Los estados demócratas que han reducido el acceso a Medicaid para personas indocumentadas

Durante casi 20 años, María llamaba a su hermana —una enfermera en México— para pedirle consejos sobre cómo controlar su asma y la diabetes de su esposo, en lugar de ir al médico en California.

No tenía estatus legal en Estados Unidos, así que no podía obtener un seguro y se saltaba los exámenes médicos de rutina recurriendo a remedios caseros y, a veces, a inhaladores de México. Insiste en usar solo su nombre de pila por miedo a ser deportada.

Pero las cosas cambiaron para María y para muchos otros inmigrantes en los últimos años, cuando varios estados gobernados por demócratas abrieron sus programas de seguro médico a inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de su estatus legal. María y su esposo se inscribieron el mismo día que comenzó el programa el año pasado.

“Cambió muchísimo, fue como de la Tierra al cielo”, dijo María a la agencia AP sobre Medi-Cal, el programa de Medicaid de California. “Tener la tranquilidad de tener seguro me ayuda a enfermarme menos”.

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Al menos siete estados y el Distrito de Columbia han ofrecido cobertura médica a inmigrantes como ella en los últimos tiempos, sobre todo desde 2020.

Sin embargo, tres de ellos han dado desde entonces un giro radical, cancelando o limitando la cobertura para cientos de miles que residen ilegalmente en California, Illinois y Minnesota.

Los programas médicos para indocumentados cuestan más de lo proyectado, argumentan estados

Los programas cuestan mucho más de lo que las autoridades habían proyectado, en un momento en que los estados enfrentan déficits multimillonarios.

En Illinois, los inmigrantes adultos de entre 42 y 64 años sin estatus legal han perdido su cobertura médica, lo que representa un ahorro estimado de $404 millones.

En Minnesota, todos los inmigrantes adultos ya no tienen acceso al programa estatal, lo que representa un ahorro de casi $57 millones.

En California, nadie perderá automáticamente la cobertura, pero las nuevas inscripciones de adultos al programa se detendrán en 2026, lo que representa un ahorro de más de $3,000 millones a lo largo de varios años.

Los recortes en los tres estados fueron respaldados por gobernadores demócratas que, en su momento, defendieron la expansión de la cobertura médica para indocumentados.

Esta semana, el gobierno de Donald Trump compartió las direcciones, la etnia y otros datos personales de todos los beneficiarios de Medicaid con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Veinte estados, incluyendo California, Illinois y Minnesota, han presentado demandas.

Proveedores de atención médica confirmaron a AP que el miedo a ser arrestado o deportado está teniendo un efecto disuasorio en los inmigrantes que buscan atención médica.

Así, los estados podrían tener que invertir más dinero en el futuro porque los inmigrantes evitarán la atención médica preventiva y terminarán necesitando acudir a hospitales de la red del Seguro Social.

"Siento que siguen apretándote cada vez más hasta el punto de que te vas a reventar", dijo María, refiriéndose a todas las incertidumbres que enfrentan las personas que se encuentran en EEUU sin permiso legal.

"La gente va a morir", alertan proveedores médicos de estos estados

CommunityHealth es una de las clínicas gratuitas más grandes del país y atiende a numerosos inmigrantes sin seguro médico o con seguro insuficiente en el área de Chicago, quienes no cuentan con otras opciones de tratamiento.

Esto incluye a las personas que perdieron su cobertura el 1 de julio, cuando Illinois finalizó su Programa de Beneficios de Salud para Adultos Inmigrantes, que atendía a unas 31,500 personas de entre 42 y 64 años.

Una de las trabajadoras de extensión comunitaria y coordinadora de atención de CommunityHealth le dijo a AP que los pacientes de Europa del Este con los que trabaja comenzaron a llegar con preguntas sobre las implicaciones del cambio para ellos.

Muchos de los pacientes no hablan inglés y no cuentan con transporte para llegar a las clínicas donde pueden atenderlos.

HealthFinders Collaborative, en los condados rurales de Rice y Steele, en Minnesota, atiende a pacientes de bajos ingresos y con seguro insuficiente, incluyendo grandes poblaciones de inmigrantes latinos y refugiados somalíes.

Su director ejecutivo, Charlie Mandile, afirmó que están viendo a pacientes apresurándose para conseguir citas y procedimientos antes de que 19,000 personas mayores de 18 años sean expulsadas del seguro médico a finales de año.

Las clínicas de salud gratuitas y comunitarias en los tres estados afirman que seguirán atendiendo a los pacientes independientemente de su cobertura médica, pero esto podría complicarse después de que el Departamento de Salud decidiera este mes restringir que los centros de salud con certificación federal atiendan a personas sin estatus legal.

La directora ejecutiva de CommunityHealth, Stephanie Willding, dijo que siempre le preocupó la estabilidad del programa, ya que estaba financiado íntegramente por el estado, "pero, sinceramente, pensábamos que ese día estaba mucho más lejos", dijo.

" La gente va a morir. Algunas personas no recibirán tratamiento", dijo Alicia Hardy, directora ejecutiva de las clínicas CommuniCARE+OLE en California, sobre los cambios en Medicaid del estado. "Es difícil ver la humanidad en la toma de decisiones que se está llevando a cabo en este momento".

Una portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota afirmó que la finalización del programa estatal reducirá el gasto de MinnesotaCare a corto plazo, pero reconoció que los costos de la atención médica aumentarían en otros ámbitos, incluyendo la atención no compensada en hospitales.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, la republicana Lisa Demuth, declaró que el programa estatal no era sostenible.

"No se trataba de ser insensible ni de desinteresarse por la gente", dijo. "Cuando analizamos el presupuesto estatal, no había fondos suficientes para financiar lo aprobado y lo que se estaba gastando".

Demuth también dijo que los niños seguirán teniendo cobertura médica y que los adultos sin estatus legal permanente podrán adquirir un seguro médico privado.

A los proveedores de atención médica también les preocupa que las enfermedades prevenibles no se gestionen y que las personas eviten la atención hasta que terminen en salas de emergencia, donde la atención estará disponible bajo la ley federal.

Uno de esos hospitales públicos, Cook County Health en Chicago, atendió a unos 8,000 pacientes del programa de Illinois el año pasado. Erik Mikaitis, director ejecutivo del sistema de salud, afirmó que esto generó $111 millones en ingresos.

Sin embargo, anticipó que otros proveedores que facturaban a través del programa podrían cerrar. "La situación puede volverse inestable muy rápidamente", agregó.

Las cuotas mensuales y las políticas federales crean barreras para los inmigrantes usuarios de Medicaid

Los legisladores estatales afirmaron que los cambios en Medi-Cal se deben a problemas presupuestarios: un déficit de $12,000 millones este año, con proyecciones de que siga aumentando en el futuro.

Los líderes demócratas estatales acordaron el mes pasado detener las nuevas inscripciones a partir de 2026 para todos los adultos de bajos ingresos sin estatus legal. Los menores de 60 que permanezcan en el programa deberán pagar una cuota mensual de $30 en 2027.

Los estados también se están preparando para el impacto de las políticas federales. Los recortes a Medicaid y otros programas en la ley de impuestos y gastos recientemente firmada incluyen una reducción del 10% en la parte federal de los costos de expansión de Medicaid para los estados que ofrezcan beneficios de salud a inmigrantes a partir de octubre de 2027.

Las autoridades sanitarias de California estiman que aproximadamente 200,000 personas perderán su cobertura tras el primer año completo de inscripción restringida, aunque el gobernador Gavin Newsom sostiene que, incluso con las reducciones, California ofrece la cobertura médica más amplia para adultos de bajos recursos.

Cada nuevo proyecto de ley requiere un cambio en los cálculos mensuales de María para llegar a fin de mes. Cree que muchas personas no podrán pagar las primas de $30 al mes y, en su lugar, volverán a la automedicación o se saltarán el tratamiento por completo.

"Fue un triunfo total", dijo sobre la expansión de Medi-Cal. "Pero ahora que todo esto se nos viene encima, estamos retrocediendo a una situación peor".

El miedo y la tensión por las redadas de inmigración también están cambiando el comportamiento de los pacientes. Los proveedores informaron a AP que, a medida que aumentan las redadas migratorias, sus pacientes solicitan más citas virtuales, no acuden a sus consultas médicas de rutina ni recogen recetas para sus enfermedades crónicas.

María tiene la opción de mantener su cobertura. Pero está sopesando la salud de su familia frente a arriesgar lo que han construido en EEUU.

"Va a ser muy difícil", dijo María sobre su decisión de permanecer en el programa. "Si llega el momento en que mi esposo se enferma y su vida corre peligro, entonces, obviamente, tenemos que elegir su vida".

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