Estados Unidos le negó la entrada este mes a un científico espacial francés que acudía a una conferencia cerca de Houston, después de que agentes de inmigración en un aeropuerto estadounidense registraran su teléfono y encontraran mensajes en los que expresaba críticas a la administración de Donald Trump.
El caso del científico francés al que no dejaron entrar a EEUU tras encontrarle críticas a la administración de Trump en su teléfono
El Ministerio de Asuntos Exteriores francés afirmó que sus servicios consulares habían sido informados del incidente y que "deploraba la situación", al tiempo que reconoció que Estados Unidos tenía "soberanía" para decidir quién podía entrar y permanecer en su territorio.
La noticia de la expulsión de EEUU del miembro del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) la dio a conocer con "preocupación" el ministro francés de Educación Superior e Investigación, Philippe Baptiste.
“Esta medida fue aparentemente tomada por las autoridades estadounidenses porque el teléfono del investigador contenía conversaciones con colegas y amigos en las que expresaba una opinión personal sobre la política de investigación de la administración Trump”, agregó.
Una fuente diplomática dijo a la agencia que un científico espacial francés había sido detenido en una frontera estadounidense el 9 de marzo, y que los agentes revisaron el contenido de su portátil y teléfono de trabajo durante un control de seguridad aleatorio y encontraron mensajes sobre el trato a los científicos bajo la nueva administración estadounidense que "mostraban odio hacia Trump y podrían calificarse de terrorismo".
Las autoridades le incautaron su equipo y lo enviaron de regreso a Europa el 10 de marzo, agregó la misma fuente.
Otra fuente con conocimiento del asunto contó a la agencia que el científico fue acusado de poseer "mensajes de odio y conspiración", y que el FBI iba a abrir una investigación, pero después desestimó el caso.
“La libertad de opinión, la libre investigación y la libertad académica son valores que seguiremos defendiendo con orgullo. Defenderé el derecho de todos los investigadores franceses a ser fieles a ellos, respetando la ley”, declaró Baptiste.
El Ministerio de Asuntos Exteriores francés afirmó que sus servicios consulares habían sido informados del incidente y que Estados Unidos tenía "soberanía" para decidir quién podía entrar y permanecer en su territorio. Sin embargo, afirmó que "deploraba la situación".
El ministro de investigación francés ha criticado abiertamente a la administración de Trump y a Elon Musk por los enormes recortes a los presupuestos de investigación científica.
El mismo día en que se le negó la entrada a Estados Unidos al científico, Baptiste publicó una carta en la que instaba a investigadores estadounidenses a trasladarse a Francia. "Muchos investigadores de renombre ya se preguntan sobre su futuro en Estados Unidos", escribió. "Naturalmente, desearíamos dar la bienvenida a algunos de ellos".
La polémica sobre la privacidad de los viajeros a EEUU
Este incidente también ha reavivado el debate sobre la privacidad y la libertad de expresión en los controles fronterizos de Estados Unidos. En los últimos años, las autoridades estadounidenses han intensificado la vigilancia en aeropuertos, revisando dispositivos electrónicos de viajeros internacionales sin necesidad de una orden judicial.
La pasada semana, Rasha Alawieh, una una doctora libanesa con una visa H-1B que trabajaba como especialista de trasplantes de riñón en Rhode Island se le negó la entrada al país y fue deportada a Líbano tras revisar su teléfono y encontrar fotos de un líder de Hizbullah, una organización considerada terrorista por Estados Unidos.
La mujer fue interrogada y estuvo retenida al menos 36 horas antes de enviarla a Francia y de ahí a Líbano. Ella reconoció que durante su estancia en su país natal había asistido al funeral de Hassan Nasrallah, el líder de Hizbullah, de quien se dijo seguidora de sus enseñanzas religiosas y espirituales, pero no de sus posturas políticas.
Un juez emitió rápidamente una orden que prohibía su deportación, pero según la CBP, cuando los agentes recibieron la notificación oficial, ya habían puesto a Alawieh en un vuelo con destino a París.
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Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el gobierno de Trump considera que sus agentes fronterizos tienen derecho a examinar el contenido de los dispositivos electrónicos de las personas como parte de controles de seguridad aleatorios.
Grupos de derechos humanos, incluida la ACLU, demandaron al gobierno en 2017 por el creciente uso de registros sin orden judicial de teléfonos celulares y computadoras en la frontera, alegando que eran "inconstitucionales".
Según la ACLU, ganó el caso en un fallo inicial de un tribunal federal, pero posteriormente fue revocado en apelación en 2021, lo que la llevó a solicitar a la Corte Suprema de Estados Unidos que lo escuchara.
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