El año con más ejecuciones fallidas: por qué hubo tantos problemas para aplicar la pena de muerte en EEUU en 2022

En medio de atropellados procesos y una agonía descrita por diversas organizaciones como “tortura”, este 2022 será catalogado como el año con más ejecuciones fallidas de reos en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe anual de Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), el 35% de los 20 intentos de ejecución que se realizaron este año presentaron algún tipo de problema y, al menos 7 del total de ejecuciones podrían interpretarse como fallidas, algo nunca antes visto desde que se llevan registros.

Se trata de una proporción tan alta que ha comenzado a encender las alarmas para realizar una exhaustiva revisión sobre la práctica de las inyecciones letales, el método dominante en EEUU en los últimos 40 años.

Procesos agonizantes y violaciones de protocolos

La mayoría de los problemas se presentaron cuando los funcionarios intentaron detectar infructuosamente una vena a través de la cual inyectar las drogas letales a los reos.

De acuerdo con el reporte, los múltiples intentos por colocar el catéter sin éxito, llevó a los prisioneros a una especie de “agonía”, algo que los abogados lo describieron como una “tortura”.

En estos casos se encuentran ejecuciones en Alabama, Arizona y Texas. Tan solo en Alabama, sucedió de forma seguida en las tres últimas ejecuciones programadas, lo que llevó a la gobernadora republicana, Kay Ivey, a suspender las ejecuciones de los reos sentenciados a muerte mientras realizaban una revisión del proceso.

A mediados de noviembre, los trabajadores penitenciarios de Alabama abortaron la ejecución de Kenneth Eugene Smith debido a un problema con las vías intravenosas. Sus abogados dijeron que creen que pudo haber estado atado a una camilla durante cuatro horas a pesar de que sus apelaciones finales aún estaban en curso, lo que le dejó diversas lesiones.

Meses antes, en julio se completó la ejecución de Joe Nathan James Jr., pero hubo un retraso de tres horas debido al mismo problema, lo que llevó al grupo contra la pena de muerte Reprieve US Forensic Justice Initiative a afirmar que la ejecución fue fallida.

En septiembre, el estado también canceló la ejecución programada de Alan Eugene Miller debido a la dificultad para acceder a sus venas. Miller dijo en un expediente judicial que el personal de la prisión lo pinchó con agujas durante más de una hora y en un momento lo dejó colgado verticalmente en una camilla antes de anunciar que se detendrían.

Otros casos incluso han llegado a violar los protocolos estatales y siguieron adelante a pesar de que había defectos en esos mismos protocolos.

El ejemplo de este caso es Arizona, con la ejecución de Clarence Dixon en Arizona, cuando los oficiales penitenciarios intentaron colocar la vía intravenosa, pero al no poder hacerlo recurrieron a realizar un "corte" no autorizado, cortándole la ingle para llegar a una vena.

También el gobernador de Tennessee, Bill Lee, detuvo una inyección letal en abril porque se enteró de que las drogas no habían sido probadas según lo requerido. La decisión se tomó luego de que las autoridades tuvieron que parar la ejecución de Oscar Smith "debido a un error en la preparación de la inyección letal".

Opacidad, omisiones y violación a los derechos humanos

El reporte de DPIC señala que una constante en todos los procedimientos fallidos era la opacidad utilizada por los estados para evitar la rendición de cuentas.

Tres estados, Idaho, Florida y Mississippi, introdujeron nuevas leyes que dificultan todavía más la forma en que se llevan a cabo las ejecuciones, incluida la ocultación de la fuente de sus drogas letales para eludir el escrutinio judicial.

Carolina del Sur, por ejemplo, intentó programar dos ejecuciones sin contar con un protocolo de ejecución completo. Según la ley estatal, si la inyección letal no está disponible, los presos se ven obligados a elegir entre la electrocución o el fusilamiento, pero el estado no tenía ningún plan para las ejecuciones por fusilamiento.

Entre los ejecutados este año había presos con enfermedades mentales graves, daño cerebral, discapacidad intelectual y fuertes afirmaciones de inocencia.

Dos presos fueron ejecutados a pesar de las objeciones de las familias de las víctimas, y otros dos fueron ejecutados a pesar de las solicitudes de los fiscales de retirar sus sentencias de muerte.

40 años de pena de muerte, una práctica a la baja

Mientras el método con inyecciones llega a su 40 aniversario, la práctica de la pena de muerte en Estados Unidos va marchitándose poco a poco, aunque técnicamente en 27 estados aún es legal.

Sin embargo, este año solo la ejercieron Alabama, Arizona, Oklahoma, Mississippi, Missouri y Texas.

Las 18 ejecuciones que se completaron en 2022 y las 22 nuevas sentencias de muerte se encuentran entre las cifras más bajas desde 1991.

Además, el apoyo público a la pena capital y los veredictos de muerte por jurado se mantuvieron en mínimos históricos. De acuerdo con la encuesta sobre delitos de Gallup, el apoyo a la pena capital se mantuvo dentro en sus niveles más bajos en medio siglo.

Por octavo año consecutivo, menos de 30 personas fueron ejecutadas y menos de 50 personas fueron condenadas a muerte.

Uno por uno, los estados continuaron su alejamiento de la pena de muerte.

Esta semana, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, subrayó la tendencia al conmutar las penas de muerte de los 17 reclusos condenados en el estado por cadena perpetua sin libertad condicional.

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