Nuevos indicios de desvío de ayudas sociales bajo la administración de candidato presidencial en México

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.- Pablo Bautista tiene 77 años y acaba sus días rendido por el cansancio. De lunes a viernes labora como albañil. Los fines de semana vende llaves de baño, tubos y herramientas en un mercado en Ecatepec, el municipio más inseguro de México, según cifras oficiales, al norte de la capital mexicana.

En papeles, el nombre de Bautista figura como uno de los beneficiarios de un programa de ayuda social para adultos mayores por el que debería recibir cada mes unos 29 dólares. El albañil dice que desde hace siete años dejó de llegarle esa contribución del gobierno federal, pero Univision obtuvo documentos que reflejan que en 2015 el gobierno reportó que continuaba entregándola.

Bautista podría ser una de muchas víctimas inocentes de una millonaria desviación de recursos públicos destinados a personas de la tercera edad, explicaron expertos a Univision.

Ellos examinaron una base de datos elaborada por esta cadena y las organizaciones civiles Cartocrítica y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La base fue obtenida por medios de acceso a la información pública y tiene datos de 2014 a 2016. Contiene el nombre completo, municipio, localidad y monto recibido cada bimestre por beneficiario. Fue comparada localidad por localidad con los registros del censo de población.

“Hay una situación bastante irregular que no es cualquier cosa. Es un asunto mayor, sobre todo para un sector tan necesitado, tan frágil en materia social”, dijo Jaime Martínez Veloz, un exfuncionario federal que desde 2015 detectó irregularidades.

En más de un año del periodo analizado, el titular de la Secretaría que entregaba el dinero del gobierno era José Antonio Meade, actual candidato a la presidencia por el partido gobernante, el PRI. Un vocero de la campaña de Meade dijo a Univision que el candidato halló ilegalidades en programas sociales allí y que más de 400 funcionarios fueron sancionados.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), institución que entrega estas ayudas, ha dicho anteriormente que hay investigaciones internas en curso por este caso. La Sedesol no contestó llamadas de Univision para hablar sobre esta historia.

Univision logró comprobar que en más de mil pueblos en municipios del país existían entre 2015 y 2016 más adultos supuestamente ayudados que habitantes en total, incluidos bebés, niños y jóvenes. En ese periodo los pagos a estos supuestos beneficiarios sumaron más de 18 millones de dólares.

Desde 2014, varios funcionarios en México encontraron que había irregularidades graves en este programa que entrega dinero a personas mayores de 65 años.

Primero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló que el gobierno había pagado 4.4 millones de dólares por registrar a 500 mil nuevos beneficiarios que nunca fueron inscritos.

Luego, encontró que entregaron 8.8 millones de dólares a 72 mil supuestos ancianos que no aparecen en ningún expediente.

En los últimos seis meses, Univision Data y Univision Investiga analizaron una base de cinco millones de beneficiarios de este programa, en colaboración con las organizaciones civiles Cartocrítica y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Univision recorrió varias poblaciones donde las bases de datos indicaban que había miles de beneficiarios. Los vecinos dijeron que no los conocían, que habían muerto o que ya no recibían el dinero. Los adultos mayores que sí obtienen aún la ayuda aparecen inscritos en lugares lejanos de donde realmente habitan.

“Hay mucha gente que todavía no recibe ayuda y que el gobierno no se da cuenta o no quiere ver. Es increíble que estén entregando tantos miles de pesos a gente que ni siquiera existe”, dijo a Univision Karen Cadena, vecina de de Pablo Bautista.

La familia Bautista asegura que dejó de recibir la ayuda del gobierno desde hace siete años.

“Me dijeron que había unos problemas con mis papeles. Fui a mi pueblo a arreglarlos, pero me cobraban muy caro. La muchacha me dijo que mi dinero estaba ahí pero no lo podía cobrar”, relató el albañil. Sin embargo, en 2015 el gobierno aún reportaba que se la estaba depositando.

Muna Buchahin, exdirectora de Auditoría forense en la ASF, fue la primera que halló irregularidades en este programa durante el actual sexenio.

Explicó que una parte de la trama de estos desvíos consiste en inflar los padrones e inscribir a los falsos beneficiarios como vecinos de zonas alejadas y de difícil acceso, donde investigadores o periodistas no irían a confirmar los datos.

“Muchos de los esquemas que yo he descubierto y hemos revelado tienen que ver con comunidades donde existe un alto nivel de inseguridad y uno tiene que llegar en camión, en burro, en terracería”, dijo Buchahin.

Ninguno de los entrevistados sabe cuál fue el destino que tuvo el dinero que no se pagó a los beneficiarios.

Univision Investiga, Univision Data y las dos organizaciones encontraron que en 2015 hubo votaciones atípicas, principalmente a favor del PRI, allí donde más beneficiarios no concordaban con la población.

"Cuando existen mecanismos de control a través de quien recibe un beneficio, cuando está de por medio la pobreza de la gente, ya no es tan libre y secreto ese voto”, dijo Alberto Serdán, quien dirige Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una de las organizaciones que participaron en esta investigación.

Más ayudados que gente

La localidad de Tierras de Uso Común Ejidales de Ayotla, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, es una ladera empinada desde donde se observa un horizonte de casitas grises.

En las colonias arriba del cerro el panorama es similar, pero las viviendas tienen colgadas banderas rojas en cada puerta; indican que pertenecen a Antorcha Campesina, una organización adyacente al partido gobernante PRI que se precia de organizar la ayuda social para los vecinos.

En 2015, los registros de población en Ayotla aseguraban que solo había un adulto mayor de 65. No obstante, los beneficiarios del programa sumaron 1,984.

En una visita al lugar, el líder de Antorcha Campesina –quien no quiso dar su nombre– aseguró a Univision que en su barrio y los cercanos no hay más de 100 adultos de esas edades.

“Aquí la mayoría son niños y jóvenes. Tercera edad casi no tenemos porque son colonias que apenas comienzan”.

Las primeras irregularidades detectadas en este programa social estuvieron precisamente en los registros de los beneficiarios.

En abril de 2014, la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México para que realizara una campaña de inscripción masiva de nuevos beneficiarios al programa.

El convenio fue parte de un gran esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra que fue revelado por el portal mexicano Animal Político.

La investigación –ganadora este año del premio de periodismo Ortega y Gasset– descubrió que desaparecieron más de 350 millones de dólares de dinero público a través de pagos a universidades y compañías fantasmas por servicios y productos inexistentes.

La Auditoría descubrió que, al término del convenio para el programa de Adultos Mayores, se pagó por medio millón de personas a quienes en realidad no se les había inscrito.

Buchahin explicó la mecánica: “La información personal de mucha gente se utiliza de una manera indebida para crear bases de datos pagos ficticios. Después se puede documentar que era gente inexistente o gente que no recibió el recurso”.

Hasta ahora, la mayor parte del dinero continúa en calidad de “recuperable” para el erario público. Univision encontró que no solo había un padrón inflado, sino también pagos exorbitantes.

En testimonios grabados, una docena de beneficiarios del programa o sus familiares coincidieron en que los montos que les deposita el gobierno siempre son los mismos: unos 58 dólares bimestrales. Afirmaron que a veces se retrasa un poco el pago, pero no más de dos o tres bimestres.

Cada dos meses Jovita Caricchi, de 88 años, recibe su dinero y su hija lo utiliza para comprarle zapatos y comida. Otros beneficiarios contaron que con ese recurso pagan la luz de su casa, el transporte y su ropa.

Los entrevistados coincidieron en algo más. Todos se rieron con cara de sorpresa cuando escucharon que uno de los hallazgos de la investigación era que más de 50 mil personas recibieron, según los registros, montos muy superiores al máximo que estipula las reglas del programa, de unos 300 dólares al año.

“No pues imagínese, nunca hay tanto dinero, quién sabe quienes sean”, dijo la hija de Rosario Ortiz, otra beneficiaria en el municipio mexiquense de Ixtapaluca.

En este mapa de pagos supuestamente inflados el caso más llamativo es el de Manuel García Casas, un supuesto adulto mayor residente en Tijuana, Baja California.

En solo un bimestre a finales de 2015 él aparece como receptor de 1,050 dólares, esto es, más de tres veces lo que los demás adultos mayores obtenían en ayudas por todo el año. Univision Investiga no pudo contactarlo.

“Los homónimos se dan entre estados, municipios, diferentes localidades; pero que en la misma localidad una persona reciba dos, tres, cinco veces, apareciendo en la lista como beneficiario, pues es atípico”, explicó Serdán.

En varias localidades del país estos pagos fuera de las reglas del programa se concentraron en zonas catalogadas en los registros de población con altos índices de pobreza.

Avisos ignorados

Para algunos funcionarios al interior del gobierno de Enrique Peña Nieto el tema de un padrón de adultos mayores inflado no es nuevo.

En 2016, Jaime Martínez Veloz envió varias cartas a sus jefes en la Secretaría de Gobernación explicando que había detectado movimientos inusuales en la asignación de los presupuestos.

En ese entonces él fungía como enlace para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y monitoreaba la asignación de dinero público para este grupo vulnerable, a través de distintos programas sociales.

Encontró, por ejemplo, que en 2015 se habían aprobado inicialmente unos 600 millones de dólares para ayuda de adultos mayores indígenas. Durante el año Hacienda autorizó que ese presupuesto aumentara en otros 600 millones, como también publicó la revista Proceso.

Para lograrlo sacaron dinero de otras partidas del presupuesto como la construcción de carreteras y las ayudas para el campo.

“Hay un invento de cuando menos un millón y medio de indígenas que en este país no existen y esa partida decía que iba a atender”, dijo Martínez.

Como parte de su campaña para que las autoridades revisaran el caso, él afirma que habló personalmente con varios funcionarios de alto nivel, entre ellos el jefe de la oficina de René Juárez, el ex subsecretario de Gobernación y actual presidente nacional del PRI.

Univision confirmó que estos funcionarios están copiados en varias cartas con sellos de recibido. La oficina de Juárez no respondió a una solicitud de una postura.

“Si tú te fijas de este caso no han dicho nada, porque no tienen cara para decir, no tienen cómo defenderse”, afirmó el exfuncionario.

Mientras Martínez lidiaba con el silencio oficial en Gobernación, Buchahin encontró al interior de Sedesol poco interés en conocer el destino del dinero supuestamente desviado.

“Me he preguntado mucho por qué las (instituciones) afectadas no tienen esa preocupación de saber qué ocurre, cómo ocurre, conocer la verdad para poner orden, recuperar el dinero y ejemplificar mejores prácticas de gobierno”.

Recientemente, Buchahin fue despedida de la Auditoría luego de que pidió autorizaciones para iniciar nuevas indagatorias por casos similares. Ella piensa que se convirtió en un personaje incómodo.

“Ven que no hay controles de supervisión. Hay una motivación cuando estoy viendo que hay impunidad. Hoy no se ha castigado la corrupción y de alguna manera los que están dispuestos a hacerlo pueden decir ‘No pasa nada’”.

*Gerardo Reyes, Margarita Rabin, Daily Camacaro, Juan Cooper y Azul Alvarez contribuyeron con este reportaje.