Ciudadanía por nacimiento: cómo la decisión de la Corte Suprema dejará a miles de niños de inmigrantes por nacer sin ese derecho

Una mayoría de seis magistrados de la Corte Suprema decidió este viernes que las medidas cautelares de las cortes federales no podían aplicarse a todo el país. Esto ante el reclamo del presidente Donald Trump por cómo las decisiones de estos tribunales frenaron su decreto para acabar con la ciudadanía por nacimiento. La decisión de los jueces ha generado confusión y miedo, pero se traduce en que con su fallo abrieron la puerta para que pierdan ese derecho los niños nacidos de padres sin estatus migratorio permanente en estados que no participaron en las demandas. Es decir, en 26 estados.

Las juezas Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, consideradas el ala liberal del alto tribunal, disintieron.

"Esta decisión otorga a las garantías constitucionales un valor nominal sólo para quienes no sean parte en una demanda. Dado que no seré cómplice de un ataque tan grave a nuestro sistema legal, disiento", opinó Sotomayor.

La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución: garantiza el derecho para todos los nacidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Este punto ha sido cuestionado por el gobierno de Donald Trump, que argumenta que los hijos de quienes no tienen un estatus migratorio permanente (ciudadanía o residencia) no nacen bajo la jurisdicción del país.

En sus 44 páginas de disenso, Sotomayor defendió que la Constitución "no deja espacio para ambigüedades" y que establece claramente que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos quienes están sujetos a sus leyes. Por eso condenó que los seis jueces conservadores se centraran sólo en el alcance de las medidas cautelares de las cortes e ignoraran "completamente" el análisis sobre si la orden ejecutiva de Trump es constitucional, algo que aún se debate en tres tribunales federales y que incluso generó discusión en la propia audiencia en la sala del Supremo en mayo.

Para Sotomayor, la orden de Trump es "inconstitucional" y si Trump quisiera demostrar lo contrario, lo ve como "una tarea imposible".

"¿Qué grave daño enfrenta el Ejecutivo que lleva a la mayoría de esta Corte a concederle alivio?", se preguntó Sotomayor en su opinión. "La respuesta, según el Gobierno, es la incapacidad de hacer cumplir la orden ejecutiva de ciudadanía (...) Para la mayoría (de jueces) esa respuesta es suficiente", reclamó.

Sotomayor condenó que la decisión de sus pares abrió la puerta no sólo para que el presidente pueda cuestionar la ciudadanía por nacimiento, sino cualquier derecho consagrado en la Constitución.

¿Qué implica la decisión de la Corte Suprema?

Juana y Liza, dos solicitantes de asilo que fueron parte de las demandas en cortes federales, celebraron la decisión de la corte en una conferencia de prensa este viernes con organizaciones: el derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado para sus hijos porque el bloqueo rige para las jurisdicciones donde fue emitido.

Pero la celebración tuvo un tono agridulce. Aunque sus bebés están protegidos aseguraron que continuarán en la batalla para que todas las madres inmigrantes puedan proteger a sus bebés en el futuro. "No estamos seguros hasta que todos estemos seguros", declaró Juana, originaria de Colombia.

La decisión de los seis magistrados de la Corte Suprema garantizaría parcialmente el derecho a la ciudadanía por nacimiento si nada cambia en los próximos 30 días. Hasta entonces la orden ejecutiva no entrará en vigor, decidieron los jueces, así que en ese plazo de un mes, todos los que nazcan en Estados Unidos siguen siendo ciudadanos.

Los jueces establecieron además una posible vía para los demandantes: el de las demandas colectivas o de clase ante tribunales de distrito para impedir la aplicación de la orden ejecutiva de Trump ya sea a nivel estatal, regional e incluso nacional.

Después de esos 30 días, si no hay decisiones adicionales en cortes de distrito o en instancias superiores, estarán protegidos por la Enmienda 14 sólo los niños nacidos en estos 24 estados:

Aunque Liza es parte de las demandas, dice que no vive tranquila. Cuando nació el bebé de esta inmigrante rusa, contó que sintió miedo de tener problemas para obtener los papeles del seguro social y de certificación de nacimiento. "Sigo preocupada de que el gobierno pueda detener o deportar a mi bebé", dijo.

A pesar de todo, ella y Juana aseguraron que, junto al resto de madres demandantes, continuarán apoyando a las organizaciones en el camino que sigue para defender los derechos de todos los hijos de inmigrantes en Estados Unidos.

Dos demandas tras el fallo de la Corte

Distintas organizaciones aseguraron este viernes que la batalla continúa y, de hecho, dos demandas fueron introducidas en cortes de distrito para desafiar la orden ejecutiva de Trump, poco después del fallo de la Corte Suprema: una en Maryland y otra en New Hampshire. Se desconoce cuándo emitirán decisiones estos tribunales.

La de Maryland fue introducida por las mismas organizaciones que pelean en cortes federales la constitucionalidad de la orden de Trump: ASAP y CASA, entre ellas. Pero la estrategia de los demandantes cambió.

En su primera demanda, estas organizaciones buscaron proteger a los miembros de sus organizaciones e inmigrantes embarazadas en 24 estados. Y por ahora, la decisión de la Corte Suprema ampara a todos los niños nacidos o por nacer en estos estados después del 19 de febrero de 2025, cuando entraba en efecto la orden ejecutiva de Trump.

Ahora, para blindar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en general, en esta segunda demanda explicaron que crearon una clase en la que se cuentan todos los niños nacidos en Estados Unidos, en los 50 estados del país, sin excepción.

"Buscamos que todos los niños que nazcan hoy y en el futuro sean ciudadanos", explicó en rueda de prensa William Powell, consejero senior del Instituto por la Defensa y Protección Constitucional.

"Toda persona embarazada, toda persona que puede tener un niño en el futuro, independientemente de donde viva, en un estado demócrata o republicano, igual se les va a preservar su derecho constitucional", agregó George Escobar, jefe de programas y servicios de la organización proinmigrante CASA.

La segunda demanda, la de New Hampshire, fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) acompañada de otras organizaciones, y en nombre de mujeres embarazadas que residen en estados fuera de las demandas iniciales y cuyos hijos sufrirán un "grave daño". Ellas también fueron tomadas como ejemplo para representar a una clase amplia de afectados.

"Bajo el criterio de la orden ejecutiva", dice la queja de ACLU, "a más de 200,000 recién nacidos se les negará ilegalmente su ciudadanía cada año".

Sin embargo, para las organizaciones el derecho a la ciudadanía por nacimiento no está perdido con la decisión de la Corte Suprema. Escobar asegura que, aunque el fallo es "complicado", están "más que preparados para responder a este reto".