"Estatus legal para inmigrantes indocumentados, no amnistía": representantes introducirán nueva propuesta de reforma migratoria

Un grupo de representantes hispanas de ambos partidos presentará este martes una nueva versión de ley para una reforma migratoria que incluye provisiones para resguardar la frontera y promover la aplicación de la ley de inmigración, al tiempo que ofrece un camino hacia la permanencia legal para algunos inmigrantes que han vivido indocumentados por años en Estados Unidos.

"La Ley Dignidad es una solución bipartidista de sentido común", se lee en la nota de prensa. "Dará orden a nuestro caótico sistema de inmigración, fortalecerá la aplicación de la ley y creará una oportunidad para ganar estatus legal, no amnistía, para migrantes indocumentados que tienen tiempo en el país".

La propuesta será presentada por las representantes María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas). Es una versión "nueva y mejorada" del proyecto que impulsaron sin éxito en 2023.

"Estados Unidos está sintiendo las consecuencias de décadas de inacción", escribió Salazar en su cuenta de X al asegurar que "el sistema está roto".

En mayo de 2023, Salazar y Escobar introdujeron ante la Cámara de Representantes una versión de la Ley Dignidad. Entre otros aspectos, contemplaba soluciones para la frontera —en seguridad e infraestructura—, pero también otorgaba estatus legal temporal para aquellos inmigrantes indocumentados con años de vida en Estados Unidos. Además buscaba acelerar el proceso para obtener asilo y visas para trabajadores agrícolas y especializados. Sin embargo, el proyecto no prosperó y quedó estancado de un subcomité del Congreso al otro.

¿Qué contemplaba el proyecto de 2023?

En la nota de prensa no dan detalles sobre qué novedades incluye el proyecto. De forma genérica explican que buscará "asegurar la frontera, defender el Estado de derecho, poner fin a la inmigración ilegal de una vez por todas y ofrecer una oportunidad merecida para que quienes han construido sus vidas aquí salgan de las sombras con dignidad".

El proyecto de 2023, el que no prosperó, estaba dividido en cinco aspectos: seguridad fronteriza; la oportunidad de que los dreamers y tepesianos pudieran ajustar su estatus; mejorar las oportunidades para los trabajadores agrícolas; la creación de una visa para los trabajadores del campo no autorizados; y provisiones para reducir los atascos a través de la modernización del sistema de inmigración.

En materia de seguridad fronteriza, incluía al menos $35,000 millones para mejorar la infraestructura y la tecnología entre y en puertos de entrada. También buscaba una reforma del sistema de asilo, para que la adjudicación de la mayoría de los casos se determinara en la frontera, por oficiales de asilo y dentro de los siguientes 60 días de la llegada, evitando que fueran liberados (fin del 'catch and release'). Aquellos cuyos casos fueran negados, proponía que fueran deportados de forma expedita. Pero también establecía que los oficiales pudieran referir casos complejos a cortes de inmigración y que los inmigrantes quedaran monitoreados con tecnología y se presentaran semanalmente ante una autoridad.

Para este último fin, creaba cinco Campus Humanitarios (HC) en la frontera sur a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para recibir a familias y personas que llegaran solicitando este beneficio.

Además, proponía que se establecieran centros de procesamiento de inmigrantes en América Latina, cinco en total, para que los inmigrantes fueran prechequeados.

Univision Noticias intentó obtener detalles del proyecto de ley que será presentado. Los voceros aseguraron que se conocerán este martes. El presidente Donald Trump suspendió con una orden ejecutiva en enero las solicitudes de asilo en la frontera. Eso generó una caída drástica en los números de detenciones en el borde sur: pasaron de 106,322 en octubre del año fiscal 2025 a 12,452 para mayo.

Sin embargo, a inicios de julio un juez federal bloqueó la aplicación de esta orden ejecutiva, al argumentar que el mandatario se excedió en su autoridad al cerrar la frontera para los solicitantes de asilo. Le dio al gobierno dos semanas para apelar.

El tema de seguridad fronteriza está presente en el nuevo proyecto de ley que se presentará este martes. Allí se conocerá qué contempla este proyecto para encajar con el presupuesto de casi $50,000 millones que contempla para la frontera la megaley de Trump recién aprobada por el Congreso.

Al referirse a los dreamers y algunos beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS), buscaba darles una oportunidad hacia un estatus legal. En el caso de los dreamers, les confería una "residencia condicional permanente" por hasta 10 años. Esta los protegía de la deportación, les permitía trabajar y viajar fuera del país. Para tener acceso a este beneficio tenían que haber vivido de forma continua en Estados Unidos por tres años, haber llegado al país antes de los 18 años y estar cursando y graduarse de secundaria. Podían convertirse en residentes legales permanentes si se graduaban de la universidad, si servían en el Ejército por al menos tres años, si habían estado trabajando por al menos cuatro años.

Y en el caso de los tepesianos, contemplaba que podían acceder a la residencia legal permanente si habían estado en el país al menos por los últimos tres años de forma continua y habían sido elegibles para el TPS para el 8 de marzo de 2021. Esta provisión beneficiaba en ese momento a inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero por la fecha, dejaba por fuera a los venezolanos con TPS, así como a los afganos, haitianos y ucranianos.

Un avance en este punto podría proteger de la deportación a miles de tepesianos de Venezuela, Honduras y Nicaragua, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el fin de estos beneficios en los próximos meses.

El proyecto de ley de Salazar y Escobar proponía además el 'Programa Dignidad', que confería siete años de estatus legal a inmigrantes indocumentados con cinco años de vida continuos en Estados Unidos antes de que la ley se aprobara —nunca se aprobó— si pasaban revisiones de antecedentes criminales, pagaban impuestos que debían, entre otros requisitos. Al término de ese tiempo, algunos podían ser elegibles para la ciudadanía.

Otro de los puntos que contemplaba era la mejora en las oportunidades para los trabajadores del campo. El proyecto de 2023 buscaba crear una visa para que aquellos trabajadores no autorizados en Estados Unidos y que hubieran estado en esa condición durante 180 días en los últimos dos años. Quienes mantuvieran esa visa por ocho años tendrían acceso a la residencia legal permanente.

Una provisión similar a esta es solicitada en este momento al presidente Donald Trump. Esto, como consecuencia de las detenciones en granjas de trabajadores indocumentados en el marco de las redadas migratorias. Sin embargo, aunque ha hablado del tema, el mandatario no ha planteado una propuesta específica sobre cómo proteger a los trabajadores del campo sin estatus legal y con décadas de vida y empleo en Estados Unidos.

Finalmente, el proyecto de 2023 buscaba la modernización del sistema migratorio para "proteger la unidad familiar", reducir los atascos y mejorar las provisiones de empleo. Esto a través de la reducción de la espera para los cupos de visas basadas en familia o empleo, así como un aumento en el número otorgado; de programas para que graduados de doctorados STEM en el país pudieran optar a visar de talento que les permitieran trabajar en Estados Unidos; de la modernización del programa de visas para estudiantes extranjeros y la creación de un coordinador de las agencias de inmigración.