“Fue una tortura”: así fue la muerte de Mary Melero, una mujer autista que vivía amarrada en un baño de Nuevo México

Mary Melero, una mujer con autismo, era transportada a México para que en una clínica le brindaran atención médica, cuando la vio un agente fronterizo. Falleció once días después en un hospital de El Paso, donde se determinó que tenía múltiples lesiones graves y señales de que la mantuvieron atada mucho tiempo.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
Heather Maxine Barron, de 33 años, y su pareja Kareem Ernesto Leiva, de 37, fueron condenados por asesinato en primer grado del menor Anthony Ávalos, hijo de Barron. Fue encontrado muerto en su casa el 21 de junio de 2018 en Lancaster, California. Sigue las últimas noticias en Univision.
Video La madre de Anthony Ávalos pasará el resto de su vida en la cárcel: los abusos que mataron al pequeño

Las autoridades de Nuevo México arrestaron a tres mujeres por la supuesta tortura que le infligieron a Mary Melero, una persona autista de 38 años que estaba bajo su cuidado en una residencia en Rio Rancho. La víctima perdió la vida debido a múltiples heridas que tenía, describe la acusación de la Fiscalía estatal.

“El abuso y la negligencia que ella soportó fueron horribles y las lesiones que sufrió están entre las peores que he visto en mi carrera”, dijo Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, en una conferencia de prensa. “Esto fue una tortura, realmente no hay otra palabra para eso”.

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Este caso fue descubierto por un agente de la Patrulla Fronteriza en Texas que revisó una camioneta blanca que se dirigía a México el pasado 27 de febrero. Se alega que las acusadas llevaban a la víctima a una clínica en el vecino país para que le brindaran atención médica.

El oficial migratorio notó que Melero, quien viajaba en el asiento trasero del vehículo, estaba en malas condiciones y pidió apoyo para que la transportaran al Centro Médico Universitario en El Paso, donde no pudieron salvarle la vida. La mujer murió 11 días después de su ingreso, el 7 de abril.

Cuando la llevaban a México, Melero estaba “severamente deshidratada y drogada”, y tenía “numerosas heridas abiertas, incluyendo llagas crónicas con hueso expuesto, hematomas y laceraciones en varias partes de su cuerpo, y marcas” que indicaban que la tuvieron sujeta mucho tiempo, según los fiscales.

El agente fronterizo le preguntó cómo estaba, pero Melero no pudo responderle.

Documentos judiciales indican que la víctima “fue dejada en una bañera con sus propias heces durante varios días consecutivos y, según los profesionales médicos, tenía úlceras por presión infectadas que le provocaron un choque séptico”.

Los profesionales médicos explican que un choque séptimo es un estado de presión arterial baja potencialmente mortal y un fallo orgánico debidos a la septicemia, que ocurre como una respuesta del organismo ante una bacteria o infección, sumado a la insuficiencia de algún órgano esencial.

En el Centro Médico Universitario de El Paso concluyeron que recibieron a la paciente con “heridas crónicas”.

Yaneth Yaquelin Díaz Avelar está acusada de abuso infantil por pegarle repetidas veces a su hijo de 11 años. Según el informe policial, el menor tomó $15 del auto de su madre. Los golpes fueron tan fuertes que le dejaron moretones al menor y en su escuela cuando lo vieron hicieron la denuncia a las autoridades.
Video Arrestan a madre de Homestead acusada de golpear en varias ocasiones a su hijo de 11 años por tomar $15

Acusadas enfrentan hasta 20 años de cárcel

Melero estaba bajo el cuidado de Angelita Rene Chacón, de 52 años y quien recibía un pago mensual de casi 5,000 dólares para tener a la víctima en su casa en Rio Rancho, al norte de Albuquerque. Era un sueldo que le daban a través de un programa de salud administrado por el gobierno de Nuevo México.

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En la residencia también vivía su pareja Patricia Hurtado, de 42 años. Una tercera implicada, Luz Scott, les habría ayudado y proporcionó el vehículo para que la llevaran a México. Las tres fueron arrestadas.

Chacón enfrenta varios cargos, incluyendo abuso y negligencia contra un residente con resultado de muerte, y secuestro. Estos delitos conllevan a una pena máxima de 19 años en prisión.

Hurtado ha sido señalada por cargos similares, además de daño psicológico, por lo que enfrenta un castigo más duro: 20 años y medio tras las rejas.

Mientras que Scott podría pasar hasta tres años en la cárcel si se comprueba en un tribunal que cometió el delito de conspiración para realizar un secuestro.

Piden reformas a programa de salud estatal

“Las personas con discapacidades corren un mayor riesgo de abuso, negligencia y explotación”, dijo en el comunicado Jeffrey R. Downey, a cargo de la oficina en El Paso del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Es desgarrador descubrir casos en los que la persona con discapacidad ha sufrido abuso físico y emocional por parte de un familiar o cuidador de confianza”, agregó.

Melero era beneficiaria de un programa del Departamento de Salud de Nuevo México que ofrece a personas con discapacidad la opción de que sus seres queridos y profesionales los cuiden en sus casas. La iniciativa es conocida como DD Waiver. Uno de sus contratistas es la agencia At Home Advocacy (AHA), la cual le pagaba a Chacón para que se hiciera cargo de Melero.

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En los tres años previos a la muerte de Melero, AHA recibió cerca de 250,000 dólares para coordinar el apoyo que se le brindaba específicamente a esta mujer. Los registros citados por la Fiscalía de Nuevo México señalan que la última visita de representantes de AHA a la casa de Chacón ocurrió el 25 de enero, pero éstos no revisaron las condiciones en las que se encontraba la paciente.

Un supervisor de AHA declaró a los investigadores del FBI que la compañía realizaba visitas de bienestar mensuales en el domicilio de Chacón, pero que no hacían "verificaciones corporales" y por ello no detectaron el abuso, se menciona en documentos judiciales.

El fiscal Torrez pidió que se hagan reformas al programa DD Waiver para evitar que incidentes como éste se repitan.

El funcionario propuso que haya más personal para realizar inspecciones a los pacientes; que esas revisiones sean obligatorias al menos cada 90 días; que se notifique a las agencias del orden cuando haya indicios de maltrato, negligencia o explotación; pedirle al público que denuncie estos casos; y que se establezcan sanciones más severas contra empresas y cuidadores que no cumplan con la ley.

“No se puede contar con contratistas privados para vigilarse a sí mismos. El Departamento de Salud debería tener suficientes inspectores especialmente capacitados para realizar controles regulares de bienestar”, declaró el funcionario en el comunicado.

Por su parte, legisladores estatales solicitaron al gobierno federal que investigue este programa y que haya “cambios sistemáticos y efectivos” respecto a la atención a personas con discapacidad.

Gabrielito falleció después ser agredido y abusado por los responsables de su custodia. Pearl Sinthia Fernández, de 35 años de edad y madre del pequeño, 
<a href="https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/muertes/crimen-de-gabrielito-pena-de-muerte-para-el-padastro-y-cadena-perpetua-para-la-madre-del-nino-de-8-anos">fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.</a> Isauro Aguirre, un exguardia de seguridad de 37 años y novio de la madre, fue sentenciado a muerte por el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles.
Los problemas de drogadicción Pearl Sinthia Fernández permitieron que sus abuelos lograran la custodia de Gabriel a los pocos meses de nacido. Siete años después y luego de una breve estadía en un centro de rehabilitación Fernández recuperó a su hijo, aparentemente con la intención de obtener beneficios de la asistencia pública y del IRS. En la fotografía, Fernández en su presentación a la corte cuatro días después de la muerte de Gabrielito, el 28 de mayo de 2013.
La fiscalía detalló en el juicio que Gabriel vivió un infierno que duró ocho meses, desde el día que Pearl Fernández reclamó y obtuvo la custodia de su hijo en septiembre de 2012. 
<a href="https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/juicios/los-13-dias-de-tortura-que-llevaron-a-la-muerte-a-gabrielito-en-los-angeles">13 días antes de su muerte había sido retirado de la escuela y desde entonces, hasta que llegó al hospital</a>, Gabrielito sufrió jornadas intensas de tortura. En la fotografía, el pequeño antes de ser retirado de clases, con su rostro visiblemente maltratado.
“Cada centímetro de Gabriel estaba magullado e hinchado. Su piel era de color negro y azul. Recuerdo que al tocarlo estaba frío”, declaró en el juicio Emily Rebar, una de las enfermeras que atendió al niño antes de morir. Otra enfermera aseguró que 
<a href="https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/juicios/gabrielito-no-tenia-piel-en-el-cuello-y-un-balin-estaba-en-su-ingle-el-testimonio-de-una-enfermera-en-la-corte">el pequeño tenía lesiones en el cuello y en la ingle causadas por una pistola de aire</a>. Gabrielito fue forzado a dormir dentro de un gabinete ubicado en la recámara de los acusados, con un calcetín dentro de la boca y una venda sobre los ojos. La imagen corresponde a una de las evidencias presentadas en la corte para explicar las distintas lesiones encontradas en el cuerpo del niño.
La fiscalía pidió que se analizaran 
<a href="https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/juicios/juicio-por-la-muerte-de-gabrielito-tenia-arena-para-gato-en-el-estomago-y-habia-cientos-de-manchas-de-sangre-en-la-casa">varias manchas de sangre en las paredes de vivienda donde vivía el pequeño</a> y todas coincidieron con el ADN de Gabriel. Testimonios de familiares también ayudaron en la conclusión de que la madre y su pareja abusaron severamente del pequeño durante los meses previos a su muerte.
Jonathan Hatami, fiscal de distrito del caso, explicó que Isauro Aguirre “le dio un puñetazo y le siguió dando puñetazos” hasta que el pequeño perdió el conocimiento y tuvo que ser hospitalizado. Los médicos indicaron que el niño tenía muerte cerebral. Dos días después, el 24 de mayo, murió. En la imagen Isauro Aguirre en su presentación a la corte el 28 de mayo de 2013.
Dos días antes de la muerte del pequeño, Aguirre lo habría golpeado tantas veces que hasta perdió la cuenta, según señala la acusación. Posteriormente confesó a los investigadores que le dio 10 golpes en la cabeza y al menos 20 en el cuerpo. La fiscalía agregó que Aguirre estrelló la cabeza del menor contra una pared con tanta fuerza que le habría fracturado el cráneo.
Cuatro trabajadores del Departamento de Servicios a los Niños y la Familia del condado de Los Ángeles tenían la responsabilidad legal de proteger a Gabriel cuando el caso fue abierto en octubre de 2012. Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, y sus supervisores: Kevin Bom y Gregory Merritt, 
<a href="https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/abuso-infantil/acusan-a-trabajadores-sociales-de-negligencia-por-la-muerte-de-nino-torturado">enfrentan cargos por abuso infantil y falsificación de documentos públicos</a>. En la fotografía los familiares de Gabriel durante una rueda de prensa en abril de 2016.
Rodríguez y Clement falsifiacaron los reportes en los que debieron documentar que Gabriel tenía evidencias físicas de abuso. En la fotografía, una tarjeta que hizo el pequeño para un día de las madres.
En un aparente argumento de defensa, Isauro Aguirre y Pearl Fernández, quienes enfrentaron juicios separados, habrían declarado a las autoridades que al niño “le gustaba golpearse a sí mismo, que era gay y que quería matarse”. La investigación determinó que el niño también 
<a href="https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/juicios/juicio-por-la-muerte-de-gabrielito-tenia-arena-para-gato-en-el-estomago-y-habia-cientos-de-manchas-de-sangre-en-la-casa">había sido obligado a comer heces de gato.</a>
Isauro Aguirre y Pearl Sinthia Fernández durante la audiencia de sentencia el jueves 7 de junio de 2018 en Palmdale, California. Fernández, quien se declaró culpable de asesinato de su hijo en febrero, fue condenada a cadena perpetua. Aguirre fue hallado culpable de homicidio en primer grado el pasado 15 de noviembre y sentenciado a muerte.
Luego de leer la sentencia, el juez George Lomeli calificó el crimen como "horrendo, inhumano y peor que el demonio". "Espero que piense sobre el dolor que causó a este niño y que te torture", añadió. La fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, aseguró que "este caso demostró cómo el mal no solamente puede infligir un daño duradero a quienes amaron a Gabriel, sino también a nuestra sociedad".
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Gabrielito falleció después ser agredido y abusado por los responsables de su custodia. Pearl Sinthia Fernández, de 35 años de edad y madre del pequeño, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Isauro Aguirre, un exguardia de seguridad de 37 años y novio de la madre, fue sentenciado a muerte por el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles.
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