Empleados de una taquería se quejaban de abusos laborales: los dueños lo resolvieron con un "sacerdote"

Empleados de la Taquería Garibaldi de California se habían quejado de que no les pagaban horas extras, les robaban las propinas y hasta los obligaban a comprar sus uniformes. En respuesta, los dueños hubo una campaña de intimidación en la que incluso de habló de deportación, de acuerdo con la denuncia.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
El Departamento del Trabajo teme que esta práctica de explotación laboral no solo se registre en San Diego, California, sino en el resto de la frontera. Hasta ahora, siete empresas han sido multadas y han entregado más de 2 millones de dólares en compensaciones a empleados mexicanos.
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Investigadores del Departamento federal del Trabajo (DOL) buscaron sin éxito a un “sacerdote” católico que a través de una supuesta confesión de pecados habló en privado con los trabajadores de una taquería de California que habían denunciado los abusos laborales que ocurrían en el negocio.

Se trató de una táctica inédita que implementaron los dueños de la Taquería Garibaldi para descubrir y silenciar a quienes los delataron. Además, les advirtieron falsamente en reuniones que el caso terminaría por afectar a los indocumentados pues su información llegaría hasta Migración, describe la acusación.

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Varios trabajadores aseguraban que no les pagaron horas extras, que no tomaban suficientes descansos, que compraban los uniformes y les robaban las propinas. Más tarde dijeron ser objeto de una intensa campaña de intimidación en la que se tocó un tema particularmente sensible: la deportación.

Al final, los propietarios de la Taquería Garibaldi, con sucursales en Sacramento y Roseville, doblaron las manos en una corte y aceptaron pagar 140,000 dólares por salarios atrasados a 35 empleados. Un juez les ordenó además que no tomaran represalias y que acataran las leyes laborales al pie de la letra.

Otras irregularidades detectadas por las autoridades es que tomaron ilegalmente dinero del fondo de propinas para pagar a los gerentes y despidieron a un trabajador que creían estaba colaborando con los investigadores del DOL.

Los abogados defensores Alden John Parker y Christina Anton no respondieron inmediatamente a los mensajes enviados por Univision Noticias.

Este medio llamó al restaurante de Sacramento tratando de hablar con los propietarios Héctor Manuel Martínez Galindo y Eduardo Hernández, pero una empleada aseguró que no se encontraban. La mujer puso en el teléfono a su supervisor Alejandro Rodríguez, quien también fue acusado en este caso.

“Mi patrón me dijo que no habláramos. Ya se encargaron los abogados. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tenemos nada que responder… Nosotros nada más nuestro trabajo”, comentó Rodríguez, quien se disculpó por no poder proporcionar más información y luego colgó.

Casi 1 de cada 10 niños están sujetos al trabajo infantil en todo el mundo y casi la mitad de ellos han sido obligados a realizar oficios que ponen en riesgo sus vidas, según Naciones Unidas. En América Latina el 7% de los niños de 5 a 17 años trabajan en la agricultura, ganadería y minería, aunque también son explotados sexualmente y trabajan en la fase inicial del narcotráfico cosechando coca y goma de opio. Más noticias en Univision.
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El ‘cura’ que confesó en la Taquería Garibaldi

El incidente del “sacerdote” ocurrió durante los primeros meses de 2022, un año después de que la oficina en Sacramento del Departamento del Trabajo notificó que los estaban investigando. Les exigieron entregar una lista con la información de cada uno de sus trabajadores. Las entrevistas se hicieron por teléfono debido a las restricciones por la pandemia.

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Raquel Alfaro, investigadora de la oficina de horas y salarios del Departamento del Trabajo, testificó en una corte federal de Sacramento el 7 de julio de 2022 que varios trabajadores le contaron sobre la llegada a la taquería de un hombre que dijo ser un cura católico. Algunos lo identificaron como “amigo” de uno de los dueños del restaurante, Eduardo Hernández, mencionado en la acusación.

Alfaro dijo que entre tres y cuatro trabajadores fueron pasando uno a uno a la parte trasera del negocio para confesarse. El “sacramento” inició de la manera tradicional: con una oración. Pero después se volvió un interrogatorio.

“Les pareció extraño porque el ‘sacerdote’ estaba haciendo preguntas sobre su lealtad al empleador y al negocio… El ‘cura’ les preguntó cuánto tiempo trabajaron para Eduardo y si alguna vez le habían robado a Eduardo… Tenía que ver con la lealtad de ese empleado a Eduardo y al restaurante”, declaró Alfaro, quien lideró esta investigación.

“Sintieron que era intimidante… Fueron varios empleados los que me dijeron esto y sí traté de localizar al cura, pero no pude. Y me dijeron que es un amigo del patrón”, agregó la funcionaria en el tribunal.

“No sé si realmente es un ‘cura’. Pero todos los empleados que me dijeron esto, dijeron que son católicos practicantes y que nunca han experimentado una confesión como esa. Pensaron que era muy extraño”.

Las tácticas intimidatorias de los patrones

En ese tiempo, el abogado defensor Alden Parker cuestionó la veracidad de ese incidente, negó que sus clientes hayan amenazado a sus trabajadores indocumentados y subrayó que no había evidencia suficiente para proceder con este caso.

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“También tenemos evidencia directa de testigos que dicen que la propia investigadora ha identificado incorrectamente a un individuo que no existe… Esto continúa y pone en tela de juicio la fiabilidad de las notas, la información y los recuerdos de los hechos del propio investigador”, declaró Parker en la corte.

“Tenemos dos individuos que fueron acusados de hacer declaraciones que ambos directamente y bajo juramento niegan que hayan ocurrido... No llamaron a ninguna autoridad migratoria”, enfatizó.

En esa audiencia, el Departamento del Trabajo le pedía al juez de distrito William Shubb que impusiera una orden de restricción temporal para que los dueños de la taquería desistieran del acoso.

Jennifer Sta.Ana, representante de la dependencia, dijo en el tribunal que “los acusados están amenazando a los empleados con represalias, diciendo específicamente que los despedirán si hablan con el Departamento del Trabajo” y les habían advertido “que toda la información que los empleados den al departamento será enviada a las autoridades de inmigración para que los deporten”.

“Esta situación es urgente… Las amenazas más inmediatas de despido y deportación ocurrieron hace apenas unas semanas, a mediados de junio (de 2022)… Los trabajadores no han hablado con el Departamento de Trabajo con tanta frecuencia porque tienen mucho miedo de que se tomen represalias contra ellos y eso impide nuestra capacidad de seguir adelante con este caso”, afirmó Sta.Ana.

Sucursal de la Taquería Garibaldi en la ciudad de Sacramento, California.
Sucursal de la Taquería Garibaldi en la ciudad de Sacramento, California.
Imagen Google Earth

Las advertencias de que serían deportados

La investigadora Raquel Alfaro también dijo que los dueños de la Taquería Garibaldi organizaron reuniones para pedir a los trabajadores que dijeran al gobierno que recibían sueldos justos y que las leyes laborales se cumplían a cabalidad. Pero los discursos se tornaban agresivos, indicándoles que debían mentir para “devolverles el favor” por haberles dado empleo.

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“El primer empleado que me contactó me hizo saber que Alejandro (Rodríguez) estaba muy molesto por la denuncia y por la cobertura noticiosa que tuvo la denuncia. Y le dijo al empleado y a otros que no hablaran con los medios ni el Departamento de Trabajo. Que por esta denuncia ahora su estatus migratorio iba a estar comprometido y que tenían que aprender a estar callados” o “serían despedidos”, testificó Alfaro.

En otro momento, Rodríguez le aseguró al personal que la investigación del gobierno federal “había terminado” y que solo había tomado el caso para detectar a los indocumentados y enviar su información al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Ese empleado estuvo a punto de llorar y no es el único empleado que ha llorado ante mí por este asunto. Pero ese trabajador dijo que esta situación está empeorando y que todos están muy asustados en el restaurante”, declaró Alfaro.

Una de las políticas del Departamento del Trabajo prohíbe preguntar el estatus migratorio de los denunciantes. Lo hacen para garantizar su cooperación y que en este país se protejan los derechos laborales de todos, independientemente de su situación migratoria en este país.

“Ni un empleador o gerente de la Taquería Garibaldi puede amenazarle con contactar a las autoridades de inmigración”, se lee en un aviso que recibieron los trabajadores.

La dependencia dijo estar sorprendida por dichas tácticas que calificó de “desvergonzadas”.

“Los despreciables intentos de este empleador de tomar represalias contra los empleados tenían como objetivo silenciar a los trabajadores, obstruir una investigación e impedir la recuperación de salarios impagos”, dijo Marc Pilotin, procurador del DOL en San Francisco, en un comunicado.

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El juez Shubb ordenó a los dueños y al supervisor del restaurante que dejen de amenazar a los empleados, que les paguen lo que marca la ley, que dejen no tomar dinero del fondo de propinas, que no manipulen los registros de las jornadas laborales y devolver los sueldos robados lo antes posible.

Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Imagen Departamento de Justicia (DOJ)
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