Cómo el gobierno de Trump busca acelerar los procesos para retirar la ciudadanía a algunos estadounidenses naturalizados

El Departamento de Justicia redoblará sus esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a ciudadanos naturalizados que cometan determinados delitos, pero también a aquellos que hayan mentido en sus formularios de inmigración, según un memorándum publicado en línea.

En el documento, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate pidió el pasado 11 de junio a la División Civil que “persiga al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas”.

En el documento, el Departamento de Justicia indica que el gobierno tiene la capacidad “para revocar la ciudadanía de las personas que hayan cometido crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otras violaciones graves contra los derechos humanos”.

También enlista a miembros de bandas y a “cualquier persona condenada por delitos que supongan una amenaza continua para los Estados Unidos”, como aquellos que realicen espionaje y/o tengan nexos con el terrorismo.

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Sin embargo, la directiva también otorga a los abogados del Departamento de Justicia una mayor discrecionalidad a la hora de iniciar procedimientos de desnaturalización, como en los casos en que hayan mentido u omitido información en los formularios de inmigración.

También se retirará la ciudadanía a aquellos que estén implicados en casos de fraude financiero o médico contra Estados Unidos, incluido el fraude de préstamos del Programa de Protección de Nóminas (conocido como PPP) y el fraude de Medicaid/Medicare o contra particulares.

También se les podría retirar la ciudadanía a aquellos naturalizados que estén involucrados en casos remitidos por la fiscalía federal o relacionados con cargos penales pendientes.

Ciudadanos desnaturalizados no podrán contar con un abogado durante el proceso

El memorándum del Departamento de Justicia afirma que el gobierno federal tramitará los casos de desnaturalización mediante litigios civiles. En estos casos las personas sujetas a desnaturalización no tienen derecho a un abogado.

De acuerdo con Cassandra Robertson, profesora de Derecho de la Universidad Case Western Reserve, esto permitirá al gobierno revocar la ciudadanía más rápidamente, ya que “la carga de la prueba que debe alcanzar el gobierno es menor y es mucho más fácil y rápido llegar a una conclusión en estos casos”, dijo en entrevista con NPR.

En el documento, Shumate hizo hincapié en que la División Civil tiene “discrecionalidad para tramitar casos fuera de estas categorías según lo considere oportuno”, lo que preocupa a los expertos.

Steve Lubet, profesor emérito de la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, afirmó a NPR que el lenguaje parece otorgar al gobierno federal “amplia discrecionalidad” a la hora de decidir a quiénes perseguir.

“Muchas de las categorías son tan vagas que carecen de sentido. Ni siquiera está claro a que se refieren”, afirmó.

Cinco medidas impuestas por el gobierno de Trump que vigilará la División Civil del DOJ

El memorándum forma parte de una directiva más amplia que instruye a la División Civil a aplicar cinco medidas impuestas por el presidente Donald Trump y ordenadas por la fiscal general Pam Bondi.

Entre ellas se incluyen la persecución de las ciudades santuario, la investigación de la atención médica de reafirmación de género como fraude sanitario, la demanda de entidades que promueven políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la ampliación de la aplicación de la ley federal contra el antisemitismo.

La medida de desnaturalización está dirigida a personas que adquirieron la ciudadanía por naturalización; según datos de 2023 del Migration Policy Institute, cerca de 25 millones de inmigrantes son ciudadanos naturalizados.

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