"No más deportaciones médicas": piden que hospital no expulse a su país a una madre indocumentada en coma

La familia y organizaciones sin fines de lucro protestan la medida y exigen que permitan que la madre dominicana ser trasladada a otro hospital en Estados Unidos en el que le puedan brindar la asistencia médica que aún requiere.

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Por:
Patricia Clarembaux.
La deportación de la madre dominicana de dos niños estaba pactada para este 2 de marzo, pero gracias al trabajo de organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes logró atrasarse 7 días más. Este jueves grupos de manifestantes en Allentown salieron a las calles a pedir un alto a las deportaciones médicas en el estado.
Video Madre dominicana en coma enfrenta deportación médica en Pensilvania

Una madre dominicana está a punto de ser deportada por un hospital en Pennsylvania, luego de que su estado médico se complicara tras una cirugía por un aneurisma que le realizaron en diciembre. Una coalición de organizaciones está pidiendo que en lugar de expulsarla del país, el centro médico donde está internada, el Lehigh Valley Health Network -Cedar Crest Hospital, pueda atenderla hasta que pueda ser trasladada a otro hospital.

"Está postrada en cama y requiere un alto nivel de atención para poder recuperarse y sobrevivir", se lee en la petición avalada por organizaciones sin fines de lucro, como Free Migration Project y Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition.

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Según cuentan estas organizaciones, el 28 de febrero pasado la familia de esta madre de dos niños, identificada como S.C., recibió una notificación del hospital en la que le informaban que ella sería trasladada a República Dominicana en un avión privado. La familia no estaba de acuerdo y comenzó a buscar a contrarreloj algún centro de salud que pudiera admitirla.

Junior Rivas, esposo de S.C. y quien prefirió usar un pseudónimo, contó al medio Prism Reports que ella podría morir si la suben a un avión: "Ni siquiera le han vuelto a poner el pedazo de cráneo que le quitaron para aliviar la inflamación que tiene en el cerebro”, explicó.

El medio cuenta que la mujer de 46 años fue admitida en el hospital el 29 de diciembre de 2022. Un día después le hicieron una cirugía, pero el resultado no fue el que esperaban y el 30 de diciembre los médicos tuvieron que inducirle un coma. Desde entonces, narra el medio, el personal del hospital le ha preguntado varias veces a Rivas si quiere desconectarla.

Él explicó a Prism Reports que, ante la negativa, el 27 de febrero le dieron tres opciones: correr con un gasto diario de 500 dólares por el uso de los equipos que mantienen respirando a su esposa; hallar otro hospital que pueda atenderla o aceptar la deportación a República Dominicana. Este jueves, el hospital le dio siete días más para elegir entre las tres opciones que le plantearon.

Imagen compartida por la familia que muestra a S.C. con su esposo.
Imagen compartida por la familia que muestra a S.C. con su esposo.


Univision Noticias consultó al hospital sobre este caso y su oficina de medios envió un comunicado en el que explican que por "obligaciones legales para la protección de la privacidad de nuestros pacientes, no podemos hacer comentarios sobre ninguna persona que pueda haber recibido tratamientos o servicios en LVHN". Agregaron que el centro "trabaja de forma incansable con los pacientes y sus familias para asegurar que reciban un cuidado apropiado".

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Como respuesta al ultimátum del hospital dado a la familia de S.C., una veintena de activistas protestaron a las afueras para exigir que la madre no sea deportada: "¡No más deportaciones médicas!", gritaron. "Arriba a la atención médica. Abajo las deportaciones médicas", se les escuchó decir en múltiples videos publicados en las redes sociales de estas organizaciones.

Lo que está ocurriendo a S.C. no es una novedad en el país. El reporte 'Vuelos fatales: la deportación médica en Estados Unidos', publicado en 2021 de forma conjunta por Free Migration Project y la Escuela Legislativa de la Universidad de Pennsylvania, estimó que en los últimos años miles de pacientes con condiciones médicas crónicas han sido deportados por hospitales. Y en algunos casos, los migrantes han fallecido luego de ser enviados a hospitales en el extranjero.

Las deportaciones médicas en Estados Unidos

Una deportación médica ocurre cuando un hospital envía a su país de origen a un paciente migrante en condición crítica sin su consentimiento o el de su familia. La movilización no es hecha por la agencia federal responsable, el Servicio de Migración o Aduanas (ICE), sino por compañías de transporte aéreo contratadas por los hospitales con vuelos que pueden costar hasta 50,000 dólares, refiere el reporte.

Según el documento de estas organizaciones, estas repatriaciones médicas —como son llamadas también— ocurren en todo Estados Unidos y sus casos casi nunca son reportados. Esa es la razón por la que no hay cifras totales actuales sino estimaciones que los activistas creen que incluso podrían ser mayores. La última vez que se midió el impacto de estas expulsiones fue en 2012. El Centro de Justicia Social de la Escuela de Derecho Seton Hall, en Nueva Jersey, contabilizó en un estudio más de 800 deportaciones o intentos de deportaciones en seis años.

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Los casos que identificaron entonces ocurrieron en 15 estados: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y Texas. Y los pacientes fueron trasladados a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Lituania, México, Filipinas y Corea del Sur.

"Hay más de 350 aviones ambulancias en operación con capacidad para deportar a personas por razones médicas", explica el reporte de Free Migration Project y la Universidad de Pennsylvania. Una de estas empresas es MedEscort, aseguran: "Han transportado a más de 6,000 pacientes hacia más de 100 países".

Desde aquel último estudio de 2012, son los medios los que han registrado los casos en sus páginas.

Por ley, los hospitales en Estados Unidos deben proveer atención médica a quien lo necesite, sin importar su estatus migratorio. El reporte de Seton Hall explica que esa obligación termina cuando el paciente es estabilizado y ya no requiere cuidados médicos. En esos casos, deben definir un plan para que el paciente sea transferido a otra instalación, como un centro de rehabilitación.

El reporte de las organizaciones asegura que esta política genera problema sobre todo a los pacientes sin seguro médico que requieren cuidados a largo plazo: "Sin seguro, los centros de atención a largo plazo a menudo no están dispuestos a aceptar a estos pacientes y asumir los gastos de un cuidado no reembolsado", explican.

Las deportaciones médicas y sus consecuencias

En agosto de 2017, Univision Noticias reportó el caso de Alejandro Martínez, un migrante mexicano de 62 años que sufrió un derrame cerebral mientras vivía en Nueva Jersey. Su familia en Ciudad de México recibió primero una llamada del hospital preguntándoles si querían desconectarlo del respirador que lo mantenía vivo. Ellos se negaron, dudaron de la explicación de la persona al teléfono y su hija, Yeimmy Martínez, solicitó rápidamente una visa para poder visitar a su papá cuanto antes.

Alejandro Martínez, de 62 años, es un inmigrante mexicano que sufrió un derrame y no cuenta con seguro médico debido a su estatus migratorio.
Alejandro Martínez, de 62 años, es un inmigrante mexicano que sufrió un derrame y no cuenta con seguro médico debido a su estatus migratorio.
Imagen Yeimmy Martínez

Unos días después de aquella primera llamada, mientras Yeimmy buscaba vuelos para viajar a Estados Unidos, sonó de nuevo el teléfono.

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"Me dicen que hablan de una empresa transportadora aérea médica y que querían saber a qué ciudad de México había que trasladar a mi papá porque sabían que nosotros queríamos que estuviera en México y que lo único que necesitaban era una identificación de mi papá que dijera que él era mexicano", contó entonces Yeimmy a la reportera Patricia Vélez.

—Me dijo: 'No te preocupes, el hospital lo paga'. Le dije: '¿El hospital lo paga?'. Y él dice: 'Sí, y además son 127,000 dólares'.

En este caso, la llegada de la hija a Estados Unidos frenó la deportación médica.

El reporte de 2021 elaborado por las dos organizaciones, revela más casos como estos. Cuentan que en 2020 otro hospital en Filadelfia intentó deportar a un inmigrante de Guatemala que tenía unos 20 años viviendo en Estados Unidos y era tratado por heridas graves tras un accidente en moto. El hospital intentó forzar el traslado, pero no lo lograron.

Y entre los casos fatales que cuenta el informe está en el Quelino Ojeda Jiménez, un trabajador mexicano de unos 20 años. En 2011, el hospital Advocate Christ Medical Center, en Chicago, lo deportó sin su consentimiento. Él había quedado cuadraplégico tras caer de un techo, lo atendieron pero luego, lo enviaron a México. El hospital en el que era atendido en su país no pudo pagar por los filtros para el aparato de ventilación y comenzó solo a limpiarlos. "El hombre murió poco más de un año después de su deportación médica desde Estados Unidos".

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El 8 de marzo fue un día fatídico para la familia de Maty M, una guatemalteca de 42 años. Una cita en inmigración para renovar su permiso de trabajo acabó con su marido enviado a un centro de detención y ella con un grillete electrónico. Pero la mujer decidió que tenía que seguir luchando para sacar adelante a su hijo Jimmy, de 13 años, y se puso al frente del negocio que montó junto su marido: un taller de llantas.
El taller de Maty se llama 'Ruedas usadas y nuevas Tikal', como las ruinas mayas de su país natal, Guatemala y está en Jupiter (Florida), la ciudad donde viven desde hace una década. Su marido y ella decidieron montarlo hace cuatro años con los ahorros que tenían después de años doblando turnos en diferentes trabajos en EEUU.
Maty llegó a EEUU en 2003. Era la menor de 12 hermanos y quería buscar mejores oportunidades económicas y ayudar a su familia. Su esposo, Víctor C., que hoy tiene 40 años, llegó años antes, a principios de los 90, huyendo de la violencia de la guerra en Guatemala. Según el relato de Maty, en la época de Efraín Ríos Montt, el ejército mató al papá y otros familiares de Víctor. En la foto, Maty sostiene su teléfono con una foto en la que está en una exposición de un centro comunitario con su esposo Víctor y su hijo Jimmy.
Pese a que según Maty, su esposo tiene actas de fallecimiento que muestran que el ejército mató a varios miembros de su familia durante la guerra, éste nunca pidió asilo. Llegó solo cuando tenía 14 años y se puso a trabajar en los campos de Immokalee (Florida) piscando tomates y cortando pepino. Después, se fue a una planta procesadora de pollos en Ohio. En la imagen, Jimmy ayuda a un cliente en la oficina del taller.
En Ohio, Víctor tuvo su primer encuentro con Migración. Aunque entonces no lo detuvieron como a otros compañeros indocumentados por ser menor de edad, las autoridades tomaron sus datos. Según su abogado, Héctor Díaz, el hombre debía presentarse ante una corte de inmigración pero entonces no hablaba inglés ni español, solo un dialecto maya, el quiché, y nunca recibió la notificación. Tenía 16 años y, atemorizado por lo que pasó, decidió regresar a Immokalee. Por no presentarse en corte, le pusieron una orden de deportación en ausencia.
Víctor y Maty se conocieron años después en Providence (Rhode Island) a donde él fue a buscar mejores condiciones de trabajo y el primer destino de ella en EEUU. Maty fue invitada a una iglesia a la que iba un hermano de Víctor. "Él me contó que tenía sus hermanos y que si un día nos poníamos de acuerdo para cocinar algo y yo le conté que me gustaba cocinar mucho, pero que también cortaba pelo porque yo estudié belleza en Guatemala y me dijo a ver cuándo nos corta el cabello a mis hermanos". En la foto, Maty en la recepción del taller con el perro de la familia, Sparky.
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Como habían planeado, Maty fue a visitar a la familia de Víctor, lo conoció y comenzaron a quedar para que ella le cortase el pelo. De ahí surgió la amistad y en pocos meses estaban viviendo juntos y decididos a formar una relación estable. En la imagen, algunas fotos de familia en la sala de su casa.
Pese a que a Maty un médico de su país le había dicho que no podría tener hijos por una enfermedad que tuvo de pequeña, a los pocos meses de estar con Víctor se quedó embarazada y en 2003 nació Jimmy, su único hijo. "Víctor es un padre muy responsable. Él ama a su hijo. Desde que lo vio, desde el instante que le cortó el ombligo a él le cambió la vida. Dijo: 'me voy a dedicar a él' y es lo que ha hecho hasta ahora", afirma Maty. En la imagen, el niño toca una canción al violín a su mamá.
En esa época, cuando vivían en Rhode Island volvieron a tener un encuentro con Migración cuando un primo de Maty fue detenido por agentes migratorios y ellos fueron a preguntar por él. Según el relato de la mujer, un agente que no estaba identificado les pidió los papeles y dijo que se los devolvería el día que su familiar tuviera su cita en corte. Una vez allí, les dijeron que era una agencia migratoria. Ese episodio fue el que desembocó en una orden de deportación para la pareja (la segunda para él).
La pareja nunca entendió cómo estaban sus casos con Migración hasta que hace unos años, con su vida establecida en Jupiter, fueron a consultar con abogados preocupados por el futuro de Jimmy. Bajo la administración de Barack Obama, una abogada pidió un amparo de las órdenes de deportación y consiguieron permisos de trabajo. Pero, con el cambio de prioridades de deportación del gobierno de Donald Trump, esos documentos perdieron vigencia. Por eso, Víctor fue detenido por ICE y a ella le pusieron el grillete.
Tras el shock inicial, Maty decidió que debía ser fuerte y tomar las riendas de su negocio para sacar adelante a su hijo mientras su esposo esté detenido. "Yo he oído muchas veces que las mujeres somos débiles, que las mujeres no podemos. He escuchado a mujeres que dicen: 'Yo no hago este trabajo porque esto es de hombre'. Pero aquí tuve que dejar toda la delicadeza, tengo que dejar muchas cosas porque tengo que ser una mujer fuerte. Tengo que luchar", le dijo Maty a Univision Noticias un sábado reciente en su taller.
A veces, los clientes llegan y preguntan por Víctor y Maty se derrumba.
Otras veces le piden consejo. Como esta inmigrante que, preocupada por lo sucedido con la familia, le pregunta a Maty qué debe hacer en una cita con inmigración que tiene próximamente. "No lleves a tu marido, lleva a tu abogado", le aconseja la guatemalteca.
Desde el centro de detención, Víctor llama cada día a su familia. En la imagen, el momento en que su hijo
<b> </b>Jimmy habla con él desde el taller. “Yo también te quiero", le dice antes de colgar.
En el caso de Maty, muchas veces aprovecha las llamadas para pedirle consejos sobre el taller. "Él cuando me llama me dice: 'Maty haga esto, haga tal cosa'. Entonces él me guía en todo. Yo le digo: 'esto y esto está pasando'. Él me dice: 'haga esto, haga lo otro, usted puede, usted es una mujer fuerte... Yo sé que eso lleva fuerza, tiene carácter, hágalo. Si tiene que tomar una decisión: tómela'. Y eso me anima y, a pesar de que él está en ese lugar, él influye mucho en decisiones", afirma.
Los domingos es el día de encuentro para la familia. Maty y Jimmy se levantan a las 5.00 de la mañana para alistarse y viajar a Pompano Beach, a una hora de Jupiter, y llegar así temprano al centro de detención de Broward, donde está detenido Víctor. Cuando van a verlo, Jimmy dice serntirse "contento y feliz" de saber que su papá pasó una semana más en su país.
Los domingos también es un día importante para la familia porque van a su iglesia, la iglesia pentecostal de Dios. "Yo solo encuentro paz cuando voy a la iglesia. Dios me fortalece, Dios me ayuda para que al otro día yo despierte y siga luchando. Porque hay días que siento que ya no aguanto. Es muy difícil y le digo al señor: señor, que ya venga Víctor porque ya no puedo, no aguanto", dice Maty.
En la iglesia, Maty lidera los cánticos. Ella y Jimmy van tres ó cuatro veces a la semana a la iglesia y ha recibido mucho apoyo de los otros miembros de la congregación.
"Es el único lugar donde me siento libre", confiesa Maty. Por eso, sólo para ir a la iglesia se pone falda. No le importa que se le vea el grillete que le pusieron en el tobillo porque sabe que ahí no será juzgada como puede suceder en la calle.
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El 8 de marzo fue un día fatídico para la familia de Maty M, una guatemalteca de 42 años. Una cita en inmigración para renovar su permiso de trabajo acabó con su marido enviado a un centro de detención y ella con un grillete electrónico. Pero la mujer decidió que tenía que seguir luchando para sacar adelante a su hijo Jimmy, de 13 años, y se puso al frente del negocio que montó junto su marido: un taller de llantas.
Imagen C.J. Karp
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