyendo prestaciones.

Los senadores mexicanos también tendrán que reducir su salario. Ahora no podría ganar más de 90,000 pesos al mes (4,700 dólares), contra el actual sueldo que tienen, que puede superar los 300,000 pesos (15,800 dólares).

Para Salvador Mora, analista político de la UNAM, aunque respalda que los salarios se reduzcan, asegura que no existe un estudio que considere todos los elementos que involucrará la reducción de sueldos.

“Tratar de aplicar la Constitución es un asunto netamente simbólico, pero no tiene una idea sustentada o racional sobre que ese ahorro verdaderamente servirá para alentar el proyecto. Habría que dar cuenta que se habla de puestos gerenciales que tienen una curva de aprendizaje bastante fuerte y que puede ser fácilmente utilizada por empresas particulares”, señaló.

Estos puntos de austeridad anunciados por López Obrador también incluyen la desaparición de prestaciones como vehículos nuevos para funcionarios y equipo de cómputo. Tampoco se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. No habrá bonos ni dinero acumulado cuando finalice el cargo y se suprimirá toda partida para gastos médicos privados.

Un ejemplo de las prestaciones que se tienen actualmente desde el gobierno es el de los diputados mexicanos, quienes este año se despedirán de la legislatura con cerca de un millón de pesos (52,000 dólares) adicionales a sus sueldos, por un monto proporcional de aguinaldo y caja de ahorro.

Empleados de confianza quedarán sin empleo

Además de la reducción de sueldos, López Obrador anunció el despido del 70% de los llamados empleados de confianza contratados por el gobierno federal, es decir, aquellos colaboradores que trabajan para el gobierno pero no están contratados de base o pertenecen a algún sindicato.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existen 200,000 empleados de confianza, por lo que al hacer efectivas las medidas anunciadas por AMLO, 170,000 personas quedarían sin empleo.

Acerca de este tema, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social propuesta por López Obrador, aclaró a los medios mexicanos que durante los últimos dos sexenios se incrementaron significativamente las plazas de confianza, las cuales generaron mayor burocracia y por lo tanto más gasto público.

"El problema es que muchas de estas plazas (de confianza) vinieron a duplicar funciones en la Secretarías de Estado, y dentro de ellas, hay áreas donde se duplica lo que se hace y se ganan altos sueldos por ello", explicó Alcalde.

Sin embargo, la académica Viridiana Ríos advirtió que las medidas podrían derivar en una “tragedia laboral” por el número de despidos que resultarán de su puesta en marcha.

El eventual despido de burócratas, apuntó, podría generar mayores carga de trabajo, lo que podría derivar en contrataciones de más personal a través de figuras como el outsourcing, sin prestaciones legales y malas condiciones laborales.