Expulsar a inmigrantes a países que no son los suyos pone en riesgo sus derechos fundamentales, según juristas y expertos

La Corte Suprema permitió, por ahora, retomar la expulsión de inmigrantes indocumentados a países distintos a los de origen, o lo que se llama un 'tercer país'.

Fue una decisión sin firma tras una pedido presentado por el gobierno de Donald Trump en lo que se conoce como el 'expediente de emergencia' del máximo tribunal. Dio luz verde al gobierno para que remueva de forma expedita a inmigrantes indocumentados a 'terceros países' mientras el proceso en torno a la legalidad de las acciones de la administración continúa en los tribunales inferiores.

Según las tres juezas liberales de la Corte Suprema, la decisión constituye una “recompensa a la ilegalidad” con que ha actuado el gobierno. "Esta no es la primera vez que el tribunal cierra los ojos ante un incumplimiento legal, ni, me temo, será la última", esgrimió la magistrada Sonia Sotomayor en una opinión disidente a la que se sumaron sus colegas Elena Kagan y Kentanji Brown Jackson.

Según la opinión disidente, el gobierno ya había actuado en violación de órdenes judiciales claras al trasladar a cuatro inmigrantes a la base naval de Guantánamo y de allí a El Salvador contraviniendo una orden judicial.

Sotomayor también mencionó la expulsión de seis inmigrantes a Sudán del Sur con menos de 16 horas de aviso, negándoles así la posibilidad de contactar a sus abogados o de comparecer ante un tribunal, incumpliendo abiertamente dos órdenes judiciales y en violación a derechos básicos que tienen las personas en Estados Unidos.

La ONU arremete contra las expulsiones de inmigrantes "sin el debido proceso"

De igual manera, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en mayo que las expulsiones a 'terceros países' "plantean serias preocupaciones con respecto a (...) derechos fundamentales tanto para el Derecho estadounidense como para el Derecho Internacional".

De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), dichos derechos fundamentales incluyen “el derecho al debido proceso, la protección contra la detención arbitraria, la igualdad ante la ley y la protección contra la exposición a la tortura u otros daños irreparables en otros Estados”.

Según el comunicado, la OHCHR ha recibido información de familiares y abogados de más de 100 venezolanos que se cree se encuentran detenidos en el CECOT, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde dice que son “tratados con especial dureza, sin acceso a asistencia legal ni a familiares y sin contacto con el mundo exterior”.

“Los informes indican que muchos no fueron informados de la intención del gobierno estadounidense de expulsarlos para que fueran detenidos en un 'tercer país'", explicó el comunicado de la OHCHR. “Muchos no tuvieron acceso a un abogado ni pudieron impugnar la legalidad de su expulsión antes de ser trasladados en avión", agregó.

La expulsión de inmigrantes a Sudán del Sur

En lo que respecta a las expulsiones de inmigrantes a Sudán del Sur, abogados del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, Human Rights First y la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración han destacado que es un “país políticamente inestable en África y uno de los más pobres del mundo”.

El caso comenzó cuando un grupo de inmigrantes indocumentados representados por grupos legales de inmigración presentaron una demanda alegando que las acciones de la administración violaron múltiples leyes federales así como sus derechos constitucionales al debido proceso.

La decisión del juez Brian Murphy, del tribunal federal para el distrito de Massachusetts, estableció reglas a nivel nacional que daban a los inmigrantes señalados para su expulsión una "oportunidad significativa" de alegar judicialmente de que estarían en riesgo de tortura, persecución o muerte si fueran enviados a países con los que la administración ha hecho acuerdos para recibir inmigrantes expulsados.

Esas reglas incluían que los inmigrantes en proceso de remoción debían tener al menos 15 días para impugnar esas remociones y que debían ser sometidos a una entrevista de "miedo creíble" en su idioma materno, para poder impugnar su envío a países de los que no son originarios.

El Departamento de Justicia interpretó la orden de la Corte Suprema como un permiso para deportar inmediatamente a Sudán del Sur a un grupo de ocho inmigrantes retenidos por orden del juez Murphy en una instalación estadounidense en Yibuti, mientras se decide su caso. Pero Murphy entendió que la Corte Suprema había bloqueado solamente su fallo sobre los procedimientos a seguir para llevar a cabo las expulsiones y no la orden de fecha 21 de mayo que impide el traslado de los inmigrantes a la nación africana. Sotomayor concordó con esa interpretación en su opinión disidente.

El procurador general D. John Sauer presentó una moción ante la Corte Suprema solicitando una aclaración de su orden del lunes pasado.

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