Migrantes retornados a México: aportan a dos países y exigen apoyo al nuevo presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis meses al año Javier Martínez carga costales y vende tamales en Estados Unidos y los otros seis, trabaja como abogado y activista en una joven y pequeña organización de ayuda a los migrantes retornados en México, que él mismo fundó.

“Me quedo por temporadas de dos a tres meses. Trato de no exceder los seis meses para no violentar mi estatus migratorio y que me permita seguir visitando a mi familia, que es la que no puede regresar a México”.

Los familiares de Montiel tienen más de 20 años viviendo y trabajando sin documentos en Estados Unidos, pagando las facturas con dificultad y reuniendo dinero para enviar a su país de origen.

“Se dan dobles esfuerzos, aquí y allá, sin que las familias se unan. Somos trabajadores, no somos criminales. Y aportamos a la economía de un país y de otro país. (...) A nosotros de cierta forma nos encomiendan que, si regresamos a México, hagamos algo también por ellos y por las familias que se quedan, que son las principales receptoras de las remesas, que es dinero que no genera el Estado”.

Las remesas son la tercera de fuente de divisas para México, después de las exportaciones del sector automotriz y del agroalimentario. La mayor parte viene de Estados Unidos, y han ido en aumento desde el triunfo de Donald Trump, que amenazó con imponer controles a las transferencias para financiar de allí su idea del muro fronterizo.

“Los migrantes están enviando sus ahorros de vuelta a casa en caso de que tengan que regresar”, fue una de las causas a las que el Banco Mundial atribuyó el aumento en el monto de las remesas en un reporte publicado en octubre de 2017.

Solo en abril de 2018, México recibió 2,71 millones de dólares en remesas, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos dos años el Banco de México.

Las familias mexicanas como la de Martínez, divididas entre dos territorios, piden al que salga elegido presidente de México el 1 de julio que haga valer ese esfuerzo, que negocie con el gobierno de Trump mejores condiciones de vida para los 5,6 millones de migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos —lo más urgente sería una solución migratoria que permita a las familias volver a reunirse— y que construya un mejor país al que los expatriados puedan regresar.

Unos, como Javier, vuelven por propia voluntad y miles son deportados cada mes. En lo que va de 2018 más de 74,000 mexicanos han sido detenidos y repatriados desde Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Tres de los cuatro candidatos —Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade— han prometido asesoría legal para los mexicanos con problemas migratorios en Estados Unidos y programas de reinserción a la sociedad en México para los que decidan o se vean obligados a volver. Los tres también han prometido “defender a los dreamers” sin presentar una propuesta concreta sobre cómo hacerlo.

“Espero que el próximo presidente pueda tomar una posición firme y digna y que represente a todos los mexicanos y a sus familias que están en Estados Unidos. No nada más ver cómo proteger a nuestras familias allá, sino cómo sostenemos aquí mediante trabajo, educación. Es un trauma regresar y no encontrar las mismas condiciones en las que estuviste por muchos años en Estados Unidos. Y ahora tienes que buscar la opción: o te metes a trabajar en un call center o te metes de maestro de inglés o no haces nada”, dice Javier.

La ruta violenta de México

Rubén Figueroa regresó en 2005 a su pueblo, San Manuel de Huimanguillo, en Tabasco, en el sur de México, después de vivir cinco años entre Virginia y Carolina del Norte, después de haberse ido solo, a los 16 años, a trabajar a una fábrica de almohadas con migrantes de todos los continentes.

“Por mi pueblo pasa el tren cargado de migrantes centroamericanos. Regresé a las vías y vi el tren pasar y ya no fue lo mismo de antes. Antes pasaban y para mí era indiferente, pero al volver vi reflejados a mis amigos. En ese tiempo que yo regresé mi madre me apoyó y abría las puertas de su casa para recibir a migrantes y darles algo”, recuerda Rubén, que desde entonces brinda apoyo de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, a través de una de las rutas migratorias más violentas del mundo, por culpa del crimen organizado de la autoridad.

Las ONGs mexicanas calculan que, durante la última década, más de 70,000 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos han desaparecido a su paso por México; y entre 2014 y 2016, han documentado 530 crímenes contra migrantes —asesinatos, secuestros, violaciones— que no han sido juzgados.

“Los migrantes en tránsito por México sufren cualquier tipo de vejaciones y crímenes. Esto no puede continuar, son miles de vidas las que se pierden, son cientos los desaparecidos. A lo largo de muchos años hemos denunciado esta terrible situación y no ha cambiado en nada, al contrario, lo que vemos es cada día más el involucramiento de las autoridades con el crimen organizado para delinquir contra ellos”.

Figueroa fue uno de los activistas mexicanos que entre marzo y mayo de este año apoyó el paso de la caravana migrante a través de México y hacia Estados Unidos, desde Tapachula hasta Tijuana. Él cree que el gobierno mexicano nunca tendrá moral para defender los derechos migratorios de los suyos en Estados Unidos si sigue tratando a los centroamericanos como Estados Unidos trata a los mexicanos, especialmente en lo que tiene que ver con la política de deportaciones.

En los últimos dos años, miles de migrantes centroamericanos han sido detenidos en México y enviados de regreso al lugar de donde huyeron, en la mayoría de los casos por miedo a las pandillas. De los 10,500 extranjeros que México deportó en 2017, casi el 80% eran centroamericanos y fueron detenidos en el sur del país, en el marco de un programa financiado con fondos estadounidenses, el Plan Frontera Sur, para que toda esta gente no llegue a la frontera norte.

“La maquinaria de deportación mexicana llamada Plan Frontera Sur ha estado activa desde la administración de Barack Obama. Ahora, con Donald Trump esa maquinaria fue ofrecida al gobierno de Trump y nuevamente se reactivó (...) Ya no se puede seguir contribuyendo con esa política de terror del gobierno de Estados Unidos, cuando quienes transitan por nuestro país son personas que hablan nuestro mismo idioma, tienen el mismo color de nuestra piel y vienen sufriendo lo que nosotros mismos sufrimos en México: esa violencia, esa pobreza”.

La esperanza de que el próximo presidente mexicano actúe contra la crisis de la migración dentro y fuera del país no ha tenido mayor reflejo en los programas de gobierno propuestos por los aspirantes a ganar el 1 de julio, y mucho menos en el segundo debate presidencial del 20 de mayo, que se celebró en la ciudad fronteriza de Tijuana con la participación de un público de decenas de electores que hicieron preguntas.

“No hubo ninguna participación de indocumentados o de personas que han sido recientemente deportadas. Fue totalmente sanitarizado el debate. No hubo dreamers, no hubo personas que vinieran del otro lado de la frontera a participar y a cuestionar directamente”, criticó Armando Vásquez Ramos, profesor del departamento de Estudios Chicanos y Latinos de la Universidad de California, en entrevista con Univision Noticias.

Es una opinión compartida por el profesor emérito y fundador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jorge Bustamante, que lleva décadas trabajando por la defensa de los derechos de los migrantes y que, durante un recorrido realizado por Univision Noticias a través de la frontera, le dijo al periodista Manuel Ocaño: “Veo a los candidatos con preocupación por la ignorancia que han demostrado respecto de los problemas de la frontera y en particular de los migrantes”.