"Estamos desesperados": el sentimiento común de quienes tienen meses esperando en México por un asilo en EEUU

Más de 23,000 migrantes se encuentran varados en las ciudades más peligrosas de la frontera con México. Algunos llevan meses, pero para otros la cuenta superó un año en los que han vivido extorsiones, secuestros y han acumulado trauma. Con el cambio de gobierno, se debaten entre seguir esperando o arriesgarse a cruzar a pesar de las consecuencias.

Patricia.jpg
Por:
Patricia Clarembaux.
Tijuana fue la primera ciudad en la que se implementaron los Protocolos de Protección de Migrantes, también conocidos como ‘Quédate en México’. Esta política permite al gobierno estadounidense devolver a los solicitantes de asilo a México, donde esperan durante meses en siete ciudades fronterizas mexicanas con alta incidencia delictiva. Tijuana es considerada la menos insegura para ellos, pero a la vez es una de las ciudades más violentas del mundo. Allí, los migrantes reviven sus miedos y desarrollan nuevos traumas en medio de amenazas que pensaban habían escapado.
Video El trauma, el miedo y la desesperanza de quienes esperan su asilo atrapados en México

La venezolana Iriany Toyo tiene un año y dos meses en México esperando la solución de su caso de asilo. El cambio de gobierno en Estados Unidos no mejora su ansiedad. Sabe que en algún momento llegarán las buenas noticias: alguien les dirá que podrán vivir del otro lado de la frontera mientras esperan la decisión de un juez de inmigración. Mientras llega ese momento los días corren, sus hijos de 8 y 4 años siguen sin ir a la escuela y todos viven con miedo y trauma.

Lee nuestro especial 'Atrapados en México'

PUBLICIDAD

"Nuestro nivel de desesperación es muy alto. No tenemos asesoría legal ni dinero para pagarla. Ya quitaron los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) pero no sabemos nada. Uno sigue aquí, en un país inseguro y pensando en qué hacer", reflexiona al teléfono la madre de 25 años. Su familia es parte de la cuenta de cientos de víctimas de delitos por parte de grupos que operan en la frontera. En una ocasión, un taxista intentó llevarse a uno de sus hijos, han sido extorsionados y ella fue violada.

El sentimiento de Toyo es colectivo. Univision Noticias conversó con otras tres familias que se sienten igual. Viven asustados en Reynosa, Nogales y en Matamoros, y ven a muchos de sus compañeros despedirse para brincar el muro durante la madrugada. Sienten la tentación de hacerlo.

Las organizaciones de derechos humanos calculan que más de 23,000 inmigrantes siguen viviendo a la fuerza en las ciudades más peligrosas de México bajo los PPM. La pandemia empeoró los tiempos de espera para ellos una vez que la frontera y las cortes cerraron en marzo.

El gobierno de Joe Biden ha pedido insistentemente a las familias no cruzar a Estados Unidos y ha prometido que tomará medidas con quienes están bajo los protocolos. Pero no existe un plazo para conocer esa decisión, pues aseguran que "la infraestructura está muy dañada".


En una conferencia telefónica a finales de diciembre, explicaron que planean trabajar con organizaciones no gubernamentales en las ciudades en las que están los migrantes para facilitar el procesamiento de los casos: "Empezaremos con los más vulnerables", adelantaron. Sin dar mayores detalles, el equipo de Biden aseguró ese día que el daño en las instituciones afecta el procesamiento de migrantes y que los métodos deben ser restablecidos.

PUBLICIDAD

Y a los retos que ya tienen, explicaron, se suma la pandemia: "Tenemos que estar seguros de que estamos protegiendo a los solicitantes de asilo y a quienes los procesan".

"Lo último fue una extorsión"

Iriany Toyo y su esposo decidieron escapar de Venezuela con sus hijos porque el gobierno de Nicolás Maduro les había expropiado su casa y sus negocios en el occidental estado Zulia, donde vivían. Les dijeron como excusa que en ese espacio se construiría un parque y que les pagarían por las propiedades, pero eso nunca pasó. Ambos siguieron militando en un partido de oposición y, cuenta ella, una mañana en una protesta fueron atacados a disparos y golpes por grupos armados por el gobierno que actuaban con policías.

Ellos lograron escapar del tumulto en su carro, su esposo había sido golpeado y sangraba. Los siguieron y ya en su casa los amenazaron, les dijeron que los tenían en la mira, que sabían dónde estudiaban sus hijos. Otro día, mientras su esposo caminaba por una calle cercana a su casa, unos hombres en motocicleta pasaron y le dispararon. Unos vecinos lo ayudaron a llegar a un hospital. "Nos asustamos mucho y decidimos salir del país (...) Nosotros queríamos seguir luchando, pero no se pudo".

Iriany Toyo junto a su esposo cuando aún vivían en Venezuela. Él trabajaba como taxista y ella vendía comidas y hacía tratamientos estéticos.
Iriany Toyo junto a su esposo cuando aún vivían en Venezuela. Él trabajaba como taxista y ella vendía comidas y hacía tratamientos estéticos.
Imagen Cortesía

Así es que huyen a México. En diciembre de 2019 piden asilo en Estados Unidos y los devuelven por Ciudad Juárez, donde deciden quedarse a esperar y donde pasaron el primero de muchos sustos que seguirían: se bajaban de un taxi que habían tomado de regreso a la Casa del Migrante, donde se refugiaban. Cuando Iriany intentaba cargar en brazos a su hijo que estaba dormido, el conductor arrancó. El esposo lo detuvo al jalarlo por la ventana y así se salvaron. El susto fue tal que decidieron irse a Nogales, en Sonora.

PUBLICIDAD

Con el poco dinero que traían pudieron rentar una casa con paredes y techo de latón. Iriany tenía entonces cuatro meses de embarazo. Una noche, mientras dormía escuchó que alguien entraba en la casa. Pensó que era su esposo, que había vuelto del trabajo. Eran tres hombres. En la penumbra, se llevaron alguna ropa, zapatos, lo que encontraron. Ella quedó paralizada del miedo cuando vio a uno de ellos entrar en la habitación. Los niños dormían a su lado. Ella le suplicó que no les hiciera daño. Pensó que él le robaría una laptop que tenía a su lado. Pero el hombre se le lanzó encima y la violó.

Después de eso decidieron mudarse de ahí. Desesperado, el esposo de Iriany conversó con un compañero del trabajo sobre su situación, y él le dijo que tenía un primo que podía ayudarle. De ahí en adelante comenzaron a extorsionarlos. "Tuvimos que mudarnos de pueblo otra vez (...) La extorsión me destruyó los nervios", cuenta. Recuerda que dos hombres se aparecían en la puerta de su casa: "Mi esposo tuvo que esconderse. Pedían el dinero porque si no lo matarían. Yo ya estaba a punto de dar a luz".

"Todo es muy frustrante"

Por ahora, la familia tiene un plan: esperar, aunque no saben cuánto más puedan resistir.

Iriany asegura que ya ve las consecuencias de esa migración en sus niños, sobre todo en el mayor, el de 8 años. Cuando salieron de Venezuela él terminaba su primer grado. Si se hubieran quedado aguantando las agresiones de la policía y los grupos armados en su país —o si les hubieran permitido entrar a Estados Unidos a esperar la solución de su caso de asilo— el niño posiblemente estaría en tercer grado. "Mis hijos ya tienen dos años perdidos, sin poder estudiar".

PUBLICIDAD

Con todo lo que ha visto y escuchado, "que una muchacha se ahorcó", "que cerca de la casa hay un tiradero de muertos", que los robaron, que el taxi quiso llevarse a su hermanito, Iriany no duda que su hijo mayor haya acumulado trauma.

"Llora mucho, le hablo y no me entiende. Está más aislado, llora en la noche, a veces entro al cuarto y lo consigo llorando. Me dice: 'Mami, ¿nos van a meter de nuevo en la celda del centro de detención?', y se pone a llorar. Él antes era un niño alegre", dice. Ella misma ha debido ver a un psicólogo que le ayuda con ejercicios para sentirse mejor y aprender a dar las gracias por las cosas que han alcanzado.

Lo que no ha podido superar es la culpa por lo que ve que siente su hijo mayor. "Me duele porque no puedo darle una esperanza. Me quedo callada porque no sé decirle. Los protocolos nos han hecho mucho daño".

<b>María, una guatemalteca de 27 años,</b> fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que 
<b>actualmente no tiene ningún caso de MPP,</b> aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México 
<b>deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos.</b> Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: 
<b>"Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento",</b> se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, 
<b>"la gente no quiere intentarlo más".</b>
Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. 
<b>"El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado",</b> dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
<br>
"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero 
<b>ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". </b>Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero 
<b>en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".</b>
Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
1 / 11
María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Imagen Almudena Toral/Univision
En alianza con
civicScienceLogo