Atasco en la Corte de Inmigración sobrepasa los 3 millones de casos: cada uno puede tardar casi 5 años
El colapso del sistema migratorio estadounidense aumenta a medida que no se detiene la llegada de inmigrantes indocumentados en la frontera sur. Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse revela que al 30 de noviembre 3,075,248 casos pendientes.
Por:
Jorge Cancino.
La ley SB4 firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, faculta a la policía estatal para preguntar por el estatus migratorio de cualquier persona. Además, les permite arrestar a quienes no puedan comprobar que ingresaron de manera legal a EEUU. Analistas consideran que esta es una legislación anticonstitucional que criminaliza a los migrantes y facilita el racismo. Lee aquí más información sobre la ley SB4.
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El número de casos pendientes en la Corte de Inmigración sobrepasó la barrera de los 3 millones, registrando un récord histórico que muestra el colapso del sistema migratorio estadounidense.
Los últimos datos recopilados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse revelan que al 30 de noviembre el número de casos pendientes de resolución era de 3,075,248.
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“Hace apenas 12 meses, durante noviembre de 2022, el atraso era de 2 millones”, precisa el informe. “Eso significa que la acumulación de casos ha aumentado en un millón en sólo los últimos 12 meses”, precisa.
Cuando el presidente Joe Biden llego a la Casa Blanca en enero de 2021, la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) tenía acumulados unos 1.2 millones de casos. En enero de 2017, cuando Donald Trump asumió como el presidente número 45 de Estados Unidos, el atasco era de unos 520,000 expedientes.
El informe del TRAC señala además que tan solo el último trimestre de julio a septiembre de 2023, la acumulación de casos “aumentó en casi 400,000”, un incremento promedio “de 130,000 expedientes por mes”.
“Durante octubre y noviembre de 2023 el crecimiento mensual fue aún mayor”, advierte, situación que pone en evidencia el agotamiento de la capacidad de respuesta del sistema para atender, revisar y decidir casos, principalmente de asilo.
El Centro indica además que las administraciones anteriores “al menos desde el gobierno de George W. Bush (2001-2009)– han fracasado cuando intentaron abordar el problema aparentemente intratable del atraso en la EOIR”.
El TRAC señala que la contratación de nuevos jueces de inmigración “se aceleró durante los primeros tres años de la Administración Biden” y que, de acuerdo con los últimos registros de personal de la EOIR, “muestran un total de 682 jueces actualmente en ejercicio”.
El informe señala además que, en promedio, “cada juez cerró alrededor de 975 casos durante el último año fiscal”. Durante el gobierno de Trump el entonces fiscal general, Jeff Sessions, ordeno a los jueces una cuota anual de 700 casos por año, cantidad sometida a múltiples críticas por parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración N(NAIJ), quienes alegaron que el alto número de expedientes procesados ponía en riesgo los derechos de permanencia de miles de extranjeros y que, en muchos casos, la prisa impuesta por el Ejecutivo no garantizaba un debido proceso justo.
El TRAC señala que el promedio actual de casos procesados “se trata de una tasa de cierres casi un tercio mayor que hace siete años, durante el último año del gobierno Obama”.
A pesar de que hay más jueces que en 2016, pero un mayor número de casos acumulados, el flujo de casos en la Corte de Inmigración sigue aumentando día a día con nuevos casos entrantes referidos por las autoridades migratorias federales de la frontera.
“Por lo tanto, el número de casos promedio de los 682 jueces que ahora están en ejercicio ha aumentado a 4,500 expedientes por juez”, indica.
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Eso significa que, si se toma en cuenta el promedio global de casos atendidos en un año que alcanza los 975 y se dividen por el número de casos promedio asignado a cada juez de manera equitativa, en promedio cada caso se demora 4.6 años en ser resuelto, un tiempo que alarma tanto a abogados como a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
“No cabe duda, analizando estos datos, que el sistema migratorio se encuentra roto”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “La corte sigue acumulando un número astronómico de expedientes y la gente no puede obtener beneficios legales vigentes en un tiempo razonable”.
Guerrero dijo además que, “si bien existe un camino para acelerar procesos por medio de una petición a la corte que permita “avanzar el caso si se tienen todos los documentos y expedientes a mano, esa probabilidad no está garantizada debido precisamente al atasco existente”.
Para Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, el severo atasco en la Corte de Inmigración “es una espada de doble filo” para aquellos inmigrantes que “tienen un buen caso de asilo o una buena defensa para evitar la deportación. No solo deberán esperar meses o años por la audiencia y permanecerán años viviendo angustiados no sabiendo si ganarán sus juicios y sus permanencias en Estados Unidos”.
“El promedio de espera debido al atasco es muy grande, son más de 4 años de angustias”, precisó.
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Sin embargo, Barrón dijo que las demoras “ayudan a aquellos que tienen un caso débil o que simplemente no tienen causal para ganar el juicio de deportación. Ganan tiempo mientras esperan sus audiencias, unos 4.6 años en promedio y muchos mientras tanto tendrán una autorización de empleo después de los 180 días de haber solicitado asilo”.
Los favorecidos con las demoras “son los casos malos”, dijo la abogada de inmigración Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. “Aquellos que llevan las de perder y podrían incluso enfrentar una deportación. Ellos son los únicos felices porque mientras más se retrasan sus casos más tiempo se quedan en Estados Unidos”.
“Con las acumulaciones y las demoras pagan justos por pecadores”, agregó. “Estamos a merced de lo que digan las cortes. Y casos que llevan mucho tiempo esperando por un beneficio (como residencias legales permanentes y/o ajustes de estatus) los tribunales están posponiendo las audiencias y retasando resoluciones”.
