La velada amenaza que recibieron en una carta funcionarios de lugares 'santuario' que no cooperan con ICE

Cientos de funcionarios estatales y locales en Estados Unidos recibieron sombrías cartas dos días antes de Navidad. En las misivas se esbozaba un posible camino que podría tomar el gobierno de Donald Trump para atacar a las jurisdicciones 'santuario' que se resistan a las deportaciones a gran escala.

En las cartas se amenazó con procesos penales y demandas que apuntarían a las finanzas personales de los funcionarios, pues aludieron a la ley RICO, una norma federal que suele usarse para combatir el crimen organizado.

“Usted y sus subordinados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión”, se leyó en las cartas de la America First Legal Foundation, un grupo liderado por asesores actuales y anteriores del presidente electo Donald Trump. Su presidente, Stephen Miller, será el subdirector de política en el nuevo gobierno y es desde hace mucho un ideólogo de las políticas de inmigración de Trump.

Los destinatarios de las cartas fueron funcionarios de ciudades, condados y estados considerados 'santuario', un término arraigado en leyes medievales que hoy abarca una gama de protecciones para los inmigrantes, particularmente aquellos que viven en el país sin permiso de residencia. Las jurisdicciones 'santuario' o refugio limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Algunos de los funcionarios fueron elegidos por declaraciones que hicieron después de la victoria electoral de Trump.

Laura Healey, la gobernadora demócrata de Massachusetts, ha sido criticada por jurar que empleará “todas las herramientas en la caja de herramientas” para resistir las prometidas deportaciones masivas en su estado. Pero la mayoría entró en la lista por negarse a ayudar al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a retener a personas buscadas por estar en el país sin permiso de residencia.

Las cartas pueden apuntar a que el gobierno recurrirá a herramientas legales. Se enviaron cartas a más de 200 funcionarios, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y funcionarios del condado de Maine, Nebraska y California.

¿Qué decían las cartas enviadas a funcionarios en jurisdicciones 'santuario'?

Las advertencias pueden dar luces sobre la potencial estrategia legal de Trump contra la inmigración y su promesa de deportaciones masivas. Acusan a los funcionarios de violar varias normas federales, incluyendo una contra el contrabando de inmigrantes y otra contra interferir en la labor de los agentes federales.

Son en gran parte idénticas, aunque ocasionalmente personalizadas con detalles de crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes en la jurisdicción de un funcionario en particular. “Cada uno de ustedes podría enfrentar un proceso penal y responsabilidades civiles por sus actos ilegales”, escribió James Rogers, responsable legal de la America First Legal Foundation.

“Los empleados en su jurisdicción implicados en la aplicación de políticas 'santuario' que impiden que los agentes federales de inmigración lleven a cabo sus deberes podrían arriesgarse a hasta seis años de prisión”, escribió.

Aunque la mayoría de los abogados no se amilanan ante amenazas como esas, al mismo tiempo reconocern que débiles argumentos legales que se presentan en algunas ocasiones no necesariamente impiden los procesamientos. “Creo que estas amenazas son en realidad un engranaje crítico en la estrategia”, dijo Mark Fleming, abogado del National Immigration Justice Center con sede en Chicago, un grupo proinmigración. “Porque la realidad es que incluso si pierden, pueden ganar al hacer pasar a alguien por esto”, explicó.

ICE, que tiene solo 21,000 empleados, muchos de ellos administrativos o personal de apoyo, necesitaría una inmensa ayuda de las fuerzas del orden locales para cumplir con las promesas de Trump de deportaciones masivas.

Las designaciones de lugares 'santuario' ya han causado profundas divisiones en algunas jurisdicciones. Varios jefes de policía en California, Washington y otros lugares han prometido ignorar esas políticas 'santuario'. En Florida, el gobernador, Ron DeSantis, ha dicho que está dispuesto a suspender a funcionarios electos si “descuidan sus deberes” en el marco de las órdenes migratorias que emita Trump.

Pero los líderes demócratas, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y Hochul, de Nueva York, juraron después de la victoria electoral de Trump que se mantendrían firmes en sus políticas 'santuario'. Unos días después de las elecciones, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, insistió en que la fuerza policial de la ciudad no ayudaría a los agentes del ICE con las deportaciones. “No nos doblegaremos ni quebraremos”, dijo Johnson a los periodistas.

Medios reportaron el sábado que el plan de deportaciones masivas de inmigrantes comenzaría esta semana, después de que Trump asuma el cargo. Sin embargo, el nuevo 'zar de la frontera', Tom Homan, dijo al diario The Washington Post que el equipo de Trump todavia no ha decidido en qué punto o puntos del país comenzarán con su prometido plan.

Gobierno de Trump vs. ciudades santuario: la estrategia del miedo

Durante el primer gobierno de Trump, la Casa Blanca intentó emplear herramientas financieras contra las jurisdicciones 'santuario' negándoles subvenciones de seguridad pública que pueden ser clave para los presupuestos de las fuerzas del orden. Los tribunales rechazaron en gran medida esos intentos, aunque algunos leales a Trump dicen que eso podría volver a suceder en su segundo mandato.

Los tribunales han respaldado repetidamente la legalidad de la mayoría de las leyes 'santuario'.

“Las leyes 'santuario' no protegen ni albergan ni ocultan a los llamados ‘extranjeros indocumentados’”, dijo Fleming. “Lo que dicen las leyes es ‘su papel (como funcionarios federales) es hacer cumplir la inmigración. Nuestro papel no lo es, y no vamos a participar’”.

Más allá de los argumentos de estas cartas, algunos funcionarios, abogados y defensores de la inmigración se las han tomado en serio. La participación de Miller, un destacado asesor en el primer mandato de Trump y una figura importante en muchas decisiones políticas, especialmente en inmigración, les hace pensar que no tienen otra opción. Además, dicen muchos, es posible que los argumentos legales ni siquiera sean relevantes.

“En realidad cartas como estas tratan más de sembrar el temor que de articular algo que se sostenga desde un punto de vista legal”, dijo Sirine Shebaya, abogada y directora ejecutiva del National Immigration Project. Es un temor que puede utilizarse contra los funcionarios y contra los propios inmigrantes.

“Estamos escuchando mucha preocupación de nuestros miembros de la comunidad inmigrante sobre si la ciudad continuará (como santuario) o si terminarán con ello”, dijo Peter Pedemonti, codirector del Movimiento Nuevo Santuario de Filadelfia.

El temor a casos judiciales implacables, particularmente en jurisdicciones más pequeñas sin equipos de abogados, podría hacer que las autoridades den marcha atrás en las leyes 'santuario', o incluso permitan que la policía local trabaje con agentes federales de inmigración.

La pregunta es si los funcionarios responsables de las medidas 'santuario' se mantendrán firmes frente a las amenazas legales personales y una Casa Blanca entrante que ha dejado claro que la inmigración es un tema prioritario. “Stephen Miller va a ser el asesor adjunto del presidente”, dijo R. Linus Chan, abogado que trabaja con inmigrantes detenidos por ICE y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. “Así que realmente no le puedes ignorar”.

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