La incertidumbre consume a las familias migrantes tras el freno legal al ‘parole in place’: "Pensamos que era nuestra oportunidad"

Familias migrantes que habían acudido a presentar solicitudes para beneficiarse de un plan de alivio migratorio federal impulsado por el presidente Joe Biden, conocido como 'parole in place', ahora se enfrenta a un contexto de “caos e incertidumbre” tras un freno impuesto por la vía judicial.

Luego de que Biden anunció el esquema que busca beneficiar con una vía a la ciudadanía a unos 500,000 inmigrantes que son cónyuges de estadounidenses, políticos y funcionarios republicanos anunciaron que interpondrían recursos para impedir su aplicación. El programa 'parole in place' también busca beneficiar a unos 50,000 jóvenes que son hijos de estas parejas.

Finalmente un juez federal en Texas suspendió temporalmente la implementación del plan tras una demanda colectiva interpuesta por 16 estados gobernados por republicanos.

“No sé qué va a pasar”, dijo el inmigrante Oscar Silva, quien había presentado una solicitud para adherirse al alivio migratorio.

El estudiante universitario de 23 años llegó a Estados Unidos siendo un bebé y vive en Texas con su esposa, Natalie, una ciudadana estadounidense y maestra de escuela secundaria que es la proveedora de la familia. El joven ya había recibido un correo electrónico en el que se le confirmaba la cita para su examen biométrico obligatorio.

Inmigrantes que han quedado en un limbo

Familiares y abogados de inmigración afirman que ya se vive un estado de confusión, incertidumbre y frustración tras la orden del juez de distrito J. Campbell Barker.

Las parejas que ya presentaron su solicitud están en el limbo y las que no lo han hecho deben sopesar la posibilidad de esperar a que se desarrolle el proceso jurídico en la impugnación que interpusieron los republicanos.

Los solicitantes deben pagar una cuota de procesamiento de 580 dólares. Después de la orden de Barker, la Coalición de Inmigrantes de Florida indicó que llamó a las personas a “sopesar sus opciones y tomar la mejor decisión para sus familias en estos momentos”.

La suspensión se produjo en respuesta a la impugnación que presentaron 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, quienes interpusieron una demanda días después de que el programa empezó a aceptar solicitudes el 19 de agosto. La orden, conocida como una suspensión administrativa, estará en vigor por 14 días, pero podría prorrogarse.

Tras la decisión del juzgador federal, Biden criticó la resolución al sostener que impacta a las familias de inmigrantes. “Ese fallo está mal. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente”, dijo en un comunicado la semana pasada.

Los estados demandantes afirman que el programa podría causar un daño irreparable y acusan al gobierno de eludir al Congreso con “descarados fines políticos”. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina es una de las que encabeza la demanda, aplaudió la orden del juez. “Este es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el Estado de derecho”, señaló en un comunicado.

El martes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que el gobierno seguirá aceptando solicitudes y defendiendo el programa ante los tribunales. Cualquier solicitante que haya recibido permiso temporal antes de la orden no se verá afectado, según el departamento.

El DHS no respondió a preguntas sobre cuántas solicitudes se recibieron o aprobaron o cuánto tiempo se tarda en determinar el resultado de un caso en el marco del programa.

"Pensamos que era nuestra oportunidad", cuenta una familia que buscaba beneficiarse del 'parole in place'

Silva y su esposa Natalie revivieron los temores de verse separados. El proceso tradicional para solicitar una tarjeta de residencia puede requerir que los cónyuges que viven sin autorización en el país regresen a su país de origen —a menudo durante años—, siempre con el riesgo de que no se les permita volver a Estados Unidos.

“Pensamos que esta era finalmente nuestra oportunidad de pasar juntos por este proceso sin miedo a la posibilidad de pasar 10 años alejados”, dijo Silva. Ahora, “me siento desconsolado, muy triste... porque sin esto enfrentamos una gran incertidumbre”.

La abogada experta en temas migratorios Laura Flores-Perilla dijo que “realmente no hay nada claro” sobre lo que sucederá con la cita de Silva, programada para el próximo mes. “No puedo subestimar el impacto que está teniendo esta pausa temporal”, dijo Flores-Perilla, abogada para Action Justice Center.

Cientos de solicitantes se encuentran en el limbo legal, coincidieron abogados.

Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de American Immigration Lawyers Association, dijo que había escuchado de abogados afiliados a la asociación de al menos cientos de personas que habían presentado solicitudes desde que el programa se puso en marcha, incluidos algunos que presentaron su solicitud y fueron aprobados al día siguiente.

Los abogados también trataron de apurarse para entender qué la orden significa para sus clientes. Según Chen, el servidor de listas de la organización para los abogados interesados en el programa “colapsó” con preguntas sobre lo que significa la decisión después de que el juez dio a conocer su fallo a última hora del lunes.

A los activistas les preocupan que los cambios, incluso temporales, como resultado de este litigio “provoquen caos e incertidumbre” entre los solicitantes. Chen dijo que ha visto el efecto que han tenido los procesos legales en otros programas migratorios.

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